Palacio de Justicia (Foto VAF)
Palacio de Justicia (Foto VAF)

16 agosto 2013.

Palacio de Justicia (Foto VAF)
Palacio de Justicia (Foto VAF)

Daniel Pabón
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El receso judicial que empezó este jueves y se extenderá por un mes no debería retrasar el otorgamiento de medidas humanitarias a los denominados presos políticos, advirtió el abogado penalista y profesor de la UCV José Luis Tamayo.

Este es el primer año con el nuevo Código Orgánico Procesal Penal en pleno vigor. La novedad del artículo 156 establece que el servicio de los tribunales penales no podrá ser interrumpido por vacaciones y que, en materia de recursos, los lapsos se computarán por días de despacho.

Cautelosa, la Iglesia Católica sigue al frente de las gestiones con el Gobierno nacional para lograr que los detenidos enfermos obtengan medidas humanitarias de parte de los operadores de justicia, confirmó el diputado a la Asamblea Nacional Edgar Zambrano.

El parlamentario de AD prevé que en los próximos días se concrete la anunciada reunión del presidente Nicolás Maduro con el titular de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Diego Padrón.

El secretario de la CEV, monseñor Jesús González de Zárate, recordó esta semana que la Iglesia ha exhortado al Gobierno para que, valiéndose de los instrumentos jurídicos que tiene a su disposición, estudie la posibilidad de otorgar medidas humanitarias en favor de los detenidos.

“Es el llamado que hemos hecho en las diversas conversaciones con representantes del Estado”, dijo a El Nacional.

Enfermos y encerrados

En primer plano está la salud del excabo de la extinta Policía Metropolitana Arube Pérez y del exdirector de Seguridad Ciudadana Iván Simonovis, ambos del caso 11-A. Pérez ha sido un reincidente de las afecciones cardíacas en una década de encierro. El pasado domingo fue recluido en el hospital militar de Caracas y el lunes, devuelto a prisión sin diagnóstico.

Recién operado de peritonitis biliar con gangrena, el cuadro clínico de Simonovis se elevó a 19 patologías con el diagnóstico de diabetes e hipertensión arterial. Preso desde hace nueve años, sufre de osteoporosis, cambios degenerativos discales, hernias, falla renal, 30% menos de densidad muscular en una pierna y deficiencia severa de vitamina D, certifican informes.

En el oficio 2914 fechado el 8 de agosto, la juez de la causa instruyó a la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía a designar un médico forense que evalúe a Simonovis. Está en manos del Estado venezolano que siga viviendo o se muera, sentenció su esposa, Bony Pertiñez. “Yo no puedo hacer nada más por Iván que lo que estoy haciendo”.

José Luis Tamayo, que también es abogado del ex comisario, espera que esa visita a la cárcel de Ramo Verde suceda entre viernes y sábado. Se trata de la cuarta solicitud de medida humanitaria que hace la defensa desde diciembre de 2011. La primera se extravió y las otras dos fueron negadas. La que está en curso pudiera dictaminar una libertad condicional o un arresto domiciliario.

Otorgar la medida humanitaria es una obligación del Estado para frenar la tortura a la que ha sido sometido, emplazó en Twitter la defensora de derechos humanos Liliana Ortega, directora de Cofavic. El periodista José Vicente Rangel también intercedió públicamente por la liberación del disidente.

Un mar de disidentes

Preso político es cualquier ciudadano que, acusado de cometer un delito común, demuestre fundados elementos de que su proceso judicial está orientando más por razones ideológico-partidistas que jurídicas. Este es el concepto tradicional que recoge la ONG Provea, pero la denominación también arropa a quienes, sin estar privados de libertad, mantienen medidas de presentación periódica, les fue prohibida la salida del país o huyeron al exilio, amplió Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano.

En los últimos 14 años 172 ciudadanos han estado detenidos en Venezuela por razones políticas, documenta el último informe de la Fundación para el Debido Proceso. En 16 mil redondea la ONG Veppex (Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio) la cifra de nacionales considerados refugiados políticos. Es una multitud comparable a un lleno en las gradas del estadio José Bernardo Pérez de Valencia. La mayoría emigró, en este orden, a Estados Unidos, España, Panamá, Perú, Costa Rica y Colombia.

El sábado 24 habrá marcha en Caracas por la liberación de los presos y el regreso de los exiliados, anunció en Twitter el dirigente estudiantil Villca Fernández.

Graterol: Un “chiste” acusaciones de Carreño

El abogado de María Lourdes Afiuni, José Amalio Graterol, aseguró que las presuntas denuncias realizadas por el diputado Pedro Carreño hacia la jueza, en las que la acusa de haber cobrado por el caso de Eligio Cedeño, son un chiste.Graterol retó a Carreño a consignar ante el Ministerio Público las pruebas que dice tener contra la jueza y pidió a la Fiscal General que exhorte al legislador a presentar las presuntas pruebas contra Afiuni. “El diputado dijo que él tenía pruebas de que Afiuni había cometido un delito. Si las tiene, su obligación como funcionario público es presentarlas”, reseñó ElNacional.com.El abogado informó que el pasado miércoles se llevó a cabo el juicio de la jueza sin que los cuatro testigos que declararon probaran los presuntos delitos en los que habría incurrido. “No lograron demostrar lo que el Ministerio Público quería”.

http://www.el-carabobeno.com/impreso/articulo/71949/receso-judicial-no-debe-retrasar–medidas-humanitarias-a-detenidos