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Buscando sacar provecho político, el Gobierno se ha apresurado en achacar responsabilidades en hechos trágicos en los que luego ha quedado en evidencia la falsedad de sus acusaciones. Por Oscar Medina
A las 3 de la tarde la marcha había culminado y los dirigentes políticos y estudiantiles que participaron ya no estaban frente a la Fiscalía. Pero un grupo de jóvenes decidió manifestar su descontento y frustración. Otros buscaban espacios hacia La Candelaria. Allí fue donde cayó muerto Bassil Da Costa, de 24 años: un disparo a la cabeza. Y la protesta derivó en desmadre.
Esa misma tarde y en el marco de los mismos acontecimientos, otro balazo ya le había quitado la vida a Juan Montoya. Mejor conocido como Juancho, Montoya era miembro del Secretariado del 23 de Enero, estuvo en las filas del grupo Carapaica y era oficial de la Policía de Caracas. Al anunciar su muerte desde un acto en La Victoria, Diosdado Cabello dijo -poco antes de las 4 de la tarde- que detrás de esa violencia del día estaba “el imperialismo norteamericano que quiere poner sus garras en Venezuela”.
Y dijo más el presidente de la AN: “¿Hasta cuándo el fascismo? Estos asesinos fascistas que llamaron a la violencia. ¿Hasta cuándo? Son asesinos, son fascistas y se esconden bajo las faldas del imperio norteamericano”. Dijo además que “esto es una provocación de la derecha” y que a Montoya “lo estaban cazando”, “un hermano de lucha caído por el fascismo”.
“Hoy fueron y asesinaron a este compatriota”, aseguró Cabello haciendo referencia a quienes llama líderes fascistas de la derecha. Y pidió confianza a los grupos del 23 de Enero porque los responsables iban a caer muy pronto.
Así como -a su manera- el presidente de la Asamblea Nacional culpó a la oposición por el asesinato de Montoya, la misma noche del miércoles 12 el Ministerio Público solicitó que se detuviera a Leopoldo López -ex alcalde de Chacao y uno de los convocantes de lo que han llamado “La Salida”-, cosa que fue aprobada de inmediato por un tribunal de control de Caracas.
A López lo procesarían -según la orden de ese día- por asociación para delinquir, instigación a delinquir, intimidación pública, incendio a edificio público, daños a la propiedad pública, lesiones graves, homicidio y terrorismo.
Es decir, López debía ser responsable de los dos homicidios ocurridos ese día.
Pero la noche del domingo 16, el propio Nicolás Maduro contradijo la versión de Cabello: “Las investigaciones están muy avanzadas. Las dirige la Fiscalía y el Cicpc y bueno, se establecerá la verdad. Había un grupo de funcionarios del Sebin que incumplieron directamente las ordenes del director del Sebin de acuartelarse ese día. Eran las órdenes que tenían. Las únicas policías y funcionarios que debían estar en las calles, conteniendo eran la Policía Nacional y la Guardia Nacional”.
Ese fue el día en que la unidad de investigaciones del diario Ultimas Noticiaspublicó un trabajo -en texto y video- en el que analizaron fotografías y videos y que logra despejar toda duda: el 12 de febrero agentes policiales uniformados y de civil dispararon armas de fuego contra los manifestantes en La Candelaria.
El 23 de febrero El Universal informó que había cinco personas detenidas vinculadas al asesinato de Dacosta, entre ellas Jonathan José Rodríguez Duarte, a quien le encontraron varias pistolas y “carnet del Ejército venezolano con su nombre; credencial del despacho del Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz a su nombre, con el cargo de Asistente del ministro, con fecha de vencimiento del 26-08-2015 y tres portes de arma emitidos por la Dirección de Armas y Explosivos”.
Otro de los detenidos era Andry Joswa Jaspe López, también con armas y otros elementos interesantes: “carnet de la PNB con la jerarquía de oficial y otro del despacho del Ministerio de Relaciones Interiores, que lo acredita como escolta del ministro Miguel Rodríguez Torres, con fecha de vencimiento del 11-09-2014”.
