AMB. Virginia Contreras
El gobierno de Venezuela se prepara para una nueva jornada electoral. Desde la llegada al poder del presidente Hugo Chávez en 1998 hasta el momento, son más de 10 los procesos electorales que han sido organizados en ese país. Si por el número de elecciones se midiera la democracia, sin duda alguna que Venezuela sería un ejemplo de ésta. Pero los tiempos cambian, y los pueblos son los que padecen los infortunios de sus gobiernos; debiendo comprender a fuerza de su dolor que la naturaleza de los gobiernos en nada tiene que ver con el mecanismo de elección utilizado, porque una cosa es ser electo mediante elecciones libres y bajo los principios de la democracia, y otra muy distinta es gobernar pisoteando esos principios.
A veces esa comprensión de la realidad no llega tan fácil. Esto es obvio si consideramos lo difícil que resulta para cualquier ser humano el entender que todos aquellos principios en los cuales se formó, y para los cuales luchó, pretendan ser sustituidos por otros totalmente contrarios. Venezuela es un buen ejemplo de lo que esto significa, pero tenemos que tener claro cuál es el tipo de gobierno que queremos defender.
La diferencia entre un sistema democrático; en donde este sea “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo,” y uno totalitario, se basa en el dominio que se tenga de todo el aparato del Estado: si un gobernante es demócrata ejercerá su gobierno desde el puesto ejecutivo y dejará que cada uno de los demás poderes públicos haga lo propio, manteniendo éstos su independencia entre si. Es lo que hemos conocido como el principio de separación de poderes: el Estado está gobernado por un presidente o jefe de Estado; pero existen distintos poderes públicos que representan, no al jefe de Estado, sino al pueblo que detenta la soberanía, la cual ejerce mediante el sufragio. Esto no es lo que sucede en Venezuela.
En Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana promulgada en 1999, agregó a los tres poderes públicos nacionales tradicionales: poder legislativo; poder ejecutivo y poder judicial, el poder ciudadano, constituido por el Defensor del Pueblo; el Fiscal General de la República y el Contralor General de la República; y el poder electoral, cuyo órgano rector es el Consejo Nacional Electoral.
Cada una de esas ramas del poder público nacional ha sido usurpada por el jefe de Estado, en la persona del presidente Hugo Chávez. Es el presidente de la República el que dirige la atención respecto hacia dónde debe inclinarse la balanza de la Justicia. Es el presidente de la República quien decide qué tipo de Leyes requieren de la aprobación de la Asamblea Nacional. Es el presidente de la República quien decide a qué funcionarios públicos hay que investigar por hechos de corrupción y cuáles casos hay que silenciar. Es el presidente de la República quien establece el número de votos que desea recolecte el Consejo Nacional Electoral a su favor…
Pero veamos algunos aspectos de esos nuevos poderes públicos. La mención del poder ciudadano resulta patética. Representado por aquellos funcionarios cuya competencia se encuentra directamente vinculada a la defensa de los derechos de los ciudadanos; ya sea ejerciendo la acción penal frente a los Tribunales de la República; ya sea instando a los órganos competentes a actuar en representación de aquellos cuyos derechos han sido lesionados; ya sea supervisando la correcta administración de los bienes del Estado y la sumisión de los funcionarios públicos al principio de la legalidad. En TODAS estas situaciones el venezolano común está conteste que ninguna oportunidad posee de obtener un resarcimiento de sus derechos lesionados, porque es pública la sumisión de los representantes de dichos organismos a la voluntad del jefe de Estado, y es pública la determinación de éste de no gobernar en beneficio del sector de la población que no apoya su gestión de gobierno.
El otro poder al que haremos mención; aunque no menos importante que los anteriores, es el poder electoral, en manos fundamentalmente del Consejo Nacional Electoral (CNE). Este organismo se encuentra compuesto por cinco rectores principales; de los cuales cuatro son afectos al gobierno nacional. El CNE representa una parcialidad a los intereses del jefe de Estado tan grande, que si tuviéramos que referirnos únicamente a las actividades de uno solo de los poderes como ejemplo de abuso de poder y falta de independencia e imparcialidad, sin duda alguna escogeríamos a esta rama del poder público. Para demostrarlo podríamos mencionar infinidad de casos; unos producidos en el pasado como la conducción del referéndum revocatorio por parte de estas autoridades electorales, en donde se autorizaron todo tipo de vicios en beneficio del presidente de la República. Estos vicios fueron, entre muchos otros, la inscripción en el Registro Electoral Permanente de infinidad de personas cuyos datos exactos aún hoy en día, a dos años después, todavía se desconocen. También podríamos hablar del procedimiento de cedulación autorizado por este organismo sin que existiera un mecanismo claro que demostrare que los datos contenidos en esas cédulas de identidad son efectivamente ciertos; o la anulación de infinidad de firmas que apoyaban la solicitud del referéndum revocatorio en contra del Jefe de Estado basados en causales no contempladas en la Ley; el impedimento de participación de la sociedad civil en eventos tradicionalmente permitidos, como el caso de la no facilitación a los grupos de oposición de los datos de cada uno de los inscritos en el registro electoral para su verificación; o la negativa a que la sociedad civil participe en las auditorias a las mesas electorales, así como en el conteo manual de los votos introducidos en las cajas de votación.
