El inicio de las detenciones de manifestantes por las protestas de febrero activó a decenas de abogados para evitar violaciones de derechos humanos. Ezequiel Monsalve fue uno de los defensores, y al ocupar el cargo de coordinador regional de derechos humanos por el Foro Penal Venezolano, recuerda no solo el 60% de los casos en los que funcionarios de seguridad infligieron lesiones físicas a los apresados, sino también el conjunto de vejaciones y violaciones al debido proceso de los estudiantes.
“Las audiencias de presentación las llevaban hasta su plazo máximo, los traslados eran repentinos, en algunas oportunidades no les daban información a los familiares”, enlista Monsalve, sin dejar de señalar la siembra de evidencias, sentencias nulas y actas policiales que no guardaban relación entre lo que hacían los manifestantes y lo que imputaba la fiscalía.
Con las protestas que iniciaron el 12 de febrero de este año, inició también la ola de detenciones: al menos unas 158 en el estado Bolívar de acuerdo con las estadísticas del Foro Penal Venezolano, organización que nació precisamente en defensa de aquellas personas detenidas por vinculárseles con hechos de manifestaciones políticas.
Entre el grupo de abogados estuvo Ezequiel Monsalve, también profesor de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), quien relata todas las irregularidades durante el proceso judicial a los detenidos.
“Venezuela pasó por un episodio que ocasionó en su oportunidad muchas irregularidades a nivel de derechos humanos. Cuando surgen las detenciones, muchos abogados colocaron sus servicios de manera gratuita a la causa, porque se estaba percibiendo unas detenciones masivas y no había suficientes profesionales que los apoyaran”, comenta Monsalve, admitiendo que en parte el apoyo también tenía una afinidad con la causa de los estudiantes.
A través de las redes sociales Monsalve se dio a conocer, colocando sus servicios a la orden. Fue así como el movimiento estudiantil comienza a contactarlo. “Inicialmente participé llegando a las detenciones en las que, en su oportunidad, los órganos de seguridad que las practicaban dejaban en libertad a los muchachos inmediatamente. No se abría un proceso como tal. Cuando fue agarrando más intensidad pasamos de unas simples detenciones a un procedimiento judicial bastante complejo”.
El abogado asegura que en ocasiones les era negada la entrada a los recintos para hacer la defensa. Foto William Urdaneta / Archivo
La defensa
Se activa entonces el Foro Penal Venezolano. Inicialmente se hizo una lista de abogados que en su mayoría eran profesores de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA), posteriormente se unieron otros profesionales, cada uno asumiendo una responsabilidad dentro del FPV.
Monsalve quedó a cargo de la coordinación regional de derechos humanos, llevando casos catalogados incluso como lesiones gravísimas, como fractura del pómulo, tabique, cráneo, vejación, tratos crueles, entre otros. “En un 60 por ciento de los casos se dieron lesiones físicas”, precisa.
“Con el foro penal mucho más estructurado, llegábamos rápido a las detenciones, el trabajo se iba facilitando para la defensa. Por otro lado, nos complicaba el ingreso a unos de los comandos porque sabían que íbamos a defender a los muchachos”.
Esto violaba el derecho de todo aprehendido a tener un abogado y que este entrara al centro de reclusión para llevar a cabo la defensa. No obstante, Monsalve destaca que en materia de DD HH, la mayoría se daban al momento de las detenciones. “Al llegar a los comandos, la situación cambiaba y el trato era bueno”, señala, considerando que en parte se debe a la diferencia de formación.
“La Guardia Nacional, a mi parecer, no debería tener funciones de controlar estas manifestaciones porque su formación es militar, están preparados para la guerra no para controlar manifestaciones, y eso se veía cuando las detenciones las practicaba la Guardia Nacional o la Policía del Estado, con sus excepciones. La mayoría de las violaciones de derechos humanos fueron hechas por la GNB. Ellos creen que lo que hacían era culpa de los muchachos, que estaban allí (día y noche impidiendo protestas) por culpa de ellos, pero no es justificativo”.
Las mayorías de las violaciones de DD HH se dieron al momento de las detenciones. Foto William Urdaneta / Archivo
Ensañamiento
Los retardos judiciales de todos los procedimientos penales ordinarios que se dan en el país, no se excluyeron en el caso de los jóvenes, mas “la cereza del postre es el ensañamiento con los estudiantes”. “Las audiencias de presentación las llevaban hasta su plazo máximo, los traslados eran repentinos, en algunas oportunidades no les daban información a los familiares. Le indicábamos a los familiares que su única labor era estar detrás de la patrulla, muchas veces no sabíamos para dónde los llevaban… existían casos que los cambiaban de vehículos para despistar”, agrega.
Entre las tantas irregularidades -asegura- también se incluye el hecho de que la mayoría de las actas policiales no tenían relación entre lo que hacían los protestantes y lo que imputaba la fiscalía.
“Habían errores evidentes de forma y de fondo: siembra de evidencias de interés criminalístico, como bombas molotov, morteros. Me atrevo a decir que un gran porcentaje de estos muchachos cuando los detenían no tenían absolutamente nada… todas las evidencias eran sembradas. De hecho, dentro de los comandos habían cuartos que logramos divisar a distancia, donde existían elementos de interés criminalístico guardados, que de repente pertenecían a otro proceso, pero eran sembrados en el proceso de los chamos”.
En el caso Karimanparú, recuerda fotografías tomadas por los vecinos, donde se muestran efectivos de la GNB sembrando evidencias al día siguiente de la detención. “La cadena de custodia de las pruebas es totalmente violentada, en todas las audiencias hicieron lo mismo”, asevera.
Aún así, prosigue el abogado, los jueces aceptaban todos los alegatos de fiscalía bajo todas esas pruebas que eran viciadas, incluso en algunas audiencias eran contradictorias. Una de las actas policiales -comenta- decía que uno de los jóvenes al momento de su detención corrió con dos gaveras llenas de gasolina, situación que, según la lógica de Monsalve, da a entender que fueron inventadas. Los jueces, asegura, emanaban una sentencia que estaba “más que nula”.
Pese a los calificativos negativos por parte de un sector de la población que no compartía los mismos ideales de la protesta y rechazaban tal defensa, Monsalve aclara que no sufrieron persecuciones, salvo por una ocasión en que funcionarios lo interceptaron para revisar su carro, presumiendo algún vínculo con los activistas de las manifestaciones. Sin embargo, el hecho no pasó de allí. Lo catalogaron como una equivocación.
Mientras tanto la justicia sigue impune frente a inmensa mayoría de violaciones de derechos humanos. Nadie paga por las detenciones arbitrarias, por las lesiones físicas, por el maltrato psicológico, por el forjado de pruebas… no hay rostro culpable por los cargos a partir de la evidencia ficticia. No hay culpables del dolor y la inquina, y el ensañamiento de una justicia que sigue erigiéndose como una Espada de Damocles. Los expedientes, al igual que las páginas de la historia, siguen abiertos a un nuevo capítulo.
