Imprimir

Por PAUL DAVENPORT y JONATHAN J. COOPER

La gobernadora de Arizona asegura que la enérgica nueva ley sobre inmigración será aplicada sin apelar a la individuación racial, pero por lo menos dos organizaciones están preparando objeciones legales y México advirtió que la ley podría afectar las relaciones fronterizas.La gobernadora republicana Jan Brewer firmó el viernes el proyecto de ley. Según sus partidarios dará mucha mayor libertad a la policía para lidiar con la inmigración ilegal en Arizona, donde viven unos 460.000 inmigrantes indocumentados y la puerta de entrada más activa para el tráfico de personas y drogas desde México.

La secretaria de Relaciones Exteriores Mexicana, Patricia Espinosa, advirtió que la propuesta de ley podría afectar los lazos fronterizos y señaló que su país tendrá que considerar si los acuerdos de cooperación que han sido desarrollados con Arizona son provechosos y pueden continuar.

La ley requiere que la policía interrogue a la gente sobre su situación inmigratoria -incluso pedirle identificación- si sospecha que alguien está ilegalmente en el país. Ha suscitado temores entre los hispanos, incluidos los inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses, de que sean hostigados por la policía debido a sus características raciales.

La ley estatal criminaliza estar ilegalmente en el país. También requiere que la policía local interrogue a la gente sobre su situación inmigratoria si tiene motivos para sospechar que son indocumentados.

En todo caso, la ley requiere que los inmigrantes que no puedan presentar los documentos que demuestran que pueden estar legalmente en Estados Unidos sean arrestados y encarcelados hasta por seis meses con una multa por 2.500 dólares.

También permite interponer demandas contra a las agencias del gobierno que obstaculicen la aplicación de las leyes inmigratorias, y determina que es ilegal contratar a jornaleros indocumentados o transportarlos a sabiendas de su situación inmigratoria.

Mientras cientos de manifestantes protestaban frente al Capitolio estatal por considerar que la ley conducirá a abusos de los derechos humanos, la gobernadora dijo que la reacción de sus críticos era exagerada y que no permitirá la individuación racial.

“En Arizona hemos sido pacientes por demás, a la espera de que Washington actuara”, dijo Brewer después de firmar la ley. “Pero décadas de inacción y políticas erróneas han creado una situación peligrosa e inaceptable”.

El mismo viernes, el presidente Barack Obama calificó la ley de “errada” y encomendó al Departamento de Justicia que determine si es legal. Agregó que el gobierno federal debe aplicar una reforma inmigratoria a nivel nacional, a riesgo de dejar abiertas las puertas a “la irresponsabilidad ajena”.

“Eso incluye, por ejemplo, los esfuerzos recientes en Arizona que amenazan con socavar las nociones básicas de imparcialidad que hemos atesorado como estadounidenses, como también la confianza entre la policía y sus comunidades que es crucial para mantenernos seguros”, dijo Obama.

La ley en la mayoría de los estados no requiere que la policía pregunte sobre la situación migratoria de las personas que encuentra, y muchos departamentos de policía prohiben a los agentes interrogar al respecto por temor a que los inmigrantes no cooperen en otras investigaciones.

El fondo Legal de Defensa y Educación Mexicano-Estadounidense dijo que planea objetar la ley en los tribunales que, según dijo, “lanza Arizona a una espiral de temor permanente, desconfianza entre la comunidad, un aumento en el delito y costosas litigaciones, con repercusiones a nivel nacional”.


© 2010 El Nuevo Herald. All Rights Reserved.
http://www.elnuevoherald.com

SHARE