El presidente Barack Obama ordenó el lunes el congelamiento de cuentas y la suspensión de visas de siete funcionarios del régimen de Nicolás Maduro involucrados en las violaciones de los derechos humanos y en actos de corrupción en Venezuela.
La medida —que declara un estado de emergencia nacional producto de “una inusual y extraordinaria” amenaza para la seguridad de Estados Unidos proveniente de Venezuela bloquea las propiedades y cuentas bancarias de algunos de los funcionarios venezolanos que tuvieron una participación directa en la ola represiva emprendida por el régimen contra las manifestaciones estudiantiles del año pasado que dejó al menos 43 muertos y cientos de heridos.
La orden ejecutiva también prohíbe a toda persona o compañía del país norteamericano a sostener relaciones financieras o de negocios con los mencionados funcionarios.
La canciller venezolana Delcy Rodríguez dijo poco después del anuncio de la Casa Blanca que el gobierno venezolano “pronto” dará a conocer su respuesta.
La medida, que también involucra la suspensión de visas estadounidenses, fue emitida contra el Comandante de la Región Central de la Guardia Nacional, el general Antonio José Benavides; el ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Manuel Gregorio Bernal, y el director general del mismo organismo de inteligencia, Gustavo Enrique González López.
Asimismo, entre los sancionados figuran la fiscal general del circuito 20, Katherine Nayarith Haringhton Padrón; el presidente de la Corporación Venezolana de Guyana, Justo José Noguera; el director de la Policía Nacional Bolivariana, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta; y el inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Miguel Alcides Vivas.
En un comunicado emitido tras la emisión de la orden presidencial, la Casa Blanca fustigó el creciente número de violaciones de los derechos humanos cometidos en el país sudamericano, así como el uso del sistema judicial venezolano como instrumento de persecución política.
“Estamos muy preocupados por los esfuerzos del gobierno de Venezuela por escalar la intimidación de sus oponentes políticos. Los problemas de Venezuela no se pueden resolver al criminalizar la disidencia”, declaró la Casa Blanca en el comunicado.
“Hemos llamado al gobierno de Venezuela de forma constante para que libere a aquellos que están encarcelados injustamente, así como para mejorar el clima del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, tales como la libertad de expresión y reuniones pacíficas”, agregó.
El régimen de Maduro, cuya popularidad se encuentra en el suelo producto a raíz de la grave crisis económica por la que atraviesa el país, se ha tornado cada vez más represivo en los últimos meses, arrestando a miles de personas que se han atrevido a salir a las calles a protestar en su contra y encarcelando a dos de los principales dirigentes de la oposición, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el jefe del partido Voluntad Popular, Leopoldo López.
La orden ejecutiva, que hace uso de la ley de sanciones aprobada a finales del año pasado en el Congreso bajo auspicio de legisladores cubanoamericanos, es considerada por observadores como una de las herramientas que podría tener un efecto muy nocivo para el régimen bolivariano, ya que atenta directamente contra uno de sus principales pilares de sustento: el sueño de enriquecimiento de sus generales y de sus máximos dirigentes políticos.
“Las sanciones son el elemento más contundente contra la cleptocracia que hay en Venezuela”, dijo Diego Moya Ocampos, analista para América Latina de IHS Global Insight/IHS Jane’s.
“La hace insostenible, porque crea una situación donde el que acumule mucho poder, el que brille más allá de lo que debe brillar, el que salga a reprimir para defender al gobierno, en vez de salir recompensado, como lo hemos visto en el pasado, simplemente va a quedar expuesto a sanciones”, explicó Moya.
Aun cuando el grueso de las sanciones estuvieron dirigidas a funcionarios venezolanos implicados en la creciente represión, las autoridades en Washington también están evaluando las actividades de altos funcionarios gubernamentales del país petrolero implicados en actos de corrupción, dijeron funcionarios del departamento de Estado.
Estos funcionarios venezolanos “roban importantes recursos del pueblo venezolano”, manifestó el funcionario, que citó datos de la ONG Amnistía Internacional que declara a Venezuela como el país más corrupto de América Latina y uno de los más corruptos del mundo.
En el pronunciamiento que emitió para anunciar las sanciones, la Casa Blanca dijo que el gobierno estadounidense considera como un acto de poca seriedad el recurrente recurso del gobierno bolivariano de tejer “teorías conspirativas” para acusar a líderes de la oposición o a otros países de los problemas que enfrenta internamente.
“Hemos visto muchas veces que el gobierno de Venezuela trata de distraer de sus propias acciones al culpar a los Estados Unidos u otros miembros de la comunidad internacional por los eventos dentro de Venezuela” dijo la Casa Blanca en el comunicado.
“Estos esfuerzos reflejan una falta de seriedad por parte del gobierno de Venezuela para tratar con la situación grave que enfrenta”, agregó.
Estados Unidos impuso en diciembre, y luego en febrero, sanciones similares contra funcionarios venezolanos, pero hasta ahora no había publicado nombres de los afectados.
Como respuesta, Maduro anunció el 28 de febrero la reducción del número de diplomáticos estadounidenses de su embajada en Caracas, la instauración de visas y la prohibición de ingreso al país de un grupo de líderes políticos y legisladores norteamericanos.
Desde Miami, representantes de la comunidad venezolana celebraron la decisión de iniciar el proceso de sanciones y expresaron esperanza de que el presidente Obama próximamente incremente la lista de sancionados.
“Este primer paso después de una larga lucha de aproximadamente 13 meses que no puede detenerse”, indicó en un comunicado Venezuela Awareness, ONG que vela por los derechos humanos en el país sudamericano.
“Aun esperan cientos de nombres que se encuentran bajo investigación para pasar a engrosar la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro. Insistimos […] en solicitar que quienes siguieron órdenes de sus superiores y cuyos nombres ya son manejados por las autoridades estadounidenses, deben ser también sancionados”, agregó la organización.
Siga a Antonio Delgado en Twitter: @DelgadoAntonioM
