Amenazas Haro

03/26/2015 4:57 PM

El régimen de Nicolás Maduro centró inicialmente su atención sobre los estudiantes. Pero ahora que las protestas han sido sofocadas con la violenta represión y el encarcelamiento de los manifestantes, la furia de las autoridades venezolanas se está volcando sobre los abogados de los detenidos y sobre activistas de los derechos humanos, que son amenazados de muerte y con terminar también tras las rejas.

Organizaciones de los derechos humanos están expresando alarma frente al hostigamiento a que están siendo sometidos los activistas en Venezuela. Algunos reciben constantes amenazas de muertes y son acusados públicamente por altos funcionarios del chavismo de formar parte de una conspiración internacional para derrocar a Maduro.

“Venezuela debe dejar de intimidar y de amenazar a los defensores de los derechos humanos que están exponiendo las violaciones y que están buscando la justicia a través de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”, declaró la ONG International Service for Human Rights (ISHR) en un comunicado.

“Estamos profundamente preocupados al escuchar estos actos contra los defensores venezolanos”, manifestó en el comunicado Eleanor Openshaw, portavoz de la ISHR.

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Para los observadores de la situación en Venezuela, el acoso y la persecución de los defensores de los derechos humanos ha ido en aumento en los últimos meses, llegando a niveles que no habían sido vistos previamente en el país.

“Es bien grave lo que está sucediendo”, alertó Patricia Andrade, presidenta de la Fundación Venezuela Awareness en Miami.

“Todo apunta a que el gobierno busca silenciar las denuncias de las violaciones de los derechos humanos, y dejar a los prisioneros políticos en un estado de total indefensión”, agregó.

Venezuela Awareness ha estado recogiendo un número cada vez mayor de denuncias de que los abogados que han salido a defender a muchos de los manifestantes detenidos por el régimen por manifestar en las calles están recibiendo constantes llamadas anónimas amenazándoles de muerte.

Varias de las llamadas intimidatorias han sido realizadas por personas que poseen información personal muy detallada de los activistas, información que para Andrade establece un claro vínculo entre las personas que están realizando las amenazas y los órganos de seguridad del Estado.

“Se trata de información que solamente puede ser manejada por los organismos de seguridad, los aparatos de inteligencia de Venezuela”, dijo.

Y son mensajes que buscan claramente intimidar a quienes están destinados.

En un caso reciente, uno de los abogados acosados recibió fotos de un cadáver con la advertencia de que él pronto correría la misma suerte.

Este tipo de prácticas está dejando a los activistas venezolanos en una situación muy difícil, enfatizó Andrade.

“Muchos están siendo obligados a decidir entre dejar el trabajo que venían realizando o seguir adelante defendiendo a los presos políticos y alzando la voz por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, a costa de poner su vida en peligro, e incluso poner en riesgo las vidas de su familia”, manifestó.

Algunos, incluso, están siendo obligados a tomar el camino del exilio.

Angel Helly fue uno de los abogados que se vio obligado a salir del país por asumir la defensa de un grupo de manifestantes, luego de que su compañero de bufete, Marcelo Crovato, fuese encarcelado por las autoridades bajo acusación de que obraba para desestabilizar al régimen.

Crovato -quien permaneció por meses en la prisión Yare III del estado Miranda, una de las peores cárceles de Venezuela- recibió en febrero una medida de arresto domiciliario luego que quedará en muy mal estado de salud tras sobrevivir a un intento de suicidio.

Pero el único delito de Crovato fue salir en defensa de un grupo de manifestantes, dijo Helly, quien se vio obligado a dejar todo en Venezuela tras también ser acusado de desestabilización.

“Lo que querían era aterrorizarlo, provocar una desbandada de abogados voluntarios que estaban ayudando a los estudiantes, como en efecto ocurrió”, comentó Helly, quien hoy reside en el sur de Florida.

Como ha sucedido en varios de los casos abiertos contra activistas y opositores del régimen, las autoridades chavistas no han presentado pruebas físicas contra Crovato, basando la orden de arresto en testimonios de denominados “patriotas cooperantes”, personas que se muestran dispuestas a brindar testimonios falsos para respaldar las medidas contra los disidentes, explicó Helly.

Las teorías de conspiración son un tema frecuente en el discurso del régimen que a lo largo de los últimos dos años ha denunciado al menos 16 complots para derrocar o asesinar a Maduro.

El discurso está siendo utilizado para acosar a los defensores de los derechos humanos, como ha sido el caso del presidente del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVC), Marco Antonio Ponce.

El activista fue recientemente acusado por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de encabezar una conspiración internacional contra el régimen de Maduro.

Esa acusación generó alarma dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el viernes emitió una medida cautelar por la que insta al gobierno de Venezuela a proteger la vida de Ponce y de otros nueve venezolanos que también están siendo acosados por el chavismo.

En su programa de televisión, Cabello describió a los activistas como agentes de “extrema derecha” y se decía que viajaban a Washington y Miami “para conspirar contra el gobierno de Venezuela”.