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Bassil Alejandro Dacosta (24), quien recibió un tiro en la cabeza.

José Ramón Perdomo señalado como el autor material será el único juzgado en prisión

El titular del Tribunal 48 de Control, juez Nelson Moncada, decidió que siete de los ocho funcionarios imputados por el asesinato del joven de 24 años, Bassil Alejandro Da Costa Frías, pasen a juicio con régimen de presentación cada ocho días.


ALICIA DE LA ROSA |  EL UNIVERSAL

martes 17 de junio de 2014  08:49 PM

Caracas.- El titular del Tribunal 48 de Control, Nelson Moncada, decidió que siete de los 8 funcionarios acusados por el asesinato del joven de 24 años, Bassil Alejandro Da Costa Frías, quien recibió un disparo en la cabeza que le cegó la vida cuando participaba de la manifestación del 12 de febrero en la esquina de Tracabordo, pasen a juicio bajo régimen de presentación cada 8 días, mientras que el autor material del hecho, José Perdomo Camacho, se quedará en prisión.

La información la suministró el abogado de la Fundación para los Derechos y la Equidad Ciudadana (Fundeci) y representante legal de Jeneth Frías, madre de Da Costa, Joel García, quien indicó que el juez Moncada “admitió la acusación, los medios de pruebas en su totalidad y ordenó el pase a juicio”. Además, “concedió medida cautelar sustitutiva de libertad con presentación cada 8 días para siete de los acusados, mientras que al presunto autor material del hecho se le ratificó la medida privativa de libertad”.

La audiencia prevista para iniciar a las 10:00 de la mañana, comenzó este martes a las 2:00 de la tarde con la intervención de los abogados de la defensa de los funcionarios del Sebin, José Perdomo Camacho (autor material del hecho), Manuel Pérez, Edgardo Lara Gómez, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez, Josner Márquez; un efectivo de la PNB, Andry Jaspe y un sargento del Ejército, Jonathan Rodríguez,  quienes “expusieron sus alegatos”.

García indicó que todos los funcionarios pasaron a juicio imputados por los delitos de quebrantamiento de principios y acuerdos internacionales que según el Código Penal Venezolano en su artículo 155, numeral 3, establece sanciones de 1 a 4 años de cárcel y el uso indebido de armas orgánicas que establece en el artículo 115 de la Ley de Desarme y Municiones, debe pagarse con cárcel de 6 a 8 años.

El abogado penalista señaló que a José Ramón Perdomo Camacho, además de los delitos de quebrantamiento de principios internacionales y de uso indebido de armas orgánicas, se le imputó el delito de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos innobles en grado de autor que según el Código Penal en su artículo 406, establece pena de 20 a 26 años de cárcel.

Perdomo Camacho fue sobreseído del caso de Juan Montoya (40), quien recibió un tiro en la cabeza y uno en el pecho y cayó en la esquina de Candilito también el 12 de febrero. Llama la atención, la petición de la Fiscalía en un caso donde hay fallecidos y la pena máxima está dentro de los límites que establece el Código Orgánico Procesal Penal para solicitar el enjuiciamiento de los acusados tras las rejas.

García indicó que el juez decidió el “sobreseimiento para los otros siete funcionarios en cuanto a los delitos de asociación  para delinquir y obstaculización a la justicia”.

La abogada y directora de Fundeci, Elenis Rodríguez, comentó que el Ministerio Público “se vio obligado a cambiar de criterio y solicitar las medidas cautelares para estos funcionarios, debido a que sus abogados exigieron el mismo trato que se le dio al ciudadano José Miguel Domínguez Ramírez, alias “Miguelito”, asistente de Freddy Bernal, quien se encontraba prófugo de la justicia y en fecha 13 de mayo se puso a derecho”.

“Domínguez estaba imputado por los mismos delitos que los 8 funcionarios. El Ministerio Público solicitó su libertad sin restricciones y el Tribunal se la otorgó al punto que ni siquiera aparece mencionado en la acusación”, precisó Rodríguez.

 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/protestas-en-venezuela/140617/tribunal-ratifica-privativa-contra-acusado-de-la-muerte-de-bassil-da-c

Madre de Bassil Da Costa: Que pague quien mató a mi hijo

Tribunal decide hoy si admite acusación contra efectivos del Sebin, PNB y Ejército.

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El joven de 24 años, Bassil Da Costa, recibió un disparo en la cabeza en las manifestaciones del 12F
ALICIA DE LA ROSA |  EL UNIVERSAL
martes 17 de junio de 2014  06:56 AM

Jeneth Frías, madre de Bassil Alejandro Da Costa (24), quien falleció de un disparo en la cabeza el pasado 12 de febrero en la esquina de Tracabordo, aspira a que los culpables de la muerte de su hijo lleguen a juicio. “Quiero que la verdad salga y tengo fe en que se hará justicia”, dijo.

Los 8 efectivos de seguridad, imputados por el asesinato de Da Costa, se enfrentan de nuevo hoy a la justicia. En esta oportunidad, el titular del Tribunal 48 de Control, Nelson Moncada, decidirá si admite la acusación y llama a juicio o desestima para sobreseer.

“El juez Moncada debe tomar la decisión: o admitir la acusación y las pruebas, total o parcialmente, para ir a juicio, manteniendo las privativas; o desestimarla. Estaríamos en presencia del sobreseimiento y, por lo tanto, de la liberación”, precisó el representante legal de Frías, abogado Joel García.

