Un tribunal reabrirá casos de violaciones a derechos humanos del Plan Cóndor
- ROMA, ITALIA/LUCÍA MAGI
La represión de las dictaduras latinoamericanas llega a juicio en Italia. El Plan Cóndor fue un pacto de espionaje conjunto entre los regímenes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para impulsar la captura de los opositores en las décadas de los setenta y ochenta.
Muchos perdieron la vida en las cárceles de Pinochet; muchos fueron torturados y luego simplemente desaparecieron, a lo mejor arrojados vivos al Río de la Plata. Algunos, 23 al menos, eran italianos.
Después de 40 años y tras 10 de investigación, el viernes un Tribunal romano celebró la primera audiencia del juicio sobre aquellas muertes. Los imputados son 32 exmilitares acusados de delitos como matanza, homicidio plúrimo y secuestro de persona. La esperanza, según declara el fiscal Giancarlo Capaldo es la de “devolver algo de justicia a las víctimas y a sus familiares”.
El fiscal, los familiares y los abogados defensores se reunieron por primera vez frente al juez de la audiencia preliminar Alessandro Arturi. Éste tendrá que escuchar las razones de los unos y de los otros, estudiar los documentos de la investigación, leer las actas de los interrogatorios, si lo considera oportuno puede intentar acopiar más pruebas o pedir nuevos testimonios. Finalmente, deberá decidir si hay bastante material para sostener un juicio contra los imputados. Si seguir adelante o cerrar el asunto de una vez por todas. La próxima vista está programada para el 22 de noviembre.
Presentes y ausentes
En el aula de lo Penal del Tribunal estaban sentados varios familiares de las víctimas. Mujeres que perdieron a su marido; hijos privados de padres y madres. En cambio, no acudió ni uno de los 35 presuntos responsables de aquellas muertes: 17 uruguayos, 12 chilenos, cuatro peruanos y dos bolivianos.
Son generales, coroneles, comisarios, agentes de policía y otras personas implicadas en la muerte de los ciudadanos latinos de origen italiano -y con doble nacionalidad- para los cuales el fiscal pide abrir el juicio. Entre ellos está Francisco Morales Bermúdez, que fue presidente de Perú de 1975 a 1980, Pedro Richter Prada, quien fue su primer ministro, o el exdictador uruguayo Gregorio “Goyo” Álvarez, encarcelado en su país desde 2007 por violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar (1973-1985) y que fue presidente “de facto” de 1981 a 1985. También debería estar sentado en el banquillo el que fuera su ministro de Exteriores Juan Carlos Blanco.
Partido político
Durante la primera vista preliminar, que se celebró a puerta cerrada, Arturi aceptó que se presenten como partes demandantes el Estado italiano, el Estado uruguayo y el Frente Amplio, la fuerza política izquierdista de aquel país latinoamericano y a la que pertenece también el actual presidente, José Mujica.
Por el contrario, el juez rechazó la solicitud que en este mismo sentido había presentado el Partido Democrático (PD), la principal formación del centro izquierda italiano. El juez alegó que la fuerza “no tiene conexión inmediata con las personas involucradas”.
Por ejemplo, como muchos colegas, el abogado y también diputado del Pd Ernesto Magorno representa a una de las víctimas, Andrés Humberto Bellizzi, un joven que pertenecía a una familia italiana emigrada a Uruguay.
Antonello Madeo, letrado y perteneciente a las filas de los socialdemócratas, exultó por la decisión de admitir al juicio al menos al homólogo uruguayo Frente Amplio: “Es una elección histórica” – apuntó – “es la primera vez que una formación política extranjera se constituye como parte civil de un proceso celebrado en Italia”.
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