12/07/2014 11:55:32 p.m.
Ylián Terán Flores
Tras cinco meses de continuas protestas en Carabobo en rechazo de las políticas aplicadas por el Ejecutivo Nacional y exigiendo una mejor calidad de vida en el país, el Foro Penal Venezolano maneja unos 280 casos de carabobeños -20 menos que la cifra oficial del Ministerio Público-, quienes han sido víctimas de agresiones verbales y físicas por parte de los diferentes órganos de seguridad.
Un total de 11 carabobeños perdieron la vida en las diferentes acciones de calle encabezadas por la sociedad civil. A otros se les violaron sus derechos al ser torturados, golpeados y amenazados por efectivos policiales y militares. El asesinato de Geraldín Moreno Orozco y Génesis Carmona; e incluso el brutal ataque hacia Marvinia Jiménez y Juan Carrasco, son algunos de los casos más conocidos.
Por estos hechos de violencia, solo siete efectivos militares han sido presentados ante los Tribunales de Control del estado Carabobo. Apenas dos fueron privados de libertad por el asesinato de Geraldín Moreno Orozco y permanecen recluidos en el Destacamento 25 de la GNB, en Puerto Cabello; y el Comando Regional Número 2 (Core 2).
Para hablar sobre este tema y ofrecer más detalles, fueron invitados para el Desayuno en la Redacción, Luis Armando Betancourt, abogado del Foro Penal Venezolano; Rosa Orozco, madre de Geraldín Moreno Orozco; y Marvinia Jiménez, agredida por la Guardia del Pueblo.
En representación de Editorial Notitarde estuvieron Laurentzi Odriozola Echegaray, director del periódico; Margarita Jiménez Márquez, miembro de la junta directiva; María Inés Ferrero, gerente de Relaciones Institucionales; el jefe de editores, Humberto Torres; el jefe de cierre, Francisco Briceño; y quien suscribe, Ylián Terán Flores.
“Yo quiero a los 25 GNB presos”
Rosa Orozco recordó que por el asesinato de su hija Geraldín, fueron imputados cuatro efectivos militares de la GNB, Alvin Bonilla, Francisco Caridad Barroso, Paola Barroso y Franklin García. A los dos últimos se les revocó la medida de privativa de libertad por una medida cautelar sustitutiva y presentación cada siete días ante los tribunales.
“La explicación que me dieron es que Barroso y García no fueron los que dispararon, sino que son cómplices. Además, que están en averiguaciones y como están en esa fase no se puede ir a juicio porque hay que seguir investigando. Yo dije que siguieran investigando, porque yo quiero a los 25 GNB presos, porque ellos sabían quién le disparó a Geraldín”, manifestó.
Orozco, quien es licenciada en Relaciones Industriales egresada del Cuam, criticó el hecho de que para el día siguiente del asesinato de su única hija, el jefe del destacamento 24, Frank Díaz Osuna, no actuó de manera correcta, pues opinó que como encargado del comando que atacó en la urbanización Tazajal “tuvo que haber puesto a la orden de la Fiscalía a todos los militares”.
Reprochó además la actuación de los cuerpos de seguridad en cada una de las protestas y concentraciones de calles, ante las agresiones físicas a los manifestantes, por lo que lamentó que jóvenes que se mantienen en la lucha estén detenidos, mientras que los militares, que usan la violencia, no lo estén.
“Esto es una indignación y una falta de respeto. Uno como madre se siente burlada… a mi hija me la mataron y ella estaba parada en la puerta, ella no estaba haciendo nada. Esto es lo que ellos deben ver y es la razón por la cual muchas veces tenemos que protestar. Nosotros no nos podemos callar y si lo hacemos vamos a perder a Venezuela”, sentenció.
Luis Armando Betancourt, abogado de la ONG Foro Penal Venezolano, manifestó que hasta la fecha, ninguno de los casos involucrados con las protestas está en la etapa de juicio. El único caso es el del estudiante Jhon Peña, quien fue imputado por el delito de obstaculización del área pública, resistencia a la autoridad, entre otros.
