Informe de la SIP revela censura en libertad de expresión y de prensa en Venezuela.-
A continuación lea el informe completo:
VENEZUELA
INFORME REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP DEL 08 AL 11 DE MARZO DE 2013
PUEBLA, MÉXICO
El pasado martes 5 de marzo a las 5 y media de la tarde, desde el Hospital Militar de Caracas, el vicepresidente Nicolás Maduro, acompañado de una buena parte del tren de Gobierno, anunció con profunda tristeza y voz entrecortada, el fallecimiento del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Murió a las 4:25 p.m.
En su abatido mensaje pidió al pueblo expresar su dolor “con paz y tranquilidad” y aseguró que el legado de Chávez permanecerá.
La noticia inmediatamente impactó a Venezuela y al mundo, muchos salieron a las calles se abrazaron y lloraron al líder, caracterizado por su carisma y defensa de los más necesitados. El cortejo fúnebre recorrió casi ocho kilómetros por las calles y avenidas de Caracas, donde fue acogido de forma multitudinaria por miles de venezolanos con gestos de dolor y admiración.
La libertad de expresión y de prensa se vieron seriamente afectadas en los últimos meses del año 2012 y principios de 2013, debido al hermetismo con que se manejó el estado de salud del presidente Hugo Chávez, lo que derivó en un ambiente general de incertidumbre política en el país.
El Presidente estuvo fuera de toda aparición pública desde que partió el 10 de diciembre a Cuba para someterse a una delicada intervención quirúrgica, aunque el 18 de febrero se anunció su regreso al país para seguir su tratamiento en el Hospital Militar de Caracas.
El gobierno justificó, tal hermetismo -incluso desde su regreso al país- en la privacidad personal y el derecho que todo ciudadano tiene al respeto de la intimidad familiar.
En cualquier país del mundo, la salud del Presidente -sobre todo si sufre un quebranto de esa naturaleza- es un asunto de indudable interés público y de legítima cobertura periodística.
La única fuente autorizada procedió de la Vicepresidencia y de algunos ministros, quienes anunciaban “alivios, mejorías y gravedad” mediante partes oficiales. La muy resumida información generó todo tipo de rumores que se intensificaron a través de las redes sociales.
La oposición ha dicho que la actitud del Gobierno obedeció a un discreto manejo informativo donde no se dijo toda la verdad, lo que generó incertidumbre y confusión, y criticó además que se impidiera la designación de una Junta Médica que evaluase al Presidente y expusiera con exactitud lo que le estaba ocurriendo.
Sectores de oposición también señalaron que se amenazó a los medios independientes que intentaron comunicar sobre el tema o poner en dudas los informes oficiales. Acusaron además, que el exceso de propaganda a través de los medios gubernamentales pretendía crear un ambiente de normalidad.
El vicepresidente Nicolás Maduro y el ministro de Información Ernesto Villegas, entre otros altos funcionarios, incriminaron a la oposición y a los medios independientes de torpedear sus objetivos, con desestabilización y obstrucción a sus intenciones de “hacer una patria grande y socialista”, así como de estropear la paz y tranquilidad de la sociedad.
Igualmente atribuyeron que tal confabulación criminal y sin límites se valió de la prensa mundial, dando como ejemplo la divulgación de la fotografía falsa y en primera página que publicó el diario español El País, el 24 de enero.
El Gobierno siempre denunció de que se “quiso crear una crisis institucional, con campañas informativas perversas” respecto a la salud del Presidente. Lejos de admitir alguna crítica, el 26 de febrero el vicepresidente dijo que en el país “hay libertad de expresión y que se respeta la diversidad de opiniones”.
Con relación a otros hechos, a finales de 2012, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) condenó de manera enérgica la presión que está ejerciendo el Estado hacia medios de comunicación que tienden al cierre de programas de opinión, retiro de periodistas que cubren dichos espacios y le exigen una “adecuación de tono” de su línea editorial. El CNP lamentó además que dueños de medios cedan ante las presiones orientadas a silenciar las voces disidentes.
De igual manera el Bloque de Prensa Venezolano le exigió al gobierno eliminar las restricciones para la compra de papel periódico. “Se cambiaron las condiciones para su importación, obligando a los medios a solicitar un certificado de no producción nacional para poder acceder a las divisas de Cadivi, pero dicho certificado del Ministerio de Industria y Comercio, tarda meses en llegar, acogotando así a los periódicos pequeños de provincia”.
