Julio 30, 2015.-No hay nada que debilite más a una república, a una nación o Estado que la existencia de una justicia comprometida. La inseguridad jurídica que se genera a partir de la quiebra del poder de juzgar, ha sido la rendija a través de la cual se escapa el Estado de Derecho. El poder de juzgar no puede estar interferido en forma tal que la realización de la justicia se transforme en una comedia.
Entre los derechos fundamentales de los hombres se encuentra la presunción de inocencia. La Declaración Universal, proclamada hace más de medio siglo, incluyó este derecho en el artículo 11, señalando que “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad”. Este derecho humano es aniquilado a diario en Venezuela por los encargados de administrar la justicia y personas dedicadas a las actividades más diversas. La acusación, ya sea que se haga ante la justicia o simplemente en un medio de prensa, que se formule su responsabilidad o sin ella, con ponderación o con escándalo, se ha transformado para muchos ciudadanos venezolanos, sobre todo si son políticos disidentes, en sinónimo de condena firme e inapelable. El juicio público conforme a la ley, con las garantías de defensa, carece de vigencia efectiva si el acusado es condenado de antemano y en forma irreversible por una opinión pública de cuya presión no todos los jueces son capaces de evadirse. Cuando la acusación se identifica con la condena, la pérdida de la honra y de la honorabilidad es definitiva y no hay para el acusado absolución tardía que pueda reintegrársela.
La presunción de inocencia es un derecho de formulación constitucional que implica que toda persona contra la que sea dirigido un proceso- imputado, procesado o acusado- debe ser tenida como inocente a todos los efectos hasta tanto no sea declarada su culpabilidad en sentencia judicial firme, es decir, que solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, podrá el Estado aplicarle una pena o sanción.
Venezuela tiene una penosa tradición de no respetar la presunción de inocencia. En los largos periodos de autoritarismo y de autocracia de su historia, ningún perseguido era inocente. Aunque no hubiera contra él acusación ante la justicia, lo que le hubiera permitido, al menos defenderse de las imputaciones, siempre hubo agentes o servicios de informaciones que se encargaban de difundir las supuestas culpas de los disidentes. En décadas despóticas, cuando se ponía a alguien a disposición del Poder Ejecutivo siempre era por causa de una falsa peligrosidad que se le atribuía. Desde luego que la historia de Venezuela da repetidas vueltas, quienes antes reclamaban derechos hoy los niegan. Una democracia, es por naturaleza el régimen donde se realiza la justicia. Un régimen donde no se realice la justicia, ni es jurídico ni es democrático. La lucha por los derechos humanos nunca ha sido fácil y exige que quienes creen en ella hagan todos los esfuerzos necesarios para velar por el reconocimiento y la vigencia plena de la presunción de inocencia de los acusados mientras no se apruebe la culpabilidad en juicio público con garantías de defensa.