El día 28 de marzo El Universal reseñó un documento del Cicpc en el que se señalaba a José Ramón Perdomo Camacho, funcionario del Sebin, como el autor de los disparos que mataron, primero a Montoya y minutos después a Dacosta. Otros cinco agentes del Sebin fueron imputados.
A Leopoldo López, por supuesto, le retiraron el cargo de homicidio a la hora de las imputaciones.
El sicario que no era tal
El lunes 24 de febrero Diosdado Cabello ensayó un gesto de pesar. Fue en su programa de televisión “Con el mazo dando” donde anunció que tenía que decir algo muy delicado y que debía hacerlo “por la patria”.
“Es triste, pero estoy obligado hacerlo”, advirtió.
La noticia que dio Cabello ese día era que José Alejandro Márquez, un ingeniero detenido por la Guardia Nacional en medio de protestas no era un opositor cualquiera: según el presidente de la Asamblea Nacional, el detenido era un sicario contratado por la oposición para atentar contra la vida de Nicolás Maduro.
“Este señor fue contratado y lo asesinaron ellos mismos porque no cumplió con el trabajo. Lo mataron ellos mismos, cargados de odio”, dijo mirando a cámara.
Por supuesto, Cabello tenía pruebas contundentes: unas fotos de Márquez con ropa de camuflaje y con un arma en la mano.
Márquez había fallecido el día anterior tras pasar varios días en coma. Sus familiares, otros testigos y hasta un video cuentan una historia diferente a la del dirigente del Psuv.
En la noche del 19 de febrero, Márquez salió de su casa con la intención de grabar con su celular la protesta que en ese momento se desarrollaba en las inmediaciones de la esquina de Candilito, en La Candelaria.
En esas estaba cuando a la avenida Urdaneta llegó un grupo de la Guardia Nacional que comenzó a disparar perdigones contra los manifestantes. Y por alguna razón decidieron que no querían que quedara registro de las acciones y abordaron a Márquez exigiendo que les entregara el teléfono. Uno de los guardias, dicen reseñas del caso, le amenazó con un arma. Y al ver que se aproximaban otros, Márquez decidió echar a correr. Una irregularidad en la acera le hizo caer y darse un duro golpe en la cabeza.
Aquí el detalle importa: en la parte delantera de la cabeza. De frente y del lado derecho fue el golpe, dijo su hermana Nancy: “pero en la tomografía se precisa una fractura de cráneo en la parte trasera, más inflamación del cerebro”.
Al caer, los guardias le quitaron el teléfono. Lo golpearon y se lo llevaron. Al hospital Vargas llegó con el traumatismo craneoencefálico que describió su hermana. Algunas versiones indican que los guardias lo golpearon incluso en el hospital.
Posteriormente, tras dar con su paradero, la familia lo trasladó al Centro Médico de San Bernardino y allí le detectaron un edema. El 22 declararon la muerte cerebral y sus familiares insistieron en que Márquez fue golpeado por los guardias hasta causarle la fractura en el cráneo. “Fueron cuatro los que lo agarraron como un saco de papas. Lo único que pido es que esos desgraciados paguen con cárcel”, le dijo su papá, Ernesto José Márquez, a El Universal.
La tesis del terrorista difundida por Cabello se fue al traste ante una simple revisión de sus “pruebas”.
Las fotos presentadas en su programa fueron copiadas del Facebook de Márquez y el arma que sostenía era una pistola deportiva de una práctica llamada airsoft a la que Márquez era aficionado. Hasta la Federación Venezolana de Airsoft hizo público su respaldo a Márquez a través de una carta publicada en Ultimas Noticias.
En el Foro Penal, además, aseguran tener pruebas de que Márquez fue golpeado durante y tras su detención: eso se llama tortura.
Se supone que siete guardias nacionales estarían siendo investigados por esta muerte.
Es culpa tuya, culpa tuya
En la cuenta de tuiter de Francisco Garcés no hay un solo tuit del día 23 de marzo. Su línea de tiempo salta del 22 al 24. Y no deja de ser curiosa esa falta porque el 23 fue la fecha del asesinato de Adriana Urquiola -28 años, embarazada- en el sector Los Nuevos Teques. Cualquiera que haya estado atento esa noche a la cuenta de Garcés tendrá la impresión de unos comentarios dirigidos a responsabilizar al gobernador Henrique Capriles por la violencia de esa jornada. Pero como ya no se ven, hay que dejarlo en ese punto: en una impresión.
