“Nos unimos a otros miembros de la comunidad internacional en urgir la liberación de la juez María Lourdes Afiuni, cuyo arresto y continua prisión han demostrado el involucramiento inapropiado del Ejecutivo en las funciones del Judicial y eso constituye una violación a los derechos humanos”. Con esas palabras la embajadora de Estados Unidos, Betty King, hizo retumbar el nombre de la suspendida juez 31 de Control de Caracas durante el Examen Periódico Universal (EPU), al que fue sometida Venezuela por el Consejo General de Derechos Humanos de Naciones Unidas el pasado 7 de octubre.
Alemania también alzó su voz para manifestar su preocupación por la detención de Afiuni y recomendó, entre otras cosas, “tomar las medidas necesarias para garantizar que los jueces puedan realizar su trabajo sin ningún tipo de obstáculo ni impedimento”.
Para la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Ligia Bolívar, este nombramiento reviste “mucha importancia” porque en las directrices establecidas por la ONU para la presentación de informes “está señalado que no debe hacerse mención a casos individuales, a menos que sean situaciones muy excepcionales y el caso Afiuni se convirtió en una excepción porque por primera vez en el mundo se encarcela a un juez por aplicar una resolución de un órgano de protección”.
Afiuni, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, fue detenida en diciembre de 2009 por acatar una resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que solicitaba al Tribunal Supremo de Justicia se le concediera al exbanquero Eligio Cedeño la libertad provisional.
Asegura Bolívar que la comunidad internacional “está consternada” y eso quedó demostrado cuando países como el Reino Unido, Holanda, Suiza, Noruega, entre otros, manifestaron preocupación por la falta de autonomía (…) El vídeo donde el Presidente insta a las autoridades judiciales a aplicar la pena máxima de 30 años de prisión a un juez es una prueba irrefutable de lo que sucede en el país”, destacó.
La directora del CDH_UCAB espera que el martes 11 de octubre, el Estado venezolano acepte la mayor parte de las recomendaciones. “Ya el canciller Nicolás Maduro adelantó que no aceptará aquéllas que a su juicio sean inconstitucionales y esto nos coloca en el mismo lugar de siempre”. Con respecto a la aspiración del Gobierno de ocupar un puesto en el Consejo de DDHH, advierte que Venezuela tiene que ponerse al día con sus obligaciones y eso incluye la libertad de Afiuni. “Eso pasa por demostrar un récord satisfactorio de cumplimientos, entre ellos, elaborar un plan de consulta con las organizaciones no gubernamentales y abrir el país a la supervisión internacional”, precisó.
SIN CUMPLIMIENTO
• 14 de diciembre de 2009, la Red Latinoamericana de Jueces emitió nota oficial expresando preocupación por la detención de la magistrada María Lourdes Afiuni.
• 16 de diciembre de 2009, la Relatoría de Defensores de DDHH, de Independencia de Jueces y Abogados y de Detenciones Arbitrarias de la ONU emitieron resolución conjunta en la que expresaron preocupación por detención de Afiuni y solicitaron al TSJ garantizar el debido proceso.
• Enero de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida de protección urgente a favor de la juez 31 de Control, mediante la cual se le solicitó al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de la magistrada.
• Junio de 2010, la Relatoría sobre la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, calificó de inaceptable la detención de un juez por emisión de una decisión judicial y exigió la liberación de Afiuni.
• Octubre del 2010, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas solicitó al Estado venezolano la liberación inmediata de María Lourdes Afiuni, y la reposición de su cargo como jueza 31 de Control de Caracas.
