Foto Enio Perdomo

Los ajusticiamientos, por parte de los cuerpos policiales, existen desde hace mucho tiempo. En la V República, se han multiplicado. La Fiscalía reporta 3.500 asesinatos

GIULIANA CHIAPPE
FRANCISCO OLIVARES

EL UNIVERSAL

Los asesinos con carnet, como los llamó el mismísimo Hugo Chávez, tienen rato disparando por allí. Y los familiares de los muertos también tienen rato, mucho rato, intentando que se investigue, que se sancione, que funcione la fiscalía, la defensoría, la justicia.Un vistazo a los expedientes archivados en la Fiscalía General y sus dependencias regionales o una conversación con el fiscal general, que los debería conocer; una miradita a cualquiera de las tantas denuncias que, por prensa de provincia o nacional, han hecho los dolientes desde hace años, hubiera bastado para responderle al Presidente la pregunta que se hizo el domingo: ¿Desde cuándo estarán ocurriendo cosas así?

Pues desde hace muchísimo. Desde la IV República, cómo no, pero infinitamente más en la V República. Sobre la base de denuncias introducidas ante distintas instancias, lo que puede dejar por fuera otros homicidios no reportados, se calcula que entre 2000 y 2005 han sido ajusticiadas 2.500 personas, aproximadamente. Esto no incluye enfrentamientos sino sólo ajusticiamientos.

Entre 1994 y 1998, la cifra de asesinatos extrajudiciales era mucho menor: 126 muertos entre 1994 y 1995; 146 entre 1995 y 1996; 151 entre 1996 y 1997; y 104 entre 1997 y 1998, para un total de 527 contra los 2.500 de la V República. Todas estas cifras pertenecen a la Asociación Civil Fuerza Integradora, entre cuyos miembros se cuenta el abogado Alfredo Romero.

En la Fiscalía, las cifras son más alarmantes, porque incluyen cualquier tipo de denuncia por muerte debido a excesos policiales. Sus cuentas hablan de 3550 asesinados.

Con el doloroso asesinato de Erick Montenegro, Edgar Quintero y Leonardo Hernández, estudiantes de la Universidad Santa María, en el barrio Kennedy, sonó el timbrazo que provocó públicas reacciones políticas, comenzando por la del Presidente de la República. Esta atrocidad ocurrió en Caracas, tocó a la clase media, acabó con jóvenes prometedores. Pero no es una situación nueva: ocurre a diario, y en todo el país. De nuevo: existen cerca de 2.500 denuncias por asesinatos extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad. El perfil de los muertos suele ser hombres entre 14 y 25 años; sin antecedentes; de origen muy humilde, muertos a punta de numerosos balazos, entre seis y 50. La característica común es la impunidad para los asesinos.

 

Una pistola de tres bocas
Los asesinatos son a sangre fría y los disparos también parecen congelar a los organismos que deberían ejercer la defensa y la justicia del ciudadano.

Los orígenes de la multiplicación de los ajusticiamientos son tres: el problema político, el social y el jurídico, según el análisis de Alfredo Romero.

El político impide que, por intereses partidistas, se investigue y sancione a los gobernadores, alcaldes y autoridades bajo cuyas jurisdicciones ocurren las muertes a mansalva. El jurídico, con burocracia e intereses, evita que se procese y sancione a los responsables, porque la defensoría no presiona, la fiscalía no investiga, los tribunales no sentencian. El social es el más complejo, pues comienza justificando los asesinatos porque asumen que las víctimas son delincuentes. La sanción debería venir por la vía judicial. Como no llega, la sociedad justifica otro tipo de medidas.

Es entonces cuando la impunidad se arraiga en los funcionarios armados y ejecutan, a sus anchas, la pena de muerte. Contra quien sea.

“El policía se convierte en un ser totalmente autónomo, porque sabe que no le va a pasar nada”, sentencia Romero. Denuncia que se ha llegado a sospechar que se trata de operativos para “limpiar” la sociedad: “La Policía de Anzoátegui, en un barrio, mató a ocho personas, sin control, incluso a un niño de ocho años”.

Romero advierte que si algo demuestra que esta arbitraria pena de muerte es un desordenado proyecto contra la delincuencia, Venezuela puede ser juzgada en el Tribunal de La Haya por crímenes de lesa humanidad.

 

La gran excusa
Aferrándose a la pena de los familiares de Erick, Edgar y Leonardo, los estudiantes de la Universidad Santa María, y abanderándose con las exigencias de justicia que han traído consigo dolientes de ajusticiados de Aragua, Guárico y Lara, entre otros estados, el Ejecutivo está colando su gran proyecto: el de crear una Policía Nacional, lo que eliminaría todo tipo de cuerpo policial regional y municipal.

“La ejecución de este proyecto es muy delicada. La idea puede ser centralizar la represión en el Poder Ejecutivo”, manifiesta Romero. Sin entrar en discusión sobre la conveniencia o el perjuicio de mantener un único cuerpo policial, advierte que la solución al problema de los abusos mortales por parte de la policía es entender sus vericuetos y reestructurar las instancias para que sí funcionen. “El policía nacional va a ser el mismo que hoy es el policía regional. Si no se respetan los derechos humanos y se reduce la impunidad, el problema va a continuar”, expresa.

 

Organismos oficiales
Los llamados ajusticiamientos, o penas de muerte ejecutadas a manos de policías, no es un hecho desconocido para las autoridades judiciales. Lo que ha ocurrido en los últimos años es la extensión del problema a casi todas las regiones del país y el aumento significativos de casos.

La Fiscalía refiere en un trabajo publicado el pasado mes de marzo en El Universal que hasta esa fecha se registraron 3.655 denuncias por casos de homicidios cometidos a manos de policías y ajusticiamientos en los últimos 5 años.

En estas actuaciones se vieron involucrados prácticamente todos los estados y sus respectivas policías estadales, así como el nacional Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas (CICPC) con el mayor número de casos, la Guardia Nacional, la FAN, Policía Metropolitana y algunas municipales. Las zonas con mayor número de denuncias los encabezan el Area Metropolitana, Anzoátegui, Zulia, Aragua, Portuguesa, Bolívar, Falcón y Sucre.

Sobre esa situación, la directora de Protección de los Derechos Fundamentales de la Fiscalía, informó que para esa fecha (marzo de 2005) el organismo había realizado 7.721 imputaciones a funcionarios de diferentes organismos de seguridad, tanto por homicidios como lesiones.

Si bien no todos estos casos pueden determinarse como ajusticiamientos, la mayoría apunta hacia ese modo de delito que afecta por igual a cuerpos regionales, nacionales y militares.

La Defensoría del Pueblo también registró numerosas denuncias, exclusivamente, en ajusticiamientos. Entre el año 2000 y 2004 fueron presentadas ante ese organismo unas 1.200 denuncias, registrándose un incremento significativo cada año. A esa cifra se les agregan muertes por torturas, abuso de poder y desapariciones.