Pero si esto no fuera concluyente; la conducta de sus miembros, particularmente del presidente del organismo, deja mucho que desear respecto a lo que debe ser el árbitro electoral. Hace apenas pocos días los venezolanos vimos al actual presidente del CNE participando en mitines a favor del gobierno nacional, así como refiriéndose de manera indecorosa a los miembros de la oposición venezolana. Adicionalmente a esta conducta, la cual riñe hasta con las más elementales normas de urbanidad, ese mismo funcionario ha sido visto públicamente acompañando de manera personal en eventos políticos a candidatos presidenciales de gobiernos pertenecientes a países distintos a Venezuela; hecho que involucra al Estado venezolano en la política interna de otros Estados. Nos estamos refiriendo a las recientes elecciones presidenciales realizadas en el Perú; en donde pasando por encima de las denuncias que miembros de la sociedad peruana habían realizado en contra de la intervención del gobierno de Venezuela en los asuntos internos del Perú, fue filmado el actual presidente del organismo electoral venezolano, actuando en forma más allá de sus funciones como observador electoral, acompañando de manera particular y prácticamente fungiendo como guardaespaldas, al candidato presidencial Ollanta Humala.
Frente a esta particular situación que vive la democracia en Venezuela, existe otra realidad que pinta el panorama nacional; y que de analizarse con toda objetividad contribuiría a transmitir al mundo la crisis que padecemos. Nos estamos refiriendo a la limitación que cada día se hace más palpable de los derechos de los ciudadanos; y que de existir la independencia entre cada uno de esos poderes públicos a los cuales nos hemos referido, sin duda alguna que tales hechos no debieran producirse, o en todo caso tendrían una pronta solución. Hechos originados por el gobierno nacional como el desconocimiento de la propiedad privada; instigación a los particulares a la invasión de tierras e inmuebles en general; apertura de procesos judiciales a quienes disienten de la política del gobierno; militarización de los poderes públicos; establecimiento de mecanismos de coacción y hasta de espionaje de la vida privada de las personas contrarias al régimen, como lo demuestra la publicación de las llamadas “lista Tascón y lista Maisanta;” trabas para dotar a los opositores al gobierno de sus documentos de identidad; impedimento a contratar con el Estado venezolano, así como a estudiar en centros educativos públicos a quienes hayan manifestado su disconformidad en contra de la política del gobierno durante el proceso revocatorio; despido a estas mismas personas si para el momento del ejercicio de su derecho se desempeñaban dentro de la administración pública; incitación al odio entre miembros de grupos relacionados con el gobierno nacional y miembros de la oposición venezolana por parte del mismo presidente de la República; creación de grupos violentos en contra de la oposición venezolana; llamado permanente a la violencia y a la guerra en contra de potencias extranjeras por parte del jefe de Estado; militarización de la sociedad civil; desarrollo de una política armamentista de la Fuerza Armada venezolana; agresiones en contra de la iglesia católica venezolana y amenazas en contra de algunos de sus jerarcas; pretensión de intervención de la educación en todos los niveles; inseguridad personal galopante en donde en oportunidades es prácticamente imposible distinguir entre una agresión de un delincuente común y una producida por razones políticas; limitación al desarrollo económico mediante el establecimiento del control de cambio, el cual es mucho más riguroso para los miembros de la oposición; limitación a la libertad de expresión mediante la aplicación de sanciones, o la persecución a los medios de comunicación que transgredan los intereses del gobierno; desarrollo de una política exterior por parte del Estado venezolano a favor de regímenes considerados mundialmente como no democráticos, así como con grupos vinculados al terrorismo internacional; permanentes denuncias en contra del gobierno de Venezuela por parte de gobiernos y autoridades extranjeras de intervención en los asuntos internos de otros Estados; entre otros, nos dan una idea de hacia dónde se dirige el Estado venezolano, así como su repercusión en la seguridad continental.
