El abogado de la Defensa, José Amalio Graterol, aseveró que la tardanza del Tribunal 17, “violenta los derechos fundamentales de la jueza Afiuni” e indica que “el Gobierno no sabe que hacer con el caso”.
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Caracas.- Para el próximo 12 de noviembre la titular del Juzgado 17, Marilda Ríos, fijó la fecha para iniciar el juicio contra la jueza María Lourdes Afiuni, imputada por supuestamente favorecer la huida del exbanquero y empresario Eligio Cedeño, a quien dejó en libertad condicional el 10 de diciembre de 2009 luego de que pasará más de dos años detenido sin haber sido enjuiciado, tal y como ordena el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
La información la suministró el abogado de la Defensa, José Amalio Graterol, quien indicó que la tardanza del Tribunal 17 de Juicio “violenta los derechos fundamentales que tiene Afiuni y cualquier ciudadano para ser sometido a un juicio penal”.
“Esta tardanza lo único que nos indica es que el Gobierno no sabe que hacer con el caso Afiuni”, aseveró el representante legal.
En noviembre de 2013 el juicio fue interrumpido por la magistrada Ríos, alegando la ausencia de los fiscales del Ministerio Público. Convocó nuevamente para el 11 de julio de 2014 (8 meses después), pero también fue aplazado por ausencia de la juez, “vacaciones obligadas”, recordó Graterol. “Lo normal es que si se difiere un juicio, se cumpla con el principio de celeridad procesal y se fije nueva fecha lo antes posible. Para el 12 de noviembre se estarían cumpliendo 10 meses esperando por el juicio”.
Asimismo el abogado condenó que el Juzgado, luego de cuatro años y nueve meses del caso, mantenga a María Lourdes Afiuni con medidas de coerción personal, presentación cada 30 días, prohibición de salida del país, prohibición de hablar a los medios nacionales e internacionales y de escribir en las redes sociales.
“En Venezuela una persona no puede tener medidas de coerción que duren mas de dos años. Una prorroga no puede exceder del límite de la pena más grave que se imputa y en el caso de la doctora Afiuni Mora el delito más grave conlleva una pena de tres a cuatro años. A esta fecha, la magistrada tiene un exceso de 1 año y 11 meses de medida de coerción”, precisó.
Graterol recordó que el juicio que casi culmina en noviembre de 2013, “demostró que quienes cometieron delito en este caso fueron los fiscales y funcionarios que cumplieron una orden constitucional. Afiuni actuó ajustada a derecho”.
Informó, además, que el juicio disciplinario en contra de Afiuni fue fijado para el 11 de noviembre, un día antes del juicio penal. “uno de los dos proceso tendrá que ser diferido”, destacó el abogado.
