El secretario general de Sintraferrominera debe comparecer ante el tribunal que lleva el caso en Caracas el 16 de agosto. Al dirigente sindical lo procesan por ejercer el derecho a la huelga.
27 / 07 / 2013
Clavel A. Rangel Jiménez
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Ferrominera Orinoco levantó el plan de contingencia pero la protesta de los trabajadores continuó por intervalos de cuatro horas.
Después del encuentro entre el comité ejecutivo de Sintraferrominera y la gerencia en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) -la noche del jueves- el único acuerdo fue sostener una reunión el próximo lunes para hallar una salida al conflicto.
El secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, manifestó a las autoridades su rechazo a la militarización de la empresa. No sabe si el diálogo surtió efecto o no, pero lo cierto es que esa noche la toma militar de la factoría concluyó.
Los empleados, que habían mantenido cerrada la vía férrea en el kilómetro 4, abrieron el paso y se concentraron en el portón industrial de la estatal.
En la mañana y tarde de este viernes los ferromineros protestaron por espacio de cuatro horas. El secretario de prensa y propaganda, Roger Salazar, señaló que el personal se mantiene en sus áreas esperando respuesta del patrón al pago de varios pasivos laborales, incluyendo la diferencia del anticipo contractual pagado por el Gobierno a los trabajadores de Sidor y el sector aluminio.
El juicio infinito
Entre tanto, el secretario general tuvo que ausentarse del conflicto para cumplir con la audiencia de juicio que se desarrolla en Caracas desde hace dos meses.
González es acusado de los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir, violación de la zona de seguridad y restricción de la libertad al trabajo por la protesta de 16 días en Ciudad Piar en el 2009.
En esta audiencia sólo la defensa presentó un testigo. El tribunal además solicitó en calidad de testigo al ex presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, quien deberá presentarse el 16 de agosto cuando sigue el juicio.
Sabbagh actualmente permanece recluido en la Base de Contrainteligencia Militar Nº 51 en Ciudad Bolívar, junto a tres ex gerentes y el empresario Yamal Mustafá, por presuntos delitos vinculados a corrupción en la estatal.
Es la primera vez en la historia de las empresas básicas que un presidente es detenido e imputado por algún ilícito.
El precedente de la militarización
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos y el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess) han condenado la militarización de los conflictos laborales.
La última vez, el pasado 14 de junio, Ferrominera Orinoco fue tomada por militares en medio de una protesta de 11 días.
Fadess rechazó “rotundamente la acción del Estado y la intervención de la Fuerza Armada ante conflictos que pueden y deben resolverse frente al diálogo social y la instalación inmediata de una mesa de solución al conflicto tanto de Ferrominera, como de los trabajadores universitarios”.
