Sosa Gómez y Haro aseveran que el texto tal y como está es inconstitucional

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JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL
martes 22 de octubre de 2013  12:00 AM

Pese a que todavía no ha sido aprobado ni siquiera debatido por la Asamblea Nacional, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya reposa la primera acción contra el proyecto de Ley Habilitante que presentó el presidente Nicolás Maduro hace dos semanas al Parlamento para combatir la corrupción y transformar el modelo económico rentístico.

Ayer la expresidenta de la extinta Corte Suprema, Cecilia Sosa Gómez; y el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello, José Vicente Haro, interpusieron un amparo contra el borrador, por considerar que el mismo es “abiertamente inconstitucional”; y con el cual esperan que el máximo juzgado le ordene a la Asamblea Nacional que lo devuelva al Ejecutivo para que lo corrija.

“Es un proyecto de Ley indeterminado, genérico, que violenta el requisito fundamental que es que debe señalar estrictamente las materias por las cuales (el mandatario) quiere ser habilitando”, afirmó Sosa Gómez, al tiempo que criticó la actitud que los legisladores han mantenido hasta ahora con esta propuesta.

“Se le ha dado el trámite como si fuera una autorización de la AN hacia el Poder Ejecutivo, parece que los diputados no sienten que tienen capacidad para modificarla o de exigir contenidos, es decir que se diga exactamente qué es lo que se va a legislar”, agregó la magistrada jubilada.

En similares términos se pronunció Haro, quien denunció que el proyecto no está sustentado en la Carta Magna sino en el llamado Plan de la Patria. “La Ley Habilitante solo puede darse conforme a la Constitución”.

Tras aseverar que no cuestiona los propósitos por los cuales el presidente Maduro solicitó los poderes extraordinarios para legislar vía decreto (la lucha contra la corrupción y la llamada guerra económica) sino la manera que como la presentó, Sosa Gómez alertó que de aprobarse el texto tal y como fue presentado el Jefe del Estado tendría poderes como ningún otro antecesor.

“Podría declarar la guerra él sólo”, advirtió luego de señalar la disposición mediante para dictar normas para “establecer mecanismos estratégicos de lucha contra potencias extranjeras que pretendan destruir a la Patria en lo económico, político y mediático”.

A rectificar

Por su parte, Haro indicó que la posibilidad de que se delegue en el primer mandatario el dictar leyes penales o que se materialice su propuesta de crear jueces y fiscales sin rostro para combatir los delitos contra el erario público.

“No se pueden crear las figuras de jueces, fiscales y procesos que sean secretos, porque eso viola el debido proceso, el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia”, agregó; y acto seguido se preguntó porque el Parlamento no termina de aprobar la reforma a la Ley contra la Corrupción que estaba preparando.

Por último, Haro justificó su solicitud al TSJ para que ordene a los diputados no tramitar el proyecto presentado por el presidente Maduro indicando que la misma es una “clara amenaza” a derechos fundamentales y por lo tanto el organismo no puede escudarse en que no ha sido aprobado para no analizarlo.

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