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Jun 26 2005

Muerte en Táchira

Expediente

Los asesinatos por encargo y ajusticiamientos se han incrementado en forma vertiginosa en esa región andina. Se calcula que, entre 2000 y 2005, han matado a 1.200 personas sin explicación oficial

GUSTAVO AZOCAR ALCALA

ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

Escena número 1: Dos sujetos tocan a la puerta de una vivienda ubicada en el pasaje Yagual de Puente Real. La dueña de la casa se asoma, observa a dos hombres y les pregunta qué desean. Los dos individuos, bien vestidos, de hablar pausado y seguro, preguntan por Luis Enrique Sandoval.

La señora les pide que esperen un momento y acto seguido, entra a la casa sin advertir que detrás de ella, sigilosamente, también avanzan los dos desconocidos.

Una vez dentro, los hombres sacan a relucir sendas armas de fuego, amenazan a todos los presentes, incluyendo a Luis Enrique Sandoval, a quien se llevan a rastras, lo introducen en un taxi de su propiedad y se marchan con él velozmente.

Al día siguiente, Sandoval, de 35 años, es hallado muerto de varios disparos, dentro de un basurero.

Escena número 2: Julio César Vivas Gómez, de 31 años, camina tranquilamente por la calle 8, entre carreras 15 y 16, a pocos metros del Cuartel Bolívar, sede de la Segunda División de Infantería y Guarnición Militar del Táchira. Son las 12 y 10 minutos de la tarde y un sol abrasador calienta el ambiente de San Cristóbal.

Cerca del lugar, y a pesar de que hay una ordenanza municipal, según la cual dos personas del mismo sexo no pueden viajar en una sola moto, dos sujetos se desplazan velozmente. En la mano, cada uno de ellos, conductor y pasajero, lleva un arma con la que apuntan a la humanidad de Vivas Gómez. Este último observa a los dos hombres y emprende la huida, corre e intenta saltar la cerca de una casa, pero antes de que pueda dar dos pasos, seis balas se le incrustan en la espalda y cae tendido en el pavimento.

Escena número 3: Franklin Danilo Leal llegaba a su trabajo como todos los días, a la 1.30 de la tarde. Su negocio está ubicado frente a la residencia oficial del Gobernador del Táchira, en Barrio Obrero. Ese día, martes 7 de junio, había mucho movimiento en la vieja casona gubernamental. Policías y militares se confundían dentro, porque a esa misma hora tenía lugar una reunión de alto nivel para analizar “la terrible ola de inseguridad que estaba azotando a la región”.

Leal abrió la puerta del establecimiento, y cinco minutos más tarde ingresó un sujeto que, sin mediar palabras, le puso un arma en la cabeza, lo golpeó en la frente, lo hizo arrodillar en el piso, y sin robarse absolutamente nada, le disparó a quemarropa.

Nada de ciencia ficción

Las tres escenas anteriores no fueron sacadas de un capítulo de CSI. Son hechos reales, ocurridos en las calles y avenidas de San Cristóbal. De acuerdo con las estadísticas en poder de las autoridades policiales, desde mediados del año 2000, las cifras de asesinatos por encargo y ajusticiamientos se han multiplicado de forma vertiginosa en esta entidad, colocando al Táchira como uno de los estados más inseguros de Venezuela. Se calcula que entre 2000 y 2005 han ocurrido en esta región más de 1.200 crímenes.

El aumento de la criminalidad tiene sorprendidos a propios y extraños. Los asesinatos se suceden uno tras otro sin que nadie pueda dar explicaciones. Una investigación hemerográfica realizada por El Universal (los organismos de seguridad se niegan a aportar las cifras) demuestra que el aumento es “sospechosamente” desproporcionado. En 1998, se contabilizaron 68 asesinatos, pero en 2003, fueron registrados 456. En 1999, fueron reportados 90 asesinatos mientras que, en lo que va del 2005, ya se contabilizan 220.

Pese a los reiterados anuncios y promesas de las autoridades policiales, las cifras de ajusticiamientos y muertes por encargo siguen en aumento. La investigación realizada por El Universal, da cuenta de que en el mes de enero de 2005, fueron asesinadas 34 personas; en febrero, 38; en marzo, 39; abril 44; mayo registró 48; y en los primeros 15 días del mes de junio, la cifra va por 17 personas muertas, todas por armas de fuego y con el mismo modus operandi.

