Existe una verdadera confabulación para no dejar salir de la cárcel al periodista José Rafael Ramírez, quién ya lleva preso un año y un mes, sin que hasta ahora se vislumbre posibilidad de que la justicia se imponga y se aplique en su caso los que expresamente.

A pesar de que nunca fue formalmente imputado por el Ministerio Publico, en la causa penal que se le sigue, el periodista J.R.Ramírez es acusado del supuesto delito de extorsión contra el magnate empresario petrolero Wilmer Ruperti, pero a esa acusación se le han acumulado tres más por los delitos de difamación e injuria. Una que presentó MANUEL ALBERTO BARROSO, uno de los abogados de WILMER RUPERTI PERDOMO, y artífices de la detención del periodista. La otra acusación contra J.R.Ramírez la presentó TANNOUS FOUAD GERGES, editor de Reporte, diario para el cual trabajaba el hoy periodista preso. En la tercera acusación contra José Rafael Ramírez el protagonista es el empresario revolucionario ALEJANDRO RAMÍREZ SAAVEDRA, quien preside el capítulo Aragua de "Empresarios por Venezuela", y quién además se presentó a ofrecerse al Ministerio Publico, como "testigo" de que el periodista es un extorsionador.

Los abogados José Luis Tamayo y Carlos Ramírez López, defensores del periodista preso, ante lo que califican de escandalosos atropellos procesales, sostienen que JOSE RAFAEL RAMÍREZ CÓRDOVA nunca fue formalmente imputado en la causa penal que se le sigue, por lo que se impone la declaratoria CON LUGAR del AVOCAMIENTO solicitado a la Sala Penal del TSJ hace cerca de seis meses, cuya petición se ve robustecida aún más a la luz del resto de las arbitrariedades también denunciadas, no menos violatorias al debido proceso, derecho a la defensa y tutela judicial efectiva, intolerables e inaceptables en un Estado de Derecho como el que nos rige.

Sostienen que:

1.- El expediente contra J.R.Ramírez se inició con una "Trascripción de Novedad" del CICPC Chacao según la cual el abogado Alberto Barroso se presentó en esa Delegación a la 1 y 20 minutos de la tarde del 12 de Junio de 2007, el mismo día de su detención, e informó que recibió una llamada telefónica del ciudadano Francisco Salvador Madrid (jefe de seguridad del denunciante) donde le informaba que el periodista José Rafael Ramírez estaba extorsionando a su cliente, Wilmer Ruperti, a través suyo pidiéndole cuatrocientos mil dólares por no publicar artículos de prensa que dañaran la imagen publica del magnate petrolero, y que como adelanto se le iba a entregar cinco mil dólares en el café-restaurante "El Príncipe Andrés" del centro comercial San Ignacio, en Caracas.

2.- Seguidamente aparece un acta según la cual el abogado Alberto Barroso se presentó nuevamente al CICPC de Chacao a las 2 y 15 minutos de la tarde, o sea una hora después de la comparecencia anterior, a denunciar que un representado suyo de nombre Francisco Salvador Madriz (el antes nombrado jefe de seguridad) "iba a realizar la entrega de 5.000 dólares a un sujeto que tiene extorsionado a su jefe, Wilmer Ruperti…" Agregó que el extorsionador era de contextura obesa, vestido de pantalón azul, guayabera blanca y zapatos negros. Dice el acta que "una vez obtenida tal información y previo conocimiento de la superioridad" los funcionarios se trasladaron al lugar y encontraron que un ciudadano de tez blanca, contextura regular, cabello negro, le hacía entrega de un sobre Manila a un sujeto que cumplía con las características antes mencionadas por el abogado Barroso, que el sujeto tomó el sobre, entró al restaurante donde lo consiguieron abriendo el sobre y allí lo detuvieron, aún cuando el sujeto se resistió, por lo que pidieron refuerzos y finalmente ejecutaron la detención. Además esta acta dice que dentro del sobre había 5.000 dólares.