Más de 280 violaciones de Derechos Humanos en Carabobo
Betancourt señaló que esta ONG ha recibido 286 denuncias de personas que han sido agredidas físicamente y torturadas, así como de los que han sido privados de libertad y con medidas cautelares sustitutivas. “Y en varios de los casos las personas que son víctimas también fueron presentadas ante un Tribunal de Control”, dijo.
“Estos casos han tenido una celeridad anormal y el Ministerio Público ha manejado estos casos para sumar estadísticas, ¿pero, por qué no lo hacen con los demás casos?”, cuestionó el jurista, quien calificó además de vergonzosas, muchas de las acusaciones que, a su juicio, no tienen suficientes elementos.
Detalló que de los casos que manejan, solo siete funcionarios han sido detenidos: Cuatro por el asesinato de Geraldín Moreno Orozco, de los cuales apenas dos fueron privados de libertad; a otros tres por los delitos contra Juan Manuel Carrasco, se les dictó medida cautelar sustitutiva.
Marvinia Jiménez recalcó que seguirán agotando todas las instancias nacionales y de ser necesario, acudirán a organismos internacionales “porque no solo este caso se presta para ello, sino que muchos otros. Existen muchas violaciones de los derechos humanos”.
Ante las constantes agresiones por parte de los cuerpos de seguridad, los afectados decidieron crear el Frente de Víctimas contra la Represión, el cual se convirtió en un espacio para apoyar a las personas agredidas y captar a aquéllos que por temor a ser víctimas de represión, no han denunciado.
Orozco afirmó que una de las aspiraciones es hacer una gira nacional, para captar mucha más información sobre la violación de los derechos humanos, en especial de personas que han sido torturadas por los organismos de seguridad.
Betancourt precisó que en Carabobo, uno de los casos más sonados fue la presunta violación de Juan Manuel Carrasco. “Sobre esto solo hemos escuchado a dos o tres, pero cada uno de ellos, en total 11, tienen algo que contar bien delicado y que cuando lo narran, lo están viviendo de nuevo”.
Apuntó que existen muchos casos donde se deja en evidencia el abuso policial; sin embargo, el jurista lamentó que muchas de las víctimas no se han atrevido a denunciar agresiones que si bien son contadas por la ONG, no pueden ser documentadas. “Para nosotros es importante que los venezolanos sepan qué es lo que está pasando”.
Sin respuesta agresión contra Marvinia
“Josneidy está feliz. Está libre. No la ponen a derecho”, respondió Marvinia Jiménez al preguntarle sobre la funcionaria Josneidy Nayari Castillo, quien fue identificada como la principal autora de la agresión de la que fue víctima el pasado mes de febrero en la urbanización La Isabelica.
Aseguró que esta militar “está siendo protegida por el secretario de seguridad de Carabobo, general Arquímedes Herrera Ruso”, quien pese a tener una orden de captura, hasta la fecha ningún organismo y luego de cinco meses de dicha agresión, la ha arrestado.
“¿Dónde está? No lo sabemos. Incluso, en mi expediente no habían identificado a los militares que también me agredieron. No hay la disposición para que estas personas sean llevadas a juicio o que por lo menos se haga una revisión del caso como debería ser”, acotó.
Sobre este caso, Betancourt comentó que la información que se maneja es que Castillo se encontraba dentro del Core 2 y aunque el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión, es el Tribunal el órgano encargado de su ejecución.
Marvinia Jiménez fue detenida el pasado 24 de febrero en la urbanización La Isabelica cuando se encontraba grabando la actuación de la GNB. Durante su detención, fue golpeada brutalmente por Josneidy Castillo, efectivo de la Guardia del Pueblo, de acuerdo a las fotografías que se publicaron en varios medios de comunicación social.
Dejar a un lado el miedo
“Si denunciamos es mucho lo que hacemos”, puntualizó Jiménez al opinar que sí vale la pena dejar a un lado el miedo de ser amedrentado por los organismos de seguridad, cada vez que los carabobeños deciden salir a la calle y alzar sus voces para exigir un mejor país.
