Ivan SimonovisDenuncian que Simonovis es víctima de tortura en la prisión

En Cofavic aclaran que no es un indulto liberar al inspector por razones médicas

JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL
sábado 2 de febrero de 2013.- 12:00 AM
Los jueces, fiscales y policías que durante mucho tiempo se negaron a atender las peticiones del exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, Iván Simonovis, y de su familia para que lo llevaran a centros de salud para recibir tratamiento médico, incurrieron en uno de los delitos más graves: La tortura; el cual no prescribe.La denuncia la formuló la directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), quien recordó que “las convenciones Universal e Interamericana contra la Tortura obligan a las autoridades a garantizarle a las personas detenidas acceso a la salud y condiciones que aseguren su integridad personal”.

La activista aseveró que la negativa a llevar a Simonovis a centros asistenciales, así como el hecho de que durante mucho tiempo ni siquiera se le permitió salir de su celda, en los calabozos del Helicoide, para tomar luz del sol terminaron afectado su salud.

“La osteoporosis que hoy padece Simonovis ha sido agravada por las condiciones no adecuadas en las cuales ha estado recluido”, agregó, al tiempo que justificó la solicitud de medidas humanitarias que la defensa del inspector jubilado del extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial ha formulado y las cuales han sido respaldadas por el Foro por la Vida, alianza de organizaciones pro Derechos Humanos de la que forma parte Cofavic.

En julio pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Gobierno adecuar precisamente los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, otrora Disip), donde está Simonovis.

Al analizar el caso de Raúl Peña Díaz, quien estuvo seis años detenido en El Helicoide por los atentados contra la Embajada de España y el Consulado de Colombia, el juzgado continental determinó que el recinto no garantizaba el derecho a la integridad de las personas detenidas; y por ello reclamó que se derribaran paredes para permitir el ingreso de luz y aire natural, se levantaran sanitarios y duchas “limpias y con suficiente privacidad”; que se ofreciera una alimentación “de buena calidad, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de la salud y fuerza de la persona privada de libertad”; y que se instalaran servicios de salud “adecuados, dignos y oportunos”.

Al pan, pan y al vino, vino 

Ortega aprovechó para aclarar que la petición de excarcelación del exfuncionario, por razones de salud, no supone en ningún momento una exoneración de la responsabilidad que la justicia le atribuyó por los sucesos de abril de 2002.

“Las medidas humanitarias no juzgan el delito ni las razones por las cuales una persona terminó en la cárcel, sino que juzgan la condición en la que se encuentra ella. Las medidas humanitarias no son ni un indulto ni una amnistía”, afirmó la Directora de Cofavic.

Por último, Ortega calificó como un “equívoco” el hecho de que el Gobierno se oponga a la excarcelación de Simonovis, alegando que eso provocaría impunidad; y recordó que algunos de los pocos procesados por los sucesos del Caracazo han sido objeto de este tipo de medidas, debido a su edad y salud, pero eso no ha significado el cierre de los casos.

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