Agosto 21, 2015.- La OLP nació el 13 de julio con una finalidad clara según el presidente de la República, Nicolás Maduro: “derrotar el paramilitarismo”. Más de 700 personas han sido detenidas, entre ellas, 113 extranjeros.
De forma silenciosa, y durante varias horas, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), llegan con su equipo antimotín, tanquetas y hasta helicópteros policiales a esos sectores catalogados como peligrosos.
12 estados a nivel nacional. Más de 5 mil funcionarios. 931 personas detenidas. 27 bandas desmanteladas. 115 vehículos recuperados y 75 motos. 1 mil 017 armas incautadas. 2 mil 093 municiones de diferentes calibres recuperadas y 52 personas abatidas durante enfrentamientos son parte de las cifras que ha dejado la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP); medida aplicada desde el 13 de julio.
A pesar de los múltiples reportes presentados por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), varias son las preguntas que siguen sin respuesta ante la aplicación del operativo. ¿Algún funcionario policial o militar ha resultado herido o fallecido en el contexto de los operativos?; ¿es otro plan de seguridad?, ¿se respetan los Derechos Humanos (DD HH)?
A mediados del 25 de julio el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que para darle soporte jurídico a la operación aplicaría “leyes habilitantes que serán presentadas a la Asamblea Nacional”. Hasta hora nada de esto ha sido concretado.
“Es otro plan de seguridad. Anunciado con bombos y platillos, pero con sus debilidades igual que los anteriores. Eso no lo admite el Gobierno, ni nadie. Las carencias en los órganos de seguridad siguen. En nuestro caso, en lo que va del año no hemos recibido dotación, imagínate participar en un evento de esa magnitud”, razona un funcionario de la Policía del Estado Bolívar (PEB), que por medidas de seguridad prefiere mantener su nombre en anonimato.
Planes sin éxito
Este no es el primer sistema que aplica el Gobierno Nacional para bajar los índices de homicidios y delincuencia en el país. En 2012 se desarrolló la Misión A Toda Vida Venezuela, teniendo como fin disminuir el índice de delitos por medios de seis vértices: prevención integral, convivencia ciudadana, fortalecimiento de los órganos de seguridad, trasformación de los sistemas de justicia penal y la creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Un año después Nicolás Maduro anunció el Plan Patria Segura, descrito como: “un programa de acciones destinadas a garantizar en todo el territorio nacional la disminución de los índices delictivos, la promoción de la prevención integral de la violencia y la inclusión social para el buen vivir, incrementando la seguridad ciudadana en pro de mejorar la calidad de vida en las comunidades venezolanas con la integración y participación de toda sociedad”.
Aunado a ello el 17 de junio de 2013 fue publicada en Gaceta Oficial N° 40.190 la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, sin embargo fue el 9 de abril de 2014 cuando se publicó en Gaceta Oficial N° 6.129 a través del Decreto 881.
Guayana en la mira
La OLP no fue instalada en el estado Bolívar ni por ser la entidad con la tercera ciudad más violenta del país y la duodécima del mundo, ni porque el 91 por ciento de los homicidios ocurren por armas de fuego. Fueron los disturbios registrados en la avenida Manuel Piar, el pasado 31 de julio -donde falleció un joven de 21 años. Lo que centró las miradas hacia el suroriente del país.
“Ya la orden vino desde arriba, estamos todos alerta de que simplemente se inicien los operativos. No estamos autorizados para hablar mucho sobre eso, solo sé que nos meteremos en las zonas más peligrosas de la ciudad”, comentó un funcionario del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) que también optó por el anonimato.
Según cifras manejadas por Correo del Caroní, la parroquia que registró más crímenes durante los primeros seis meses del año fue Unare con 69, seguido por 11 de Abril, con 42; Chirica, con 36; Dalla Costa, con 34; Simón Bolívar, con 32; Vista al Sol, 29; Pozo Verde, con nueve homicidios; Cachamay, ocho; Yocoima, siete; y por último la parroquia Universidad con seis casos. De los dos restantes no se tienen mayores datos, dada la opacidad informativa en los cuerpos de seguridad.
La madrugada del pasado sábado, 15 de agosto, efectivos de la GNB y Cicpc, dirigidos por el general de Brigada Ricardo Pérez Lugo, perteneciente al Comando de Zona 62, antiguo CORE 8, en Puerto Ordaz, realizaron varios operativos en la parroquia Unare. Hasta ahora no hay balance oficial sobre esta incursión; como tampoco ha habido transparencia sobre las garantías a los Derechos Humanos durante la implementación de estos operativos.
Basta recordar 23 de los capítulos de este plan en todo el país, en los que, según el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha habido detenciones arbitrarias en un 91%. El informe de la ONG explica que, de 4.021 detenidos en 11 estados, solo 368 han sido puestas a la orden del Ministerio Público.
Pero el indicador que más preocupa a los defensores de DD HH y parte de la ciudadanía es la violación al derecho a la vida que pudiera perpetrarse con la OLP por supuestas ejecuciones extrajudiciales.
Si bien es cierto que hasta el 14 de agosto la operación contaba con 52 personas fallecidas durante “enfrentamientos”, según versiones oficiales, lo cierto es que esa misma información no da cuenta de efectivos heridos en estos procedimientos. Si a esto se suma el testimonio de familiares y allegados, quienes aseguran que sus deudos recibieron tiros a quemarropa por parte de los funcionarios.
Con este telón de fondo, atizado por la inseguridad como segundo problema que aqueja a los venezolanos y la cercanía de unas elecciones parlamentarias, queda de parte del Estado hacerse de la transparencia necesaria que garantice el respeto a las garantías fundamentales mientras cumple su función de mantener el orden público y ofrecer seguridad a todos los ciudadanos.
http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/36011-olp-otro-plan-de-seguridad