Pero tal y como señaláramos, muchas veces los mismos afectados son quienes menos pueden apreciar lo que sucede a su alrededor; y esto no escapa a la sociedad venezolana. En efecto, frente al planteamiento de ausencia de valores democráticos; cualquiera, fuera del contexto venezolano, podría comprender la imposibilidad de participar en un proceso electoral, cuando el mismo carece de las condiciones mínimas aceptables para ser precisamente considerado democrático. No obstante; aún a pesar de los resultados de los últimos procesos electorales realizados en Venezuela, en donde el nivel de abstención ha superado en todos los casos el 75 % de los votantes inscritos, todavía existen personas y grupos pertenecientes a partidos políticos capaces de pensar que resulta factible jugar a la democracia en gobiernos en donde no existe democracia. Algunos incluso aún cuando reconocen la poca probabilidad de lograr un triunfo electoral, advierten con una ingenuidad más allá de lo racional, que dicha pérdida electoral, si fuere el caso (muy probable por cierto) “serviría como bastión para continuar con la lucha política y el desarrollo de un liderazgo en Venezuela.” La conducta de estas personas y su reto personal resultaría loable si no estuviera en juego, no el liderazgo individual o el sondeo de la popularidad de unos cuantos. Pero nos estamos refiriendo a la verdadera y última posibilidad, por lo menos respecto a elecciones presidenciales, de demostrar al mundo que en Venezuela es imposible participar en procesos eleccionarios; no porque no exista un Registro Electoral confiable, o porque el sistema de votación sea computarizado y no manual, (hechos que desdicen de la transparencia de cualquier proceso de votación.) La razón estriba en que en Venezuela ese sistema de gobierno que garantiza el ejercicio de la soberanía y en el cual se basa la democracia, ha dejado de existir para otorgarle a un solo ser, entiéndase el presidente de la República, el poder omnipotente para decidir el destino de un país y hasta la libertad o vida de las personas.
Entre ese grupo de respetables venezolanos que todavía se niegan a apreciar el panorama que tienen frente a si, existen aquellos que basados en la experiencia de años anteriores piensan sencillamente que así como el actual jefe de Estado fue designado para el ejercicio de su cargo en elecciones libres en 1998, de igual forma debe salir de la presidencia de la República. Olvidan estas personas que el sistema de gobierno imperante en Venezuela desde 1958 fue el democrático; y que fue en base a éste que elegimos al actual presidente de la República, más esta situación no es precisamente la presente… Las elecciones celebradas el 6 de diciembre de 1998, con todas las fallas que hubieran podido existir, fueron realizadas en el marco más amplio de libertades. Prueba de ello resulta al considerar el hecho de que aún habiendo existido entonces tanto temor y suspicacia por el posible triunfo del Comandante Hugo Chávez, quien presentaba su opción electoral después de haber participado en un intento de golpe de Estado que lo llevó a prisión; ese triunfo, que hubiera podido evitarse mediante cualquier maniobra, fue respetado, y nunca, bajo ninguna circunstancia, hubo siquiera la tentativa de impedir que el ganador asumiera la presidencia de la República.
El tema de las elecciones da mucho que hablar; y en razón de la asimilación de éstas al concepto de democracia, es por lo que muchos autócratas han pretendido legitimar sus dictaduras bajo la bendición de haber participado en elecciones. De allí que el presidente Hugo Chávez demuestre tal alteración de nervios cada vez que asume públicamente el tema y manifiesta su molestia por la posibilidad de que la oposición venezolana fuere capaz de “hacer la marramucia de no presentar candidatos.” Esta afirmación presidencial por lo demás resulta contradictoria si consideramos que siendo el voto un derecho, como lo establece la Constitución de la República, mal podría obligarse a una persona a presentarse como candidato presidencial, cuando esa determinación obedece a un acto voluntario de consciencia, consecuencia del ejercicio de la soberanía. Es cierto que las elecciones han sido tradicionalmente buena señal de la existencia de las democracias en el mundo, pero no es más que eso: una demostración, entre muchas otras, de la existencia de libertades en un Estado. Pero así como dictadores y autócratas han utilizado a las elecciones para mimetizarse con las democracias que han aplastado; gobiernos y potencias extranjeras y hasta organizaciones internacionales, se han hecho de la vista gorda frente a los abusos de esos dictadores, bajo la excusa de que estos han sido elegidos libremente por sus pueblos en una abierta democracia. Ejemplos palpables tenemos de muchos de esos tiranos: Adolfo Hitler en Alemania en 1933; Saddan Husseim, ratificado en Irak con el 100 % de los votos en un referéndum en 2002; Hosni Mubarak ratificado en Egipto mediante referéndum con el 88.6 % de los votos en 2005; Bashar Al- Asad designado en Siria en el 2000 mediante plebiscito como presidente de ese país en sustitución de su padre Hafiz, quien ha mantenido a Siria en estado de emergencia desde 1963 y cuyo gobierno ocupa el segundo lugar en larga duración en el medio oriente, después de Libia, la cual ha sido gobernada por más de 36 años por el dictador Muammar al- Qaddafi; Fidel Castro en Cuba de manera periódica, en donde más del 95 % del electorado cubano participa en los procesos electorales y en el cual sistemáticamente los diputados de la Asamblea Nacional Popular lo han escogido como jefe de gobierno, siendo ésta la persona con más tiempo en el poder en lo que va de la historia contemporánea del mundo.
