Junio 10, 2015.-Venezuela es ya el segundo país del mundo con más periodistas amenazados o agredidos, solo por detrás de Ucrania, según Reporteros sin Fronteras.
El año pasado se registraron más de 600 violaciones a la libertad de expresión. ‘Censura’ es la palabra más repetida por un gremio y un amplio sector de la sociedad que luchan por no ser silenciados. Estos son los testimonios de quienes la sufren en su propia carne. Así lo escribe César Batiz en un análisis a fondo para Finanzas.com con fotografías de David Maris.
En Venezuela basta con que un funcionario de alto nivel levante el teléfono y diga que tal periodista es incómodo -lo que en buen periodismo se traduce en hacer las preguntas adecuadas, ser persistente y crítico- para que ese profesional se quede sin empleo.
Y eso ocurre en empresas periodísticas que cada día se acercan más al Gobierno. Por eso la versión de portavoces chavistas de que el 80 por ciento de las cadenas de televisión, radios y periódicos están en manos privadas se queda en una máscara cuya pintura se derrite al fuego de la evidencia. Solo entre 2010 y 2014, según el Instituto Prensa y Sociedad-Venezuela (Ipys), 25 medios cambiaron de dueño y también transmutaron a una línea editorial oficialista. Otros dependen de la publicidad oficial, del papel periódico vendido por un ente del Estado o de la concesión de la frecuencia otorgada por un burócrata para seguir trabajando.
Todo indica que la libertad de expresión en Venezuela se halla, en el mejor de los casos, en estado de extremaunción. Estudios de organizaciones venezolanas como Ipys y Espacio Público e internacionales como Freedom House o la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adscrita a la Organización de Estados Americanos caracterizan a la nación gobernada por el presidente Nicolás Maduro como un lugar difícil para acceder a la información y para difundirla.
El último informe de Ipys-Venezuela, correspondiente a 2014, detalla más de 600 violaciones a la libertad de expresión, que comprendieron 295 agresiones físicas contra periodistas y ataques a medios de comunicación, 163 casos de uso abusivo del poder estatal en materia de comunicaciones, 89 limitaciones de acceso a la información pública, 56 casos de censura interna y 39 casos de presiones de directivos que derivaron en censura interna, despidos y renuncias. Al menos el 44 por ciento de estas agresiones fueron cometidas por representantes de los cuerpos de seguridad del Estado, ministerios y organismos gubernamentales.
En medio de la brasa del fuego que desvanece la libertad de expresión se encuentra el periodista venezolano que se refugia en plataformas digitales como Armando.Info, Runrunes, Contrapunto, Poderopedia, El Pitazo, Efecto Cocuyo y Crónica Uno; o en los pocos espacios que quedan en la gran prensa para contar y trascender la muralla de la censura, pese a las dificultades, como las demandas contra periódicos y periodistas, amenazas a la seguridad y medios tradicionales cada vez menos independientes.
Los datos de la persecución
Amenazas. Venezuela es el segundo país del mundo con más periodistas amenazados o agredidos, solo por detrás de Ucrania, según Reporteros sin Fronteras.
Detenciones. Asimismo, Venezuela figura en quinto lugar en la lista de países que registraron mayor número de detenciones de periodistas.
Agresiones. En solo seis meses, la ONG Espacio Público denunció 208 casos de violaciones a la libertad de expresión; entre ellas, 78 agresiones, 68 amenazas, 65 intimidaciones y una muerte.
Héroes. «Ser periodista en Venezuela es un acto de heroísmo», resume Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas. «El Gobierno considera enemigos a quienes hacen su trabajo e intentan revelar la verdad».
Ingrid Bravo Balabú
Informadora de radio, prensa y medios digitales. Despedida de la emisora «por presiones del Gobierno», según denuncian Espacio Público e Ypis. Le ofrecieron hacer tareas de mesa, pero se negó. «Llegué a la emisora como periodista de calle y así voy a salir», dijo.
