El dia 26 de abril de 2007, fui acusado públicamente por el ciudadano Nicolas Maduro de terrorista y traidor a la patria, por el hecho ocurrido en los alrededores de la sede de la embajada de Bolivia, casualmente el Ministerio Publico me acuso formalmente por los delitos de terrorismo y traición a la patria, acusación que sirvió para llevarme a juicio privado de mi libertad y al final del mismo condenarme a cuatro años por el delito de intimidación publica siendo absuelto del delito de traición a la patria, vale decir que de haber sido acusado del delito por el cual fui condenado no hubiera estado privado de mi libertad y menos aun hoy luego de ser condenado.
Fui procesado en un juicio oral y público conducido por una juez previamente destituida presuntamente por no acatar la orden de inhibirse en un caso de supuesta corrupción con el manejo de dólares provenientes de CADIVI, en el transcurso del debate no se pudo probar ninguno de los delitos que formaban parte de la absurda y grosera acusación presentada por la Vindicta Publica, bien lo sentencia el adagio popular: “ el picado por culebra le tiene miedo al bejuco” no obstante fui condenado por algo que es asemejaba a los delitos iniciales, esto quizás por el temor que le significaba a la juez volver a perder el trabajo obtenido con “esfuerzo”, y así no arriesgarse a perder nuevamente su salario que es verdaderamente significativo; sin contar los beneficios y privilegios que derivan del hecho de tener la sagrada oportunidad de impartir justicia. A toda esta surrealista situación, le tengo que sumar 18 meses de prisión en la cárcel política de nuestro país, la cual no tiene nada que envidiarle a la cárcel de Guantánamo que tanto se critica.
Proporcionalmente he permanecido en prisión más tiempo que el presidente Chavez y sus compañeros de causa, más tiempo que cualquier funcionario de este Gobierno y de los gobiernos del pasado que han dilapidado los recursos de nuestra sociedad, más tiempo en prisión que cualquier seudo líder de la mal llamada oposición política del país con las excepciones de aquellos dinosaurios de la política venezolana que solo ambicionan una cuota de poder, para tomar su parte del botín.
Luego de aceptar una sentencia bastante cuestionable; por entender que el Poder Judicial de nuestro país, como bien lo afirma la ciudadana Luisa Estela Morales, “ es un poder que forma parte de un gobierno”; no es posible obtener una decisión en ninguna instancia que se ajuste al derecho penal, situación que me obligo a continuar el proceso en la fase de ejecución de la sentencia, lo que significaría obtener el beneficio procesal correspondiente, por haber sido condenado por un delito leve, sobre todo comparado con la acusación inicial. Sorprendentemente continuó encarcelado ya que los beneficios procesales en nuestro país, lamentablemente son otorgados con mucha frecuencia a ciudadanos que han cometido graves delitos como homicidio, robo, hurto, violación delitos relacionados con el narcotráfico, entre otros. He presenciado como se les ha otorgado la libertad a ciudadanos recluidos en la cárcel política donde me encuentro, que han asesinado a ciudadanos inocentes, beneficios otorgados al margen de lo exigido y permitido por la ley. Todos los días vemos como salen en libertad desde la sede de los tribunales de nuestro país, ciudadanos implicados en delitos graves, como homicidio, robo, violación, violencia contra la mujer, secuestros, extorsión, en fin personas que por exigencia de la ley, no pueden ni deben gozar de este tipo de beneficio, mientras se mantiene en prisión a aquellos ciudadanos que si cumplen con las exigencias de la ley para obtener algún tipo de beneficio procesal, pero por alguna extraña e inexplicable razón se mantienen en prisión.
Mientras nuestra Asamblea Nacional discute acuerdos para felicitar al presidente electo del llamado “Imperio”, mientras discuten la responsabilidad penal de un ciudadano que fue candidatos presidencial y ahora quiere ser alcalde, para mantener su nomina política, mientras se pierde tiempo y dinero en estas discusiones, la sociedad venezolana no cuenta con instrumentos jurídicos que garanticen su seguridad personal y no continúe siendo la inseguridad la política criminal de un Estado que supuestamente su principal preocupación es el bienestar del ciudadano. Mientras se gastan recursos en la formación de movimientos con nombres de apartamentos integrados por persona que en algún momento apoyaron y defendieron lo que hoy tanto critican, peor aun, se beneficiaron económicamente de ello, más del 50% de los venezolanos somos discriminados directa o indirectamente, por el sólo hecho de no acompañar de manera alguna, lo que para otros tantos venezolanos significa la esperanza de una Venezuela mejor, justa y equitativa, pensamiento para nada cuestionable o criticable, pero no se puede incluir a los excluidos, excluyendo a los supuestos incluidos, no se puede crear una nueva clase de ciudadanos discriminados y excluidos para vengar a los que por mucho tiempo lo fueron.
Invito a aquellos que tienen la facultad casi divina de impartir justicia, que lo hagan respetando sus convicciones morales y ciudadanas, para que la justicia forme parte de nuestra sociedad y no de nuestro gobierno.
“No hay peor mal, que el se hace bajo las apariencias del bien”
Simón Rodríguez

Luis Alberto Rodríguez Villamizar
Terrorista y Traidor a la patria
Según el ciudadano canciller.”

Noviembre 12, 2008