La legalización de la persecución política

Perfeccionando la persecución política, el Presidente Hugo Chávez por vía Habilitante, decreto que se le otorgó para arreglar problemas ocasionados por las de lluvias, firmó la sexta reforma bajo su gobierno del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), la cual tiene un cargado contenido político ideológico en la construcción del socialismo.

Saltándose las formas contempladas en la Constitución, la Asamblea Nacional cuya misión es precisamente la discusión y aprobación de leyes nuevas, y mas ésta que concierne a la libertad de los ciudadanos, sin ningún tipo de discusión y diría que en la clandestinidad, se redactó el nuevo COPP del que nos enterábamos a través de susurros y entró en vigencia entre los gallos de la medianoche.

Con gran habilidad en el uso de la plastilina, Hugo Chávez tomó el control total del sistema de administración de justicia: las llamadas garantías procesales, presunción de inocencia, derecho a la defensa, ser escuchado por un tribunal imparcial, y todos los derechos humanos adquiridos hasta entonces, las transformó en una ley a la medida para perseguir, encarcelar y sentenciar como le da la gana, adquiriendo la persecución política un matiz de legalidad. Si estudiamos los delitos en los cuales hay mas énfasis en la reforma, son precisamente aquellos por los cuales los perseguidos y presos políticos han sido imputados en estos 13 años de su gobierno:casos inventados bajo delitos políticos, contra derechos humanos, Lesa Humanidad, delitos financieros y homicidios, entre otros

Lo que había sido un avance, la integración de la sociedad bajo la figura de los escabinos en el proceso judicial,escabinos que se convertían en garantías ante un juez doblegado al Poder Ejecutivo, fue eliminado de la reforma para poder ejercer total presión sobre el juez. El artículo 350 de la Constitución que establece la desobediencia legítima, quedará de adorno porque todo aquel acusado que se niegue a comparecer en juicio porque sabe que no tendrá garantías, sufrirá la modificación a través del COPP por lo que se celebrará su juicio en ausencia con juez y fiscal designado a dedo y con la agravante que puede ser un juicio a puerta cerrada, jucios que son similiares a los celebrados en la Cuba de los Castro.

El principio de la libertad, la cual es la regla y la privación la excepción, queda en grave estado cuando hablamos de “ interés gubernamental”, donde pudieramos decir que es la privación es la regla.

Para darle mejor precisión a los perseguidos políticos que se mantengan en la clandestinidad y tomen el camino del exilio, se definen en el COPP como “prófugos” y al salir el país, sus bienes son considerados como “abandonados” por lo que pasan a ser controlados por el Estado sin esperar la decisión del juez, es una pena anticipada. Con esto, el exiliado venezolano enfrenta la pérdida del país, arrastrar las consecuencias de un proceso judicial politizado en su contra,la pérdida de sus bienes producto de su trabajo y bajo esto, iniciar el complicado proceso de un refugio o asilo político.

El CICPC o policía científica, institución encargada de la investigación del proceso, pasa a ser ahora dirigido por el Presidente Hugo Chávez, en esas manos estamos. Total control del proceso: investigativo y judicial.

Las organizaciones no gubernamentales quedan de manos atadas al omitirse la parte del artículo 121 del viejo COPP, que las faculta para presentar querellas contra funcionarios públicos y policías que hayan violado derechos humanos en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas.

Estamos hablando de miles de presos que serán liberados, los presos políticos estarán mas indefensos y difícilmente lograrán un beneficio de ley y sobre todo esto, habrá mas impunidad.

Mientras todo esto sucede, se revisa por orden presidencial que Venezuela se retire del sistema interamericano de justicia, (Comisión IDH y Corte IDH) así como la revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, qué mas nos falta por ver?

Patricia Andrade.

Twitter: @patricia_andrad

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