En total, en lo que va de 2005, han sido asesinadas con arma de fuego 220 personas. Del total de fallecidos, 204 son hombres y 16 son mujeres. Entre las víctimas figuran 15 menores de edad. Las ciudades donde mayor cantidad de asesinatos se han presentado son San Cristóbal, San Antonio, Urea, La Fría, Rubio y Colón.

Los encargados de ejecutar los asesinatos no discriminan. Entre las víctimas figuran comerciantes, estudiantes, taxistas, policías y hasta un guardia nacional. Las cifras indican que, en lo que va de 2005, cada 12 horas al menos una persona es asesinada en el Estado Táchira. A ese ritmo, de acuerdo con cálculos conservadores, el año podría terminar con cerca de 500 muertos.

A esto se le suman las desapariciones. Tres jóvenes tachirenses, Francisco Moros, William Contreras y Carlos Argenis Cañas, junto con un sargento de la Guardia Nacional, Carlos Luis Rodríguez Eraso, viajaban desde El Nula hasta San Cristóbal. Fueron interceptados por vehículos policiales que llevaban doce funcionarios. Luego los trasladaron a la sede del Cicpc en San Cristóbal, donde recibieron torturas y maltratos. Por ser funcionario de la GN, dejaron partir al sargento Rodríguez, con la condición que no hablara. Los otros tres muchachos no han aparecido. El sargento se decidió a hablar.

A partir de entonces, familiares de los desaparecidos han desarrollado una lucha buscando la justicia. Se trata de Clara Ocampo de Moros, Ana Contreras de Bermúdez y Esperanza Contreras de Ramírez quienes, sin cansarse y con recortes de periódicos y fotos de sus muchachos, han golpeado millares de puertas. Lograron, en una primera instancia, que el tribunal octavo de control decretara medida privativa de libertad para seis policías judiciales.

¿Quienes asesinan?

Hace un par de años, el comisario Eddie Alberto Ramírez, jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, sorprendió a propios y extraños, cuando en medio de una rueda de prensa anunció que su despacho estaba investigando a un “grupo de funcionarios policiales”, por su supuesta participación en la ola de crímenes violentos que se estaba presentando en la región.

Ramírez no quiso precisar los nombres de los funcionarios policiales que estaban siendo investigados, pero todo parecía indicar que se trataba de policías uniformados, es decir, miembros de la Dirección de Seguridad y Orden Público (Dirsop) del Estado Táchira. El funcionario del Cicpc (quien fue pasado a retiro por denunciar la presencia de guerrilleros en San Vicente de la Revancha y en el Estado Apure) fue más allá y dijo que “en la región se encuentra operando un grupo exterminio” integrado por policías activos y ex policías.

Ramírez había ordenado a sus hombres un operativo especial para dar captura a los integrantes de ese grupo exterminio, pero desafortunadamente el tiempo no le alcanzó. Fue separado del cargo por “órdenes superiores” luego de declarar a los medios de comunicación que los autores de la masacre de Mata de Caña, en el Estado Apure, donde fueron asesinados cinco personas, entre ellas una funcionaria de Pdvsa, habían sido los miembros del Décimo Frente de las Fuerzas Armadas de Revolución Colombianas, FARC.

Al separar a Ramírez del cargo, paralizaron la investigación en torno a la existencia del supuesto grupo exterminio. Los nombres de los presuntos funcionarios policiales investigados por su supuesta participación en hechos de sangre jamás fueron dados a conocer. Una fuente cercana al ex comisario dijo que “lo sacaron del cargo justo cuando tenía la posibilidad de atrapar a los policías que han estado matando gente en la región. A algunos funcionarios militares y gubernamentales no les agradó que Ramírez los pusiera al descubierto”.

“Al frente de la inseguridad”

El 4 de noviembre de 2004, pocos días después de haber sido reelecto como gobernador del Estado Táchira, el capitán Ronald José Blanco La Cruz ofreció declaraciones al diario La Nación, en las que, textualmente, decía: “Yo mismo me pondré al frente de la inseguridad (…) de ser necesario, me meteré en los cuarteles”.

Blanco La Cruz ha declarado, en reiteradas oportunidades, que “la inseguridad que se vive en el Táchira guarda estrecha relación con el Plan Colombia”. El primer mandatario regional sostiene que “la violencia que nos afecta es culpa de lo que está ocurriendo en el vecino país”, y hasta llegó a señalar, durante una visita que dispensó el ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, para entregar 20 patrullas y diez bicicletas a la policía, que la “ola de violencia que se vive en esta región se desató justo después de la llegada del presidente (colombiano, Alvaro) Uribe”.