Un capítulo especial merece la decisión de suspender o eliminar el trabajo que desempeñan las organizaciones no gubernamentales en la defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Antes, el COPP daba la facultad a las víctimas de delegar en una asociación de protección o ayuda a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, cuando fuera más conveniente para la defensa de sus intereses; eso permitió a organizaciones de prestigio en el país ejercer la defensa de las personas ante las arbitrariedades del Estado.
La reforma recientemente promulgada, que entrará en vigencia el 1º de enero de 2013, le quita esas facultades a las organizaciones no gubernamentales y le da la exclusividad de actuar a la Defensoría del Pueblo, sacando del medio a las ONG, que de manera seria y profesional han defendido a quienes han visto violados sus derechos.
Tal vez no fuera tan grave esta reforma, si en nuestro país no tuviéramos una Defensoría del Pueblo arrodillada y arrastrada ante los intereses del Estado. Hoy, esa institución olvidó su papel de defender a los ciudadanos y pasó a convertirse en una defensora de los intereses del jefe de la revolución Para un Estado autoritario, es difícil dejar en manos de organizaciones independientes la defensa de los ciudadanos. Los grandes casos por los cuales han sancionado a Venezuela en las instancias internacionales fueron llevados por organizaciones independientes: la masacre de El Amparo, la del Caracazo y la del retén de Catia nunca hubieran tenido los resultados que se alcanzaron, si organizaciones como Provea y Cofavic no hubieran puesto sus mejores esfuerzos en que esto se lograra.
Lo que se pretende hacer con esta reforma al sacar del juego a las organizaciones no gubernamentales es una muestra más del autoritarismo del régimen, que no permite la disidencia ni pensar diferente. Es otra arremetida dirigida a eliminar a las organizaciones que apoyan al pueblo y a la clase media. Hace tiempo que los bandidos del Gobierno vienen trabajando en ese sentido: ya lo intentaron con leyes dirigidas a regular el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, y fracasaron.
Pretender que los derechos humanos queden en manos de una Defensoría del Pueblo arrodillada ante los intereses del Gobierno es un irrespeto al país. Nadie se puede imaginar a Gabriela Ramírez defendiendo a un grupo de víctimas de la masacre de unos policías. Y mucho cuando es ella una de las responsables del desprestigio de una institución que nació para defender a los ciudadanos y no al Presidente de la República.
Sacar a las organizaciones no gubernamentales del camino legal e incapacitarlas para actuar es lo que quiere el régimen militar rojito para implantar su única y absoluta voluntad.
