Luis Ugalde
El Universal
A unque la propuesta gubernamental de la nueva Ley de Educación fuera una maravilla, hay una palabra cuya sola presencia la haría pésima en cualquier sociedad: exclusión.
Si los venezolanos no logramos que ella sea eliminada, nos espera un futuro muy triste, con una educación cautiva en manos del partido de gobierno.
En la exposición de motivos se explica la Concepción del Estado Docente.
Luego de afirmar la educación “como función indeclinable del Estado” (no se olvide que también es función indeclinable de los padres, de los educadores, y de la sociedad…), atribuye al Estado: “El peso decisorio en las distintas áreas, fases y etapas de la gestión y los componentes del proceso y sistema educativo, la planificación, ejecución, supervisión, evaluación y corrección, funciones estas exclusivas, se reitera, del Estado…” (subrayado nuestro).
Además de la total confusión de Estado y Gobierno, la palabra exclusión significa que nada tienen que hacer ni decir los padres, los educadores, las universidades, etc., en la planificación, ejecución, supervisión, evaluación y corrección educativa. No por derecho propio, sino por invitación del gobierno podrán decir algo.
No piensen que esta redacción es un descuido o un malentendido. Esa exclusión y apropiación de toda responsabilidad educativa por el gobierno y por el partido único es una realidad en Cuba, y lo ha sido en cuanto sistema comunista se ha ensayado en el mundo.
Cuando se habla de exclusividad del Estado no hay que olvidar la secuencia: el Estado es igual al gobierno, el gobierno es del partido y la voluntad del partido es la de su jefe, sin posibilidad alguna para otros responsables educativos.
Más adelante, en la página 11 se trata de la formación docente y de la carrera docente.
Aquí también la funesta palabra exclusividad preside todo el tema: “La presente Ley Orgánica, en aplicación del principio de la Indeclinabilidad de la Educación, establece la exclusividad del Estado en lo tocante a las políticas de formación para la carrera docente, por lo cual los ministerios de Educación y Deportes y de la Educación Superior deberán coordinar las políticas y los planes de formación, de modo que la formación de los maestros y profesores de la República respondan a una visión y a una estrategia integral y de claro perfil humanista, a tenor de lo que establece la Constitución, debiendo establecerse en una legislación especial, las condiciones y características de la formación docente”.
El partido se apropia de esta “exclusiva”, usurpada por el Estado, quitando a la sociedad y a las familias sus derechos y deberes educativos.
Como esto es anticonstitucional, previamente se va a cambiar la Constitución.
La nueva (elaborada sigilosamente) consagrará a Venezuela como República socialista, y los educadores tendrán la misión republicana de indoctrinar socialistas con un Estado centralizado y en manos del partido y de su jefe; de lo contrario, serán acusados de violadores de la Constitución.
Esta propuesta gubernamental para la segunda discusión de la Ley Orgánica de Educación Superior es de mediados del 2006, por eso no dice ni una sola palabra del socialismo, como tampoco lo hace la vigente Constitución bolivariana.
Actualmente, hay una treintena de universidades y muchos institutos universitarios que están formando docentes con plena autonomía dentro de los principios de la Constitución y de las leyes. Compare el lector lo que se reserva el Ministerio de Educación para sí en exclusiva y entenderá la gravedad de la exclusividad estatal-partidista que introduce la nueva ley. ¿A qué quedan reducidas las universidades y su deber de formar con autonomía y apertura a la pluralidad de corrientes? La exclusiva en la formación de docentes del Estado-gobierno centralizado va contra la autonomía universitaria consagrada en el artículo 114 de la Constitución: “Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión”.
La reacción a todas estas claras intenciones no puede ser el pánico, sino la responsabilidad para actuar con la Constitución vigente e impedir que se nos imponga lo que es contra natura y anticonstitucional. Luego será tarde para llorar.