Ante la cruda realidad presentada, los diarios del interior se quedan sin papel ni tinta dificultando así su circulación diaria. El presidente del diario El Impulso del estado Lara, Carlos Eduardo Carmona, dijo que “los inventarios de papel, tinta, planchas y otros insumos esenciales para la impresión siguen mermando y la respuesta oficial no llega”
Esta situación también obligó al diario La Verdad de Maracaibo el 22 de octubre a aplicar severas medidas de racionamiento para economizar el papel y extender sus reservas. Tal medida concluyó en la “fusión” temporal de dos de sus cuerpos, mermando la amplitud informativa.
También en agosto pasado el Gobierno publicó un decreto en la Gaceta Oficial número 39.980, que excluye el papel periódico de la lista de insumos de primera necesidad, dejando a un lado la prioridad en el otorgamiento de divisas de Cadivi.
En cuanto a acoso, amenazas y discriminación en las fuentes, se hace más difícil el acceso a la información pública, se mantienen las restricciones a los periodistas de medios independientes a las oficinas gubernamentales y eventos oficiales, de igual forma continua la impunidad en los casos de agresiones a periodistas. De cada ocho casos denunciados; siete han sido declarados inadmisibles.
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marcos Ruiz, aseguró que las violaciones a la libertad de expresión durante el 2012 aumentaron en 37 por ciento y que en el 58 por ciento de los casos reportados involucran a funcionarios públicos.
La sede del CNP del estado Miranda fue incendiada por desconocidos el 30 de noviembre, también fue asaltada la sede del diario El Carabobeño en Caracas. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia impuso multa a los diarios El Progreso y El Luchador del estado Bolívar, por publicar fotos de asesinatos y accidentes.
Desconocidos destrozaron la estación de enlace de microondas de TV Guayana. Además se impusieron procesos sancionatorios a la televisora La Tele y las radios FM 91.9 y 96.9, por no “pegarse” a cadena donde informaban sobre la salud del Presidente.
A todo este panorama sombrío se une el asedio a Globovisión con bandas motorizadas y se le impuso un nuevo Procedimiento Administrativo Sancionatorio por difundir cuatro micros sobre el articulado de la Constitución.
A fines de febrero de este año el gobierno Nacional realizó el lanzamiento de la Televisión Digital Abierta en alocución por cadena nacional de radio y televisión. Globovisión mientras tanto acusó al gobierno de “discriminación”, al no contemplarlo entre los canales y ser considerado solo un análogo. Globovisión opinó que se trata de su “sentencia de muerte”.
Días después, el diputado Miguel Ángel Rodríguez advirtió que es obligatorio denunciar esta decisión como un paso en la estrategia de coartar la difusión de informaciones y opiniones críticas al gobierno nacional y agrego: “Con la Ley de Comunicación Popular, se avecina el fin de la libertad de información”.
Aún permanece cerrada RCTV, 32 estaciones de radio y dos de televisión; y se persigue judicialmente a periodistas y dueños de medios obligándolos a permanecer en el exilio, entre ellos el editor de la revista Zeta y el diario El Nuevo País Rafael Poleo y su hija Patricia Poleo, y al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga. Sobre El Nacional permanece la prohibición impuesta en el 2010 por la publicación de fotos relacionadas con violencia.
Hechos más sobresalientes:
El 17 de octubre el PSUV, partido oficialista, propuso en la Asamblea Nacional controlar la TV por cable mediante la Ley Resorte.
El 24 de octubre la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación Social de la Asamblea Nacional, dijo que investigará “el uso que algunos sectores políticos del país” hacen de los medios de comunicación privados “para generar zozobra y miedo” en época electoral que se traducen en “expresiones de odio” entre la población.
El 1 de noviembre la presidenta del Colegio Nacional de Periodista, Silvia Alegrett, aseguró en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en Venezuela “el acceso a la información pública es difícil y que se mantienen restricciones a los periodistas de medios independientes para ingresar a las oficinas gubernamentales y eventos oficiales”.
El 16 de noviembre Conatel anunció el inicio de una nueva investigación contra Globovisión, a solicitud de un grupo de periodistas comunitarios y afectos al gobierno, que acusó a la televisora de interrumpir la cadena presidencial del 15 de noviembre.
El 22 de noviembre diarios del interior se quedaron sin papel y sin tinta. El Impulso espera desde hace tres meses la aprobación de un Certificado de No Producción Nacional, lo cual constituye una traba para la asignación de las divisas.
El 23 de noviembre dos hombres portando armas largas asaltaron la sede del diario El Carabobeño en Caracas, ubicada en el edificio Iberia de la Avenida Urdaneta.
