Marta-Colomina-620x396Julio 26, 2016.-No caben aquí los delitos del gobierno de Maduro, aunque los enumerásemos como aquellas listas del mercado de cuando éramos felices y no lo sabíamos.

Baste repasar las denuncias salidas de parlamentos, gobiernos, ex presidentes, ONG y personalidades del mundo, a las que se unen los maltratados parlamentarios españoles y brasileños que vinieron recientemente al país para visitar a los presos políticos, reclamar que cesen el aislamiento y las torturas; las inhabilitaciones ilegales de opositores (cuyo motivo se atribuye a la desmovilización y rechazo del chavismo a Maduro), a la par que solicitar las condiciones universales que garanticen transparencia y confiabilidad en las elecciones parlamentarias del 6-D, tales como la observación internacional de la OEA, ONU y UE , y no los amigotes del régimen que enmudecen y aplauden el ventajismo oficial.

En el gobierno de Maduro se triplicó el promedio anual de presos políticos, si se compara con su antecesor. Según registran las ONG, en los 15 años de gobierno de Hugo Chávez fueron encarceladas 195 personas por causas políticas. Hasta marzo de 2015, con menos de 2 años en el poder, Maduro ha apresado a otras 96 (El Nacional 02-03-2015). Sordo ante las exigencias de la Internacional Socialista de liberar a los presos políticos y garantizar un Poder Electoral imparcial en los comicios del 6-D; de 28 ex presidentes; de HRW, con pruebas de que Ceballos, López, y Ledezma no cometieron delito alguno; o el voto de censura del Senado de Brasil por la detención arbitraria de opositores en Venezuela; o el del PP Europeo por la misma causa, y el demoledor informe del gobierno de Estados Unidos de junio de este año que considera al régimen de Maduro como “emblema de la corrupción, violación de los derechos humanos, arrestos arbitrarios, y de gobiernos represivos” (1.387 casos de tortura y tratos crueles ha registrado el Foro Penal, que ya está a disposición de la ONU).

El examen hecho en junio en Ginebra por 18 expertos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU para medir el cumplimiento del Gobierno de Venezuela del Pacto Internacional suscrito sobre tales derechos arrojó resultados catastróficos para el régimen. De nada le sirvieron a Nicolás las mentiras sobre la supuesta milmillonaria inversión social con la que pretende ocultar la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes, a pesar de haber recibido más de un billón de dólares de la bonanza petrolera, que se esfumó en corrupción, regalos, armas y populismo electoral. Los 18 relatores de la ONU exigieron datos precisos, nada de discursos, sobre los resultados de las medidas para combatir la pobreza, que expertos calculan podría llegar a 55% este año. Apelaron a cifras de la Celac que desmienten las del gobierno y mostraron su inconformidad por la falta de respuestas del Estado. Tan informada está la ONU que sus relatores hasta preguntan “por qué no hay maíz para las arepas” o “por qué en los hospitales faltan las medicinas y tienen hasta problemas de aguas negras”. Cero respuestas a “¿Por qué no se ha creado un órgano independiente para investigar la corrupción en Venezuela? ¿Cuántos niños hay en situación de calle? ¿Por qué no se han investigado los asesinatos de 218 dirigentes sindicales en 2014? ¿A qué se debe el aumento de la mortalidad materno-infantil? ¿Cómo entender que el régimen diga que apoya una “reforma agraria” si Venezuela importa 70% de los alimentos que consume”, como consecuencia de los “exprópiese”? La ONU no se tragó el cuento de la “guerra económica” para justificar los problemas internos del país. Al pedir la ONU que explicasen lo que entendían por “guerra económica”, el vocero oficial soltó esta perla: “Las manipulaciones que se hacen en los mercados internacionales para que baje el precio del crudo, desestabilizar la moneda nacional y elevar el riesgo país!!!” (sic). Como si la moneda no la desestabilizase el régimen con las montañas de dinero inorgánico que imprime el BCV, el desaforado gasto público, las devaluaciones y la corrupción.

La ONU mostró su alarma por el auge de “colectivos y bandas” y el incremento de la criminalidad: 231.562 homicidios han ocurrido en los últimos 16 años (de los que ahora Maduro culpa cínicamente a la oposición) y 437 ataques de grupos armados oficialistas a manifestaciones pacíficas entre el 12-2 y el 15-4 de 2014. El acoso, prisión y torturas para dirigentes y manifestantes en las protestas ocupan la atención de la ONU, que califica de “alarmantes los 19 casos de tortura reportados en Venezuela” y señala que “no tratar a presos enfermos es una forma de torturarlos”. Varias veces ha pedido la ONU garantizar la independencia del Poder Judicial, cuya entrega a las órdenes de Maduro es obscena. La propia Fiscalía registró en su informe de 2014 que 99% de las denuncias por violaciones a los derechos humanos no llegaron a la fase de juicio .Esta semana el Comité de Derechos Humanos de la ONU dio un lapso de un año al TSJ para “corregir” la provisionalidad de los jueces e insta a que “se le garantice un juicio justo a la jueza Afiuni”, sobre la cual La Fiscal mintió impúdicamente en Ginebra. También esta semana otros relatores de la ONU acusaron a Con el Mazo Dando, presentado en el canal del Estado por Diosdado Cabello, de “desacreditar, intimidar y perseguir” a las ONG que defienden los derechos humanos y ese mismo día la ONU decretó la arbitrariedad de la detención de 337 jóvenes venezolanos que manifestaron pacíficamente en 2014”. Baste decir que, según la ONG WJP, “Venezuela ocupa el último lugar en el Índice de Estado de Derecho 2015”. La ONU ha expresado también de forma reiterada, su alarma sobre los ataques del régimen a la libertad de expresión: en Ginebra asumió una posición crítica por la prohibición de salida del país a 22 directivos de medios.

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