Hay jueces destituidos entre los 424 aspirantes al TSJ

“Gozar de buena reputación” y de “reconocida honorabilidad”. Estos son dos de los requisitos que el artículo 263 de la Constitución exige a todos los aspirantes al cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). No obstante, entre los 424 candidatos que presentaron sus nombres ante el Comité de Postulaciones Judiciales hay jueces, fiscales e incluso abogados en ejercicio que han sido destituidos, sancionados e incluso sometidos a averiguaciones penales en los últimos años.

Al revisar la lista que hoy publica oficialmente la instancia presidida por el diputado Elvis Amoroso (PSUV-Caracas) se observan jueces que fueron sancionados por la Comisión Judicial del TSJ o por la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial tales como Juan Carlos Cuenca o Maikel Moreno Pérez.

Cuenca fue destituido en 2005 por la Comisión de Funcionamiento de su cargo como juez de Primera Instancia en lo Civil y “de cualquier otro en el Poder Judicial” por considerar que incurrió en un retardo ilegal en una causa. Esta decisión fue respaldada por la Sala Político Administrativa en 2012 y por la Constitucional un año luego.

Por su parte, Moreno perdió su cargo en 2007 por la misma Comisión después de que la Sala Constitucional declarara que incurrió en un “error grave e inexcusable”.

Pero no solo hay exjueces que salieron de sus cargos luego de procesos, sino también exfiscales del Ministerio Público como Gilberto Landaeta, quien en 2006 fue removido y sometido a una averiguación por un presunto allanamiento ilegal a la sede de la Policía de Vargas.

Asimismo en lista hay profesionales del Derecho cuyos currículos no ayudan como el de Jesús Jiménez Loyo, cercano al oficialismo y quien en 2010 ya trató de ser elegido como magistrado, pero no lo consiguió pues en el Consejo Moral Republicano lo excluyeron debido a las averiguaciones penales por porte ilícito de arma, agavillamiento y estafa a los que ha sido sometido.

En la lista también hay funcionarios que están suspendidos como el juez penal, Ángel Zerpa, o que lo estuvieron como Elías Álvarez, quien en febrero pasado logró que el Tribunal Disciplinario Judicial le levantara la sanción, sin goce de sueldo, que le impuso la Comisión Judicial en 2009.

Otros nombres que resaltan son los de las presidentas de los circuitos judiciales penales de Caracas, Zulia y Aragua, Zinnia Briceño, Vilean Meleán o Marjorie Calderón. Esta última fue la que conoció el caso de los comisarios y policías procesados por los sucesos de abril de 2002.

Los jueces Rubén Darío Garcilazo y Esaul José Olivar, quienes desembarcaron en la justicia ordinaria desde la militar luego de la llegada del defenestrado Eladio Aponte Aponte al TSJ, también aspiran a sentarse en el máximo juzgado.

Olivar, teniente coronel (r), en junio de 2008 estuvo a punto de ser destituido por excarcelar a una acusada de homicidio. No obstante, esa medida no se materializó e incluso en abril pasado fue designado como juez de Ejecución en Miranda por la Comisión Judicial.

Con la publicación de la lista hoy se abre el lapso de 15 días para que los ciudadanos puedan impugnar “por escrito y mediante prueba fehaciente” a los aspirantes.

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