El 15 de diciembre un equipo del canal de noticias colombiano NTN24 fue interceptado en horas de la noche por un par de motorizados quienes los despojaron del cassette con una entrevista realizada a los diputados Edgar Zambrano (AD) y Saúl Ortega (PSUV).
El 16 de diciembre sabotearon la señal de TV Guayana en el estado Bolívar durante tres días. Su estación intermedia de enlace por microondas con Puerto Ordaz, situada en el cerro Las Palmas, fue destrozada por desconocidos.
El 3 de enero el ministro de Comunicación e Información Ernesto Villegas, a través de un comunicado, calificó de “inaceptable” que el canal de noticias Globovisión haya “identificado erróneamente” a Nicolás Maduro como “Presidente encargado”.
El 4 de enero Conatel instó a medios a respetar principios legales y a cuidarse sobre informaciones relacionadas con la salud del presidente Chávez.
El 10 de enero Conatel prohibió a Globovisión trasmitir cuatro mensajes institucionales alusivos al Art. 231 de la Constitución. Abrió un Procedimiento Administrativo Sancionatorio.
El 23 de enero el ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, dijo que son “verdaderamente lamentables” los hechos de violencia ocurridos en el acto de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que se realizó en el Parque Miranda.
En tal sentido, el ministro se refirió a las agresiones de las que fue objeto el equipo reporteril de Venezolana de Televisión (VTV) que cubría el evento político.
El periodista Pedro Carvajalino de VTV y su equipo reporteril fueron expulsados del acto de la MUD en conmemoración del “23 de Enero”. Carlos Chacón, camarógrafo de VTV sufrió politraumatismos y fractura de clavícula.
Tres personas fueron detenidas por la agresión. El jefe de Prensa del Ministerio del Interior y Justicia, Jorge Galindo, informó que a uno de los detenidos “se le incautó una manopla”.
El 25 de enero la Sociedad Interamericana de Prensa, cuestionó el bloqueo al periódico digital Diario de Cuba en Venezuela, considerándolo como un “sospechoso” acto de censura que restringe el derecho de los ciudadanos a acceder a distintas fuentes de información.
El 27 de enero la ministra Iris Valera criticó el tratamiento realizado por los medios de comunicación respecto a la masacre ocurrida en la cárcel de Uribana y calificó de “grotescas” las imágenes que están siendo difundidas sobre los hechos.
El 28 de enero el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, denunció las agresiones contra el periodista Pedro Carvajalino y el equipo de VTV.
El 29 de enero el diputado Eduardo Gómez Sigala criticó que no se permita el ingreso de los medios a la Asamblea Nacional durante su participación en una discusión para rechazar la publicación de una imagen falsa de Hugo Chávez en el diario El País.
El 2 de febrero el Frente Bolivariano de Comunicadores Populares y otras organizaciones exigen a Globovisión, cese de su política editorial.
El 6 de febrero la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Blanca Eekhout, denunció que medios de comunicación privados, nacionales e internacionales, intentan aplicar una campaña psicológica para confundir y desestabilizar a los venezolanos.
El 7 de febrero el diputado William Ojeda, acusó al canal de noticias Globovisión por el “manejo irresponsable de información y falta de ética”. Destacó que su respuesta a las acusaciones del también diputado Richard Mardo, fueron “suprimidas” en el medio de comunicación.
El 20 de febrero la Guardia Nacional Bolivariana arremetió contra manifestantes y un equipo de Globovisión en el Hospital Pérez Carreño. Maltrataron al personal médico y administrativo que protestaba por la falta de insumos y exigía reivindicaciones salariales y la destitución del director del centro de salud.
El 02 de marzo el Ministro Ernesto Villegas, anunció la creación del Sistema Bolivariano de Información y Comunicación (SIBIC).
El 05 de marzo a las 4:25 de la tarde, falleció en la ciudad de Caracas el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías. Paz a sus restos.
El Presidente Encargado de la República Nicolás Maduro habló de respeto, de paz y de tranquilidad, y el excandidato presidencial y actual gobernador del estado Miranda Henrique Capriles Radonsky dijo que es el momento de la unión y la paz.
Esto hace una excelente oportunidad para el bienestar de todos los venezolanos, para el fortalecimiento de la democracia y por ende de la libertad de prensa e información.
SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA
VICE-PRESIDENCIA REGIONAL PARA LA LIBERTAD DE PRENSA E INFORMACIÓN EN VENEZUELA