En la cuenta de Elías Jaua sí permanecen varios tuits lanzados al momento. Este es uno: “El pueblo tequeño,rechaza esta muerte,que se produce a corta distancia de la Gobernación,sin que PoliMiranda haga algo contra los violentos!” (sic). Este es otro: “El silencio complice del gobernador,la omisión de Polimiranda y el apoyo de la dirigencia opositora alienta la guarimba de Los Nvos Teques” (sic).
Y así fue el primero: “Una joven madre muere en Los Teques, victima de violencia en el contexto de la Guarimba de los Nvos Teques. Nuestro pesar para famiare” (sic). En otro pide justicia “para los asesinados en medio de la violencia guarimbera”.
El presidente Nicolás Maduro también apuntó con su dedo: “Por qué el gobernador de Miranda no se puso los pantalones y fue a apagar esa guarimba que ellos promueven y protegen (…) Producto de esa guarimba, por culpa del gobernador de Miranda, perdió la vida lamentablemente Adriana Urquiola”, dijo la noche del 24. Y prometió: “Asesinos, serán encontrados, tengan la seguridad, y en Venezuela va a haber justicia, ¡cueste lo que cueste!”.
Como es sabido, la joven intérprete de señas de Venevisión viajaba con su esposo en una unidad de transporte público que debió detenerse en el sector en vista de que el paso estaba obstaculizado por una protesta con barricada. Así explicó los hechos Garcés: “hay testigos que establecen que una persona que venía en sentido contrario, se baja una vez que trata de ser interceptada por otros violentos. Unos violentos se encuentran con otros violentos armados que responden disparando de manera irresponsable, alegre, y ocasiona la muerte de esta compatriota que nos duele a todos”.
Los pasajeros del autobús debieron bajarse para cruzar a pie la barricada. Y en eso alguien disparó y una bala alcanzó a Urquiola. Después de algunas informaciones extraoficiales y como consecuencia del trabajo de los reporteros y reporteras de la fuente, se empezó a conocer la identidad del “violento”, sus vinculaciones con instancias del Gobierno, su prontuario, su arsenal casero, sus relaciones con la farándula revolucionaria y su confesión dada a El Nacional en la cual asegura que disparó sin intenciones de matar a nadie. Pero lo hizo. Yonny Eduardo Bolívar Jiménez está fuera el país. O está escondido gozando de alguna protección, según otras versiones. Lo cierto es que la promesa de Maduro no se ha cumplido. Por ahora.
OTROS CABOS SUELTOS
• Massiel Nathaly Pacheco Miranda pasó de vendedora de arepas en Parque del Este a peligrosa terrorista en un parpadeo. El 2 de abril consiguió un bolso con tres niples y pidió ayuda a la milicia bolivariana. La detuvieron y la tienen en una celda del Comando Regional de la Guardia del Pueblo en la parte alta del barrio Maca, en Petare. La imputaron por terrorismo y ocultamiento de artefactos explosivos, por lo cual podría ser condenada a entre 25 y 30 años de cárcel. 300 vecinos del barrio Villa Zoila de la Cota 905 -donde vive- y miembros de consejos comunales de la zona presentaron una carta de apoyo a Massiel.
• A Nga Kwan Cheng lo detuvieron en Maracay el 17 de marzo y el gobernador Tareck El Aissami señaló que estaba vinculado al asesinato del capitán de la GNB José Guillén Araque y puso a circular fotos de un arsenal de armas, municiones y uniformes de camuflaje. Dijo, además, que se trataba de un “mercenario chino que forma parte de una red internacional”. Pero tuvo que reconocer que la mayoría de esas “armas” eran para practicar airsoft: el color naranja en las puntas de los cañones es obvio.
• A Cheng, ha dicho su abogado Manuel Biel Morales, no lo imputaron ni por terrorismo ni por el asesinato del capitán de la GNB. Lo hicieron por ocultar municiones. Según el defensor, solo una Glock, con porte, era un arma real.