Cubrió durante doce años la información política para la radio y medios impresos. Pero llegó el día en que quisieron silenciarla y ella prefirió que la despidieran a callarse. Fue el pasado enero y todo sucedió en tres días. «El 25 de enero, la oposición realiza una marcha. En FM Center, me acreditan para cubrirla. Dos días después voy a la rueda de prensa de los expresidentes Andrés Pastrana (Colombia), Sebastián Piñera (Chile) y Felipe Calderón (México). Los mandatarios viajaron a Venezuela para conocer la situación de los presos políticos e intentar hablar con ellos, pero el Gobierno lo impidió. Envié tuits y fotos. Al día siguiente, me llamaron mis jefes inmediatos para decirme que la dirección no estaba conforme con mi cobertura, decían que era muy sesgada». Sin tapujos le anuncian que no pueden tenerla en la calle, que le van a asignar tareas no informativas. La reportera no sale de su asombro. «Si no pueden tenerme en la calle, despídanme», responde. Y eso fue lo que ocurrió.
Su caso fue publicado en Twitter, el canal de información más eficiente para aquellas noticias que los poderosos de Venezuela no quieren que lleguen a la opinión pública. La autocensura está a la orden del día en unos medios ya bastante limitados por la Ley de Responsabilidad de Radio y Televisión (Ley Resorte). «Esa ley impone restricciones para el ejercicio de la profesión. Una tiene que jugar con el lenguaje para informar sin autocensurarse y al mismo tiempo para no infringir la ley», explica la reportera. Y añade que las emisoras son dóciles con el Gobierno por temor a que se les retire la concesión, pues el 70 por ciento tienen vencida la autorización para emitir.
A Bravo Balabú le gustaría informar sobre un Gobierno más justo, que castigue las violaciones de los derechos humanos y combata la impunidad. Mientras llega ese día, desea que la censura no se imponga a causa del miedo, que los periodistas sigan contando historias e intentando dejar una huella que sirva en el futuro para comprender la Venezuela de la era chavista. «Este es el momento para no bajar la cabeza».
Odell López
Reportero de prensa y radio. En el punto de mira de Diosdado Cabello, número dos de Nicolás Maduro, que exigió su despido tras la publicación de unos tuits en defensa de un colega al que Cabello criminalizó en un programa de televisión.
La carrera de Odell López, de 29 años, empezó a torcerse por una pregunta incómoda a un jerarca del chavismo, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y eterno número dos, primero, de Hugo Chávez y, ahora, de Nicolás Maduro.
López, que trabajaba para el diario Últimas Noticias y la cadena de emisoras FM Center, le preguntó a Cabello por la participación de grupos partidarios del Gobierno en unos enfrentamientos con manifestantes de la oposición. El oficial retirado y participante en el golpe militar de 1992 lo increpó por llamarlos ‘oficialistas’, lo que consideró una falta de respeto. Y telefoneó al propietario de las emisoras, Rafael Sarriá, para quejarse.
Cinco meses después, Cabello ya tenía su programa de televisión, donde usa fuentes anónimas, llamadas ‘patriotas cooperantes’, quienes supuestamente le sumi-nistran información de miembros de la oposición, defensores de derechos humanos y periodistas a quienes criminaliza. López escuchó los vituperios contra Hernán Lugo, reportero de El Nacional. Y no pudo contenerse. Pidió respeto para Lugo en las redes sociales. Unos días más tarde, López fue ‘invitado’ a dimitir del diario en el que trabajaba. Se negó a hacerlo y comenzó el tormento, que incluyó un intento de desalojarlo a la fuerza que fue impedido por sus compañeros. Finalmente negoció su salida.
Poco después, uno de sus jefes en la radio le pidió que no firmase sus informaciones. Solo debía enviar sonido y un texto para que lo leyese un locutor… hasta que los ánimos se calmasen. Pero no fue así y Cabello también pidió su cabeza. López terminó presentando su renuncia. Su indemnización fue cancelada. Hoy trabaja en el Diario 2001. Opina, desencantado, que algunos periodistas y ciudadanos creen que hacer preguntas incómodas representa una excepción y no la costumbre de la profesión. «Espero muy poco del periodismo venezolano, aunque no dejaré de informar. Por convicción… Temo al veto definitivo. Mientras tanto, uno va sumando, aunque sea muy poco a poco… No importa que escriba solo para un par de lectores».
