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By ALFONSO CHARDY

Julio Salgado, un trabajador indocumentado de Nicaragua, ha sido interrogado por la policía en el pasado después que los dueños de negocios han llamado a las autoridades para quejarse de la presencia de jornaleros. Pero Salgado dice que hasta ahora, ninguno de los agentes le había pedido sus documentos de inmigración.Ahora Salgado está preocupado de que los policías podrían comenzar a pedirle sus documentos de inmigración si la legislatura de la Florida adopta una ley de control de inmigración similar a la que aprobaron este año los legisladores de Arizona.

El representante William Snyder, un republicano por Stuart, dijo la semana pasada que planeaba presentar en noviembre una legislación que incorpore “componentes significativos” de la ley de Arizona programada para entrar en vigor el 29 de julio. Lo más pronto que Snyder espera que la legislatura analice esta iniciativa de ley es durante la próxima sesión legislativa regular en marzo del 2011.

Bajo el proyecto de ley propuesto por Snyder, los agentes de la policía tendrán el poder de preguntar a los sospechosos por una prueba de residencia legal. En este momento, los departamentos de policía de la Florida podrían ver el estatus de inmigración de un sospechoso si su nombre surge en las bases de datos de criminales como un fugitivo buscado por las autoridades de inmigración, aunque agentes de policías individuales preguntan de vez en cuando por deseo propio sobre el estatus de inmigración.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Territorial (DHS) negó el lunes que planeara suspender las deportaciones para “toda población de inmigrantes ilegales de la nación”. Pero el departamento, en un comunicado por escrito, no negó que pudiera diferir las deportaciones de ciertos inmigrantes deportables.

La declaración del departamento fue una respuesta a una carta de la semana pasada de ocho senadores republicanos al Presidente Obama en que pedían una clarificación sobre los rumores de que la administración planeaba diferir las deportaciones o garantizar una estadía provisional a millones de inmigrantes indocumentados.

“El DHS ha sido la autoridad para garantizar un diferido en las deportaciones basado en los méritos de los casos mientras considera circunstancias humanitarias y otros factores en el interés de la misión general de cumplimiento de la ley del Departamento”, dijo un comunicado del departamento. “Sin embargo, esta autoridad discrecional se implementa sobre una base de caso por caso y el DHS no garantiza una acción diferida sin la revelación de hechos relevantes. Para mayor claridad, el DHS no garantizará una acción diferida a toda la población de inmigrantes ilegales”.

Informaciones del sábado en El Nuevo Herald/The Miami Herald y otros medios de comunicación, que dijeron que Snyder planeaba una ley de control de inmigración estilo Arizona, provocaron una masiva ola de enojo y preocupación entre los inmigrantes indocumentados y sus defensores en el Sur de la Florida.

“Florida, que está llena de inmigrantes, no puede asumir una ley que socavaría la seguridad pública, estimularía la discriminación, desviaría recursos necesarios de las agencias locales del cumplimiento de la ley y afectaría nuestra agricultura, nuestro turismo y nuestras industrias del cuidado de la salud”, aseguró Cheryl Little, director ejecutivo del Florida Immigrant Advocacy Center (Centro para la Defensa de los Inmigrantes de la Florida). “El buscar que los inmigrantes estén más clandestinos no hace nada por arreglar nuestro destrozado sistema de inmigración. Sólo pone peor las cosas”.

Herman Martínez, de la organización de derechos de los inmigrantes American Friends Service Committee, dijo que activistas de inmigración se organizan para luchar contra la propuesta de Snyder y que si la legislatura aprueba tal ley, muchos grupos de la Florida y otras partes del país podrían pedir un boicot al turismo, las convenciones y los negocios contra Florida.

“Estamos listos para marchar noche y día, realizar boicots contra lo que se necesite ser boicoteado, comenzar huelgas de hambre hasta las últimas consecuencias”, dijo Martínez. “No permitiremos más violaciones a los derechos humanos en nuestro estado de la Florida”.

Los jornaleros extranjeros que se pueden encontrar en las esquinas de toda la región en espera de ofertas de trabajo están entre los más preocupados porque ellos entran a veces en contacto con la policía.

Entrevistas del lunes con seis jornaleros extranjeros cerca de la intersección de la Calle Ocho del Southwest y el Palmetto Expressway mostraron que conocían la propuesta de Snyder y estaban alarmados.

“Tal ley ciertamente me afectaría a mí y a las personas como yo”, dijo Julio Salgado, un inmigrante nicaragüense de 44 años que agregó que estaba indocumentado. “Consideraría regresar a mi país si tal iniciativa se convierte en ley”.

La preocupación de Salgado se vio respaldada por otro trabajador inmigrante, Carlos Ruiz, de 50 años, de Nicaragua, quien se encontraba cerca.

“Si hay tal ley en la Florida, significa que otros estados podrían pensar en hacer lo mismo y este país podría convertirse tan represivo como lo era Nicaragua bajo los sandinistas comunistas”, dijo Ruiz. “Entonces sería mejor irse”.

Arnaldo Contreras, un hondureño de 52 años que se encontraba en una esquina cercana dijo que los contactos con los agentes de la policía se harían más frecuentes y amenazadores bajo una ley así.

“Como están las cosas, los agentes de la policía piden a menudo las identificaciones, algunos preguntan sobre nuestra situación migratoria, pero la mayoría sólo quieren nuestra identificación”, manifestó Contreras. “Si una ley estilo Arizona se implanta en Florida, los agentes de policía pedirían documentos de inmigración todo el tiempo y llamarían todo el tiempo a los agentes de inmigración”.