El también miembro de la Fundación por los Derechos y la Equidad Ciudadana (Fundeci), quien comparte la representación legal con lo abogados Elenis Rodríguez y Carlos Aponte, indicó que en la audiencia que está prevista comience a las 10:00 am, las defensas de los funcionarios del Sebin, José Perdomo Camacho (autor material del hecho), Manuel Pérez, Edgardo Lara Gómez, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez, Josner Márquez; un efectivo de la PNB, Andry Jaspe y un sargento del Ejército, Jonathan Rodríguez, “esgriman sus argumentos de excepciones, es decir cuestionen la acusación”.

“En la audiencia del 11 de junio, el Ministerio Público presentó la acusación a la cual nos adherimos los abogados de Fundeci. Además, se le dio la palabra a todos los imputados, de los cuales Perdomo se exculpó de los hechos y dijo que él llegó cuando ya Da Costa estaba muerto y los otros se acogieron al precepto constitucional que establece: ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma”, explicó García.

Posibilidad de admitir hechos 

La madre de Da Costa es tajante al referirse a quien está siendo imputado como autor material. “Quiero que pague quien verdaderamente mató a mi hijo, no que se acuse a personas inocentes y los pongan a pagar culpas que no tienen. Lo que quiero es una justicia justa”.

García destacó que está latente la posibilidad que siete de los ocho efectivos, admitan los hechos y se declaren culpables. “Varios de la defensa han asomado esa posibilidad, situación a la que no nos oponemos pero lo que si no vamos a permitir es la suspensión temporal del proceso porque estamos en presencia de delitos de violación a los derechos humanos”.

Por su parte, la directora de Fundeci, Elenis Rodríguez, espera que se ratifiquen los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía, al autor material; quebrantamientos de pactos internacionales y uso indebido de armas orgánicas a los 8 funcionarios.

Señaló que la Fiscalía argumentó que la policía fue la que desencadenó todos estos hechos. “Sería un mal precedente para la justicia que se deje en libertad a estos funcionarios”. Asimismo, informó que en el expediente se promovió 50 pruebas. “Desde Fundeci no queremos ni persecución ni ensañamiento, solo exigimos justicia”.

Rodríguez indicó, además, que el Ministerio Público recalcó que Da Costa no tenía antecedentes penales y que los jóvenes que manifestaban con él “no tenían ningún elemento que pudiese decirse que estaban ellos incurriendo en hechos violentos”.

Da Costa era el único hijo varón y cabeza de la familia. “Mis dos hijas y yo quedamos desamparadas porque alguien le quitó la vida por el solo hecho de alzar su voz y apoyar la causa de los jóvenes”, expresó Frías.

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140617/madre-de-bassil-da-costa-que-pague-quien-mato-a-mi-hijo

Fiscalía solicita medidas cautelares para efectivos del caso Da Costa

El titular del Tribunal 48 de Control, Nelson Moncada, pidió un receso de una hora para tomar la decisión, informó Elenis Rodríguez, quien es la representante legal de Jeneth Frías, madre de Bassil Da Costa.

 

ALICIA DE LA ROSA |  EL UNIVERSAL
martes 17 de junio de 2014  06:41 PM

Caracas.- El Ministerio Público solicitó medidas cautelares para 7 de los 8 funcionarios involucrados en el asesinato del joven de 24 años, Bassil Alejandro Da Costa Frías, quien recibió un disparo en la cabeza que le cegó la vida cuando participaba de la manifestación de los estudiantes el pasado 12 de febrero en la esquina de Tracabordo.

La información la suministró la abogada de Fundeci y representante legal de Jeneth Frías, madre de Da Costa, Elenis Rodríguez, quien indicó que el Ministerio Público solicitó el derecho de palabra al Tribunal “para cambiar de criterio y solicitar medidas cautelare para siete de los 8 funcionarios”. El juez 48 de Control, Nelson Moncada, pidió una hora de receso para decidir sobre la causa.

La audiencia prevista para iniciar a las 10:00 de la mañana, comenzó hoy a las 2:00 de la tarde, donde las defensas de los funcionarios del Sebin, José Perdomo Camacho (autor material del hecho), Manuel Pérez, Edgardo Lara Gómez, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez, Josner Márquez; un efectivo de la PNB, Andry Jaspe y un sargento del Ejército, Jonathan Rodríguez, “expusieron sus alegatos”.

“El juez Moncada debe tomar la decisión: o admitir la acusación y las pruebas, total o parcialmente, para ir a juicio, manteniendo las privativas; o desestimarla. Estaríamos en presencia del sobreseimiento y, por lo tanto, de la liberación”, dijo este lunes el abogado Joel García a El Universal, quien comparte la representación legal de la víctima con Rodríguez y Carlos Aponte.

El funcionario José Perdomo Camacho, autor material del hecho, está imputado por el delito de homicidio intencional calificado con alevosía que según el Código Penal Venezolano en su artículo 406, establece pena de 20 a 26 años de cárcel.

Mientras que los otros siete funcionarios están imputados por los delitos de quebrantamientos de pactos y acuerdos internacionales que también en el Código Penal establece sanciones de 1 a 4 años de cárcel (articulo 155, numeral 3) y uso indebido de armas orgánicas, según la Ley de Desarme y Municiones, debe pagarse con cárcel de 6 a 8 años (articulo 115)

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/protestas-en-venezuela/140617/fiscalia-solicita-medidas-cautelares-para-efectivos-del-caso-da-costa