Nitu Pérez Osuna
Popular presentadora de televisión y radio. Participó en la fundación de Globovisión, canal del que fue despedida por la nueva dirección. El Gobierno ordenó el cierre de su programa de radio.
Trabajó para Globovisión durante 18 años. El canal fue vendido y poco después Juan Domingo Cordero, uno de los nuevos propietarios, la llamó a su despacho: «Eres una persona muy crítica», le dijo. «¿Cuál es el problema?», preguntó Pérez Osuna. El empresario le contestó que la tendría que despedir. Altiva, dijo: «Hágalo». Casi dos años después sigue sin recibir el pago de sus prestaciones sociales.
Ocurrió así: en marzo de 2013, después de la muerte de Hugo Chávez y en plena campaña presidencial entre Nicolás Maduro y Henrique Capriles, se supo que la empresa Seguros La Vitalicia adquiría el canal de televisión. Recuerda la periodista que, cuando llegó la nueva directiva, la Unidad de Investigación de Globovisión trabajaba en el caso Bandes, un banco estatal cuestionado por los negocios ilícitos de una gerente hoy en manos de la justicia estadounidense. El relato periodístico mencionaba al teniente Alejandro Andrade, exguardaespalda de Chávez, luego tesorero de la nación y ahora un millonario vecino de Bill Gates y Madonna en Wellington (Florida), quien fuera presidente de esa entidad bancaria del Estado.
En una reunión con la cúpula de Globovisión, Pérez Osuna preguntó si la Unidad de Investigación podría seguir con su trabajo. Uno de los nuevos propietarios, Raúl Gorrín, no se anduvo con rodeos: «Andrade no es solo mi amigo, sino que es mi hermano del alma».
A las dos semanas el departamento de investigación fue desmantelado. Casi al mismo tiempo, a ella la llamó Cordero. «En diez segundos se fueron al garete 18 años», rememora.
Interpuso una demanda laboral que no ha prosperado en los tribunales por las influencias de los nuevos dueños del canal, presuntamente vinculados a una mafia que maneja sentencias.
En ese tiempo siguió como columnista de opinión en el diario El Universal, pero en julio de 2014 un grupo empresarial desconocido lo adquirió. Pérez Osuna decidió marcharse. «No podía seguir en un medio donde no se supiera quiénes eran los dueños».
En febrero de este año, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó suspender el programa que Pérez Osuna tenía en Radio Caracas Radio con el argumento de que violaba la Ley de Responsabilidad Social. Hoy publica en medios digitales nacionales e internacionales y ve con preocupación lo que ocurre con los medios venezolanos, en su mayoría convertidos «en instrumentos de propaganda del Gobierno». Pero su vocación siempre ha sido la de ser periodista: «Ahora nos tocó buscar la manera de ejercer nuestra profesión y reconquistar la democracia, porque el periodismo no puede florecer en una dictadura».
Tamoa Calzadilla y David Maris
Tamoa es la voz con más proyección del periodismo independiente en Venezuela. Dirigió un equipo que reveló la implicación de escoltas de un ministro en la muerte de un joven manifestante, un trabajo premiado internacionalmente. Está casada con el fotógrafo David Maris.
Tamoa Calzadilla lleva veinte años ejerciendo. En enero de 2014 era la jefa de Investigación de la Cadena Capriles, perteneciente a un grupo editorial que tres meses atrás había cambiado de dueños. Los nuevos propietarios plantearon un cambio de la línea editorial en favor del oficialismo. La nueva directiva la encabezaba, sin hacerlo público, el banquero próximo al chavismo Víctor Vargas, suegro de Luis Alfonso de Borbón.
Febrero. Dos hombres mueren durante una manifestación en Caracas. La investigación periodística del equipo dirigido por Calzadilla desvela que dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Investigación Nacional dispararon sus armas en el lugar donde murió, de un tiro en la cabeza, uno de los manifestantes, el joven Bassil Da Costa. El trabajo periodístico tumbaba, además, la hipótesis del Gobierno de que a un dirigente chavista, Juancho Montoya, lo había matado la oposición.
