Tres mil 400 detenciones, 41 fallecidos y cientos de heridos y denuncias por violación a los derechos humanos durante las protestas que se desarrollaron entre febrero y junio de este año forman parte del balance político que dejó 2014 en Venezuela.
El resentimiento y la frustración de la sociedad por las desmejoras sociales y económicas que venían acrecentándose desde 2013, desde la muerte del expresidente Hugo Chávez y posterior elección de Nicolás Maduro, fueron claves para aumentar el descontento al iniciar 2014, ante la falta de soluciones frente a los problemas de inseguridad, escasez e inflación.
Luego de las presidenciales del 14 de abril de 2013, y las municipales del 8 de diciembre del mismo año, el liderazgo de Henrique Capriles se vio afectado tras las derrotas electorales. Leopoldo López asumió entonces el protagonismo, de la mano de la diputada de la Asamblea Nacional María Corina Machado, y del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quienes promocionaron La Salida.
El 12 de febrero, Día de la Juventud, fue una fecha significativa en Venezuela. Convocados por los promotores de La Salida y el Movimiento Estudiantil, miles de jóvenes de todo el país salieron a las calles a protestar por un cambio de Gobierno, iniciativa que tuvo el respaldo de gran parte de la sociedad civil, incluyendo Ciudad Guayana, urbe que protagonizó al igual que Caracas, Mérida y San Cristóbal, fuertes enfrentamientos y disturbios.
La respuesta del Gobierno fue intimidación y represión a manos de cuerpos de seguridad del Estado
La represión
Lo que se calificó como un éxito, pronto fue empañado por la muerte de dos personas tras enfrentamientos en Caracas. Una de ellas fue Juan Montoya, miembro del colectivo 23 de Enero. La otra, de Bassil da Costa, estudiante de la Universidad Alejandro Humbolt. El Gobierno responsabilizó a López y a Machado por los hechos violentos.
De allí comenzó una ola represiva y de detenciones en todo el país. En toda Venezuela se registraron al menos tres mil 400 aprehensiones. La cifra de fallecidos aumentó a 41.
El 18 de febrero, acompañado por estudiantes y sociedad civil, López se entregó a las autoridades y fue imputado, posteriormente, por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir. A la fecha, permanece detenido, pese a las recomendaciones y llamados de la ONU y otros organismos internacionales.
El 19 de febrero se dio orden de captura al exgeneral Antonio Rivero, acusado de ser agente encubierto de la CIA, quien desde entonces permanece en la clandestinidad.
Los intentos de diálogo entre el Gobierno y la MUD no pasaron de un solo encuentro sin resultados concretos
El diálogo
Entre la noche del 10 de abril y la madrugada del 11 de abril, el Gobierno y representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) protagonizaron su primer encuentro, cuyo fin era el diálogo para fijar soluciones para el país.
Pese a sentarse en una misma mesa, el intento de diálogo no pasó de un solo encuentro, con apreciaciones positivas y otras negativas de los opositores, quienes alegaban no sentirse representados en la MUD.
Mientras surgían las propuestas de continuar con un diálogo, el Gobierno mantenía su política represora en los reclamos que se extendieron hasta junio. Estas se tornaron violentas, producto de enfrentamientos entre manifestantes y colectivos, así como con cuerpos de seguridad del Estado. Mientras tanto, las barricadas seguían siendo la señal de que la protesta continuaba.
Seguidamente vino el turno de Machado, quien fue expulsada del Parlamento por ser acusada de “traición a la patria”, debido a su participación, el 20 de marzo, en la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), invitada por el Gobierno panameño, que le cedió su derecho de palabra.
Pronto la Fiscalía inició una serie de investigaciones en contra de Machado; luego de acusársele de magnicidio, finalmente se le imputó el delito de conspiración.
A pesar de los momentos críticos, una de las noticias más festejadas en el seno de la oposición fue la medida humanitaria que el 20 de septiembre se le otorgó al excomisario Iván Simonovis, luego de nueve años de prisión.
Cientos de denuncias registran ONG nacionales e internacionales sobre violación de DD HH por parte de funcionarios policiales y militares
Rectores del CNE
Casi finalizando 2014, la Asamblea Nacional se abocó finalmente a la renovación de los rectores del Consejo Nacional Electoral, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y Poder Ciudadano, eventos que no escaparon de las irregularidades constitucionales.
El 22 de diciembre se conoció sobre una interpretación del TSJ sobre el artículo 279 de la Carta Magna que favoreció al Ejecutivo al establecer que la designación del Poder Ciudadano debía ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Fue así como Luisa Ortega Díaz fue ratificada como fiscal general, mientras que Tareck William Saab fue nombrado como defensor del Pueblo y Manuel Galindo como contralor general. Tal interpretación dejó de lado la independencia de los poderes establecida en la Constitución.
La elección de los rectores del CNE no contó con la mayoría calificada y quedó en manos del TSJ, ente que designó a Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Luis Emilio Rondón como rectores principales. Pablo Durán, designado como suplente, declinó a su cargo.
41 fallecidos fue el saldo que dejaron los enfrentamientos entre colectivos y manifestantes, y represiones militares
Tan solo en el estado Bolívar se registraron más de 150 detenciones durante los reclamos. La mayoría cuenta con libertad condicional
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