Como corolario de lo antes dicho, resulta paradójico que aquellos que han denunciado la carencia o inexistencia de valores democráticos del gobierno del presidente Chávez, sean en su gran mayoría quienes propician la participación de la ciudadanía en los venideros comicios presidenciales. Más aún, quienes así se refieren a la naturaleza del gobierno del Comandante Chávez son quienes en la práctica demuestran con su hacer que en Venezuela la democracia es nuestro sistema de gobierno y que la misma avanza a verdaderos pasos agigantados. Ninguna otra explicación puede haber al hecho de presentarse como candidatos a ocupar el Comité de Postulaciones para designar al nuevo Consejo Nacional Electoral; ofrecer sus nombres como opciones a ocupar este organismo electoral; presentar sus candidaturas o la de sus allegados como posibilidades electorales; convocar a la escogencia de un candidato único a las elecciones presidenciales; y por último, como si la situación estuviera para eso, acusar a quienes no compartimos su tesis electoral con epítetos de toda naturaleza, los cuales desdicen de su vocación democrática. Frente a todas estas manifestaciones que en principio sólo se producen en democracia, vale la pena preguntarles: ¿Cómo pueden pretender quienes propician esas elecciones, que potencia alguna en el planeta, u organismo internacional que se respete, sea capaz de considerar siquiera la hipótesis de una tiranía en nuestro país? ¿Estarán conscientes estas personas que tales afirmaciones, así como tales acciones, erradas por lo demás y faltas de realismo, contribuyen a distorsionar la imagen que se tiene de nuestro país y del sistema de gobierno que nos representa? ¿A qué se refieren estas personas cuando hablan de que si no logran el triunfo electoral en el mes de diciembre, su candidatura habría servido para desarrollar un liderazgo? ¿Liderazgo en dictadura y a qué precio para los venezolanos?
Todo acto produce consecuencias; ese es un concepto universal. De la reacción de los venezolanos frente a la farsa que pretende ejecutar el gobierno de Venezuela participando en las próximas elecciones como si en nuestro país hubiera posibilidades de actuar en democracia, dependerá el afianzamiento o el debilitamiento de un régimen que se ha mantenido más que por su propio poder, por la incapacidad de cierto sector de la oposición venezolana. Nuestra sociedad ha sido magnánima con muchos de esos dirigentes, quienes han propuesto desde hace un poco más de tres años distintas acciones, las cuales todas nos han llevado al fracaso. Pero la sociedad venezolana no solo está compuesta por quienes sistemáticamente enseñan su cara, probablemente con buenas intenciones, ante los medios de comunicación. Los venezolanos somos personas de honor; pacíficos por naturaleza; comprensivos y hasta bonachones; pero no tontos ni carentes de pundonor. No es justo el que aquellos que nos han llevado a error tras error sean capaces de llevarnos una vez más hacia el abismo sin que exista nadie que lo advierta; y bajo la mirada acusadora de estas personas de no seguir nosotros sus lineamientos. Venezuela es de absolutamente todos los venezolanos de bien, de la ideología que fuere y de la raza que pareciere. Estamos a tiempo de frenar este grave error que apuntalará al presidente Chávez y su gobierno por mucho más de 6 anos en el poder. Para ello necesitamos estar claros respecto a cuál es la verdadera situación venezolana y qué se espera con la no participación en un proceso que, a diferencia de lo que creen quienes no encuentran otro asidero para su realce personal que las elecciones, legitimaría al actual régimen, así como justificaría la no participación de cualquier Estado del continente para tratar de colaborar con quienes necesitamos una tabla de salvación. Es cierto que necesitamos de manos amigas en el país que nos ayuden a guiarnos en el camino; pero también es cierto que ha habido muchos intereses que han conspirado en contra de esto. Para poder transitar por la senda de la libertad será necesario imponerse no una, sino mil veces, en contra de opiniones erradas o de intereses bastardos. No es posible participar ni apoyar actos electorales, no porque dudemos de la capacidad de quienes presentan su opción, sino porque no hay nada que celebrar.
El gobierno ya lo ha dicho: la consigna son 10 millones de votos y de algún lado los tendrá que sacar, pero no del nuestro.-
Abril 20, 2006