Se publica en la edición digital del diario Últimas Noticias, el de mayor tirada de Venezuela; los directivos del diario intentan, sin éxito, retirarla de la web, pero la información ya recorría el mundo. En marzo, Calzadilla se ve obligada a dimitir después de defender ante uno de sus editores una crónica de la periodista Laura Weffer. «Quería que descalificáramos y condenáramos a jóvenes manifestantes llamándolos ‘guarimberos’ (como el Gobierno denomina despectivamente a los opositores)», recuerda.
Publicó una carta sobre las presiones que recibía. Para entonces, el exgobernador David de Lima estaba a la cabeza de la Cadena Capriles. El episodio de censura en Últimas Noticias fue aireado internacionalmente y llevó a Calzadilla a dictar conferencias en Madrid, París y Panamá. Y obtuvo, junto con Laura Weffer, una mención de honor del Premio María Cabott de la Universidad de Columbia (Nueva York). Calzadilla regresó a la actividad profesional como jefa del portal RunRun.es. Dice sentir miedo por el futuro del periodismo y los periodistas en Venezuela, aunque se mantiene firme en sus convicciones. «El periodismo se hace con transparencia o no se hace», afirma.
Su marido, David Maris, es un fotoperiodista con 15 años de experiencia. La corresponsal del diario ABC en Venezuela Ludmila Vinogradof lo contrató para fotografiar a Lilia Tintori, esposa del dirigente político detenido Leopoldo López, a la entrada de una cárcel militar. Unos soldados lo detuvieron y le quitaron su cámara. El comandante del presidio lo informó de que no se la devolverían. Maris denunció el robo inútilmente. Sigue haciendo fotos porque compañeros le prestan sus cámaras, aunque sus encargos han bajado. «Sobrevivo, pero tengo menos energía y paciencia», se lamenta.
Jenny Oropeza
Periodista de radio y medios impresos. Investigó la muerte de una trabajadora de televisión embarazada, fallecida en un tiroteo, hasta averiguar la identidad del presunto homicida, hoy prófugo de la justicia. Él la ha amenazado en las redes sociales.
Periodista de sucesos con 25 años de experiencia, Jenny Oropeza recuerda con nostalgia la camaradería que existía entre la Policía Judicial y los reporteros. Hoy, la situación es diferente. Si un funcionario le pasa información y sus superiores se enteran, puede perder su puesto.Pero Oropeza ama su profesión y es obstinada. «Si no informo, me muero». El año pasado, Oropeza investigaba la muerte de una empleada de televisión, Adriana Urquiola -la intérprete para sordomudos del canal Venevisión-. Urquiola, embarazada de siete meses, bajaba de un autobús cuando un hombre comenzó a disparar contra unos manifestantes de la oposición que cerraban la calle.
La mujer recibió un balazo en la cabeza. Era el 23 de marzo de 2014. «Lancé la caña y pesqué algo grande», relata la periodista, que ese mismo día escribió en su cuenta de Twitter sobre la muerte de la intérprete; una noticia que, sin embargo, fue silenciada por la emisora de televisión en la que trabajaba la víctima. Una fuente le reveló la matrícula del coche del autor del disparo. Y Oropeza recurrió a un amigo policía para identificar al dueño del vehículo, que resultó ser un tal Johnny Bolívar. Era un expresidiario con un amplio historial delictivo: detenido por secuestro y usurpación de identidad y condenado a 25 años de cárcel de los que solo cumplió seis. Logró acogerse a beneficios penitenciarios, a pesar de haber sido el cabecilla más temido de la prisión.
En el momento de tiroteo, Bolívar trabajaba en el equipo de seguridad del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, a las órdenes de la ministra Iris Varela. Y se lo vincula, además, con el exministro de Deportes Antonio El Potro Álvarez. Hoy está en busca y captura internacional, pero sigue en libertad; al parecer, se mueve a sus anchas en la frontera entre Colombia y Venezuela.
La periodista ha recibido amenazas. «Si sigues así, te voy a joder», le escribió Bolívar. Oropeza lo ha denunciado. Y el Ministerio Público se comprometió a darle protección, pero sigue sin escolta. No confía en la justicia venezolana, pero asegura: «Nadie me va a callar».
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