“Lamentablemente, no fui ni la última ni la primera persona en ser agredida, pero yo pienso que denunciando y sacando a los agresores de los comandos, es mucho lo que hacemos, pues se depura el organismo”, acotó esta profesional en Diseño Gráfico.
Por su parte, Rosa Orozco se mostró confiada al afirmar que los 25 militares de la GNB que estuvieron presentes el día en que su hija Geraldín recibió un disparo de perdigón en el rostro, cuando se encontraba en la entrada de su edificio en la urbanización Tazajal, serán juzgados y finalmente, habrá justicia por su hija de 23 años.
“Esto le puede suceder a cualquier joven. Por eso hay que denunciar, por eso hay que seguir en la calle manifestando, porque no podemos seguir permitiendo que te sigan violando tus derechos, derechos que son adquiridos porque yo soy venezolana y por eso me tienen que respetar”, sentenció Orozco.
Con lágrimas en sus ojos, esta madre afirmó que, pese a perder lo más querido que tiene, su hija Geraldín, siente que la lucha emprendida por la sociedad civil desde el pasado mes de febrero, vale la pena. “Hay que seguir luchando porque me di cuenta que mi país vale la pena”.
“Nosotros venimos trabajando por esas víctimas que no se cansan, que están allí siempre y que dan apoyo a otras víctimas. Nosotros no podemos decaer, nunca. Por eso estamos aquí”, añadió el representante del Foro Penal Venezolano.
Orozco: “Seguiremos apoyando a las víctimas”
Rosa Orozco insistió en que los objetivos del Frente de Víctimas contra la Represión, más allá de elevar estas denuncias a instancias internacionales, es seguir apoyando a todas las personas que han sido víctimas de agresiones en estos últimos seis meses.
“Todas las víctimas que encontremos, allí estaremos nosotros. Esto se tiene que acabar, porque esto no debe durar mucho más tiempo. Seguiremos allí”, agregó.
Mientras que acabar con la impunidad fue la meta que se trazó Marvinia Jiménez. “Siempre se habla de la víctima, pero nunca del funcionario que agrede y es raro cuando se encuentra una fotografía o un nombre, lo cual es un completo secreto. Si se divulga mi nombre, ¿por qué no podemos hacerlo con esos funcionarios? Esto también lo queremos trabajar”.
Insistió en que es necesario conocer los nombres de las personas que, de una u otra manera, se han encargado de reprimir las manifestaciones que se han venido realizado en el país. Aseguró que en muchos de los expedientes no sale reflejado el nombre del funcionario agresor “y eso no debe ser así. Ese nombre tiene que aparecer”.
Orozco acotó que este frente no es solo para apoyar a las víctimas de la represión, sino también víctimas de la delincuencia común que, como expresó, ha ocasionado la muerte de miles de venezolanos en los últimos años, quienes caen abatidos por la inseguridad del país.
“Creemos en la justicia”
A pesar de los contratiempos y dificultades que se han presentado en cada uno de los casos de violación de los derechos humanos de los carabobeños, este grupo enfatizó que creen y están convencidos de que obtendrán justicia por cada uno de estos casos.
“No sé cómo obtendremos esa justicia. Yo no soy abogado, yo lo que soy es mamá, pero estoy segura de que sí va a llegar, porque yo lo voy a exigir, como sea lo voy a exigir. Una madre puede hacer mucho”, sentenció Rosa Orozco.
Por su parte, el abogado del Foro Penal Venezolano no descartó la justicia, bien sea en el país o en instancias internacionales, por lo que se mostró seguro al ratificar que obtendrán justicia por cada uno de los delitos que se han cometido en la nación en los últimos meses.
“En otro momento, quizás en algunos casos, ya en seis meses tuviésemos a alguien condenado, sin embargo, el retraso procesal y siendo el caso como es, hablando por el de Geraldín, no sabemos qué se vaya a presentar en el camino, quizás pudiera demorar año o año y medio el juicio”, acotó.
El jurista insistió que lo correcto sería que las personas detenidas por este caso admitan los hechos, culminando el proceso judicial en menos de 30 días. “Lo más serio es que admitan los hechos y no vayamos a juicio, pero quién sabe qué puede pasar”.
En cuanto a las actuaciones del Ministerio Público, Betancourt opinó que duda que la Fiscalía quiera ser cómplice de violaciones graves a los derechos humanos “ellos saben que con eso no se juega”; mientras que Orozco manifestó que los fiscales les garantizaron que ellos sí harán su trabajo “y siempre me lo repiten, por lo que espero que cumplan con su palabra”.
Ventana
Tres mil 210 detenidos por protestar
Desde el pasado mes de febrero, un total de tres mil 210 personas fueron detenidas por consecuencia de las protestas y manifestaciones registradas a lo largo del territorio nacional, según las últimas cifras manejadas por el Foro Penal Venezolano.
De ese número, solo a 340 se les otorgó la libertad plena, mientras que el resto tienen procesos pendientes y libertad con medidas cautelares.
Alfredo Romero, director ejecutivo de esta ONG, detalló que actualmente 101 personas, entre ellos 44 estudiantes, se encuentran privados de libertad. Precisó que 33 son del estado Miranda; 20 en el Distrito Capital; 13 en Táchira y 1 en Carabobo.
“Lo que nos ha preocupado es si la detención ha sido realmente con sustento o son un esquema de criminalización de la protesta a los efectos de detener a cualquiera que protesta, por lo que hemos considerado que la gran mayoría de los casos ha sido sin sustento”, manifestó.
Romero mencionó además que en los últimos cinco meses, 44 personas, entre civiles y militares, perdieron la vida en diferentes acciones de calle. Aseguró que no manejan una cifra de las personas que han sido detenidas o investigadas por las mismas.
“El Estado debe resolver casos de tortura”
El Foro Penal Venezolano ha registrado 157 casos de tortura y maltrato, que han sido formalmente denunciados ante diferentes órganos y comprenden abuso sexual, descargas eléctricas, humillación contra mujeres, golpes y fracturas, entre otros.
Romero destacó que entre estos casos, donde la aplicación de la tortura llevó a un homicidio, está el de Geraldín Moreno Orozco. “En ese sentido, el encubridor es responsable de la misma manera que el autor material, por lo que allí hay que investigar no solo a los que cometieron el crimen sino a todos aquéllos que lo encubrieron o que observándolo, nunca lo denunciaron y puede incluir a otros funcionarios que participaron en ese momento en la manifestación”.
El Director Ejecutivo de esta ONG consideró que los casos de tortura, tratos crueles y homicidios deben ser resueltos, por lo que enfatizó que es una responsabilidad del Estado resolverlos “porque eso es precisamente lo que le otorga la paz social a la población y lo que calma la incredulidad que existe en el sistema de justicia venezolana”.
Sin embargo, admitió que se ha visto con preocupación que de alguna manera anticipada y sin considerar reportes e informes y las denuncias de organizaciones de derechos humanos, Fiscalía y Defensoría del Pueblo, muchos representantes del Gobierno Nacional niegan que existan casos de torturas y tratos crueles e inhumanos, lo que conlleva a que se establezca un esquema de presión del Gobierno Nacional, para evitar que la investigación se lleve a cabo.
“Es el momento de empezar a parar este crimen de gran gravedad y una situación que puede ser ejemplar para ello es precisamente llevar a cabo las investigaciones necesarias en los casos que han ocurrido recientemente. Pero no solo deben evitarse esos casos, sino que también se le debe permitir al pueblo que de alguna manera, sin temor, pueda denunciar una tortura”, concluyó Alfredo Romero.
http://www.notitarde.com/Desayuno-en-la-Redaccion/Solo-dos-funcionarios-estan-presos-por-286-violaciones-a-DDHH-en-Carabobo-/2014/07/12/338716