3.- Como se puede observar, el abogado Barroso denuncia un hecho futuro, una entrega de dinero que se iba a realizar, pero sin embargo ya sabía como iría vestido el supuesto extorsionador: guayabera blanca, pantalón azul y zapatos negros ¿es el vidente este denunciante? Respuesta: No, no es un vidente, esto lo que demuestra es que dicha denuncia la montaron después de la detención del periodista, es decir, forjaron así, un acto falso, ya que cuando Madriz supuestamente se había reunido con él en el restaurante, ya lo habían hecho preso, y después se sentaron a escribir la denuncia. ¡Esa es la policía que "nos cuida" a los venezolanos! ¡Esa es la policía que tiene la misión de perseguir el crimen en nuestro país! Una policía que se presta para fabricar un hecho delictivo, solo para llevarse preso a un periodista crítico que tiene por oficio denunciar hechos de corrupción. El jefe de esa policía era para ese momento, nada menos que Pedro Carreño el Ministro de Interior y Justicia.

4.- ¿Por qué el CICPC atendió tan rápidamente esta denuncia presentada sin evidencia alguna y de inmediato salió a detener al periodista? No había escándalo, no era obvia la comisión de un delito, y para el supuesto negado de que él estuviera recibiendo un sobre con dinero, eso no daba lugar a que la policía, sin más concluyera que trataba de un delito y en estado de flagrancia. Sin duda que había instrucciones precisas de la "superioridad" policial para que detuvieran al periodista como lo hicieron, lo que evidencia la maquinación, la premeditación del montaje y la intervención de la jefatura política del gobierno para acallar la única voz de denuncia contra la corruptela del Poder Judicial. No les gusta que se denuncien los hechos de corrupción, no quieren que la ciudadanía se entere de las irregularidades que se suceden en el manejo de la cosa pública, por eso asaltan periódicos, cierran televisoras, amenazan y amedrentan medios, persiguen y apresan a periodistas. Y toda esa complacencia es porque precisamente los actores de los hechos que se denuncian están ubicados en las más altas esferas gubernamentales, están disfrutando del robo.

5.- Los policías dicen que abordaron al periodista dentro del restaurante en el momento en que estaba abriendo el sobre, pero en la misma acta se contradicen cuando, seguidamente dicen, que dejó dicho sobre la mesa y que se paró de allí enfrentando a la comisión policial agresivamente y que gritaba que era periodista y que lo estaban sembrando. También agregan que ellos procedieron a "verificar" el contenido del sobre, constatando entonces que allí había 5.000 dólares. Los policías le tomaron declaración a dos empleados del restaurante, una muchacha de nombre Victoria Mireya Roa Guerrero quien afirma que los policías tomaron el sobre y lo abrieron y que adentro había dinero "creo que eran dólares, desconozco cuanto". Dice que esto ocurrió entre 12 y 30 PM y 1:00 PM. El otro mesonero es un joven de nombre Alberto Jaider González Mejías, quien afirma que los hechos ocurrieron entre las 2:00 y las 2:20 minutos de la tarde, y dice que estando sentado José Rafael Ramírez, esperando la cuenta, en una mesita al frente de la máquina registradora llegaron los policías, le pidieron la cédula y agarraron el sobre, agregando que no sabía nada de su contenido.

6.- Contradicciones en relación a las horas son abundantes, así como también en relación a la apertura del sobre.

7.- Para colmo en el amañado expediente que forjaron en la policía aparece una declaración del jefe de seguridad del magnate petrolero Wilmer Ruperti, Francisco Salvador Madriz, a las 3:00 de la tarde, quien afirma que se reunió Ramírez para entregarle el sobre con los dólares. Confiesa que él fue quien preparó el sobre con los dólares, que además me hizo grabar en un video que consignó. Es decir, este sujeto asumió la responsabilidad por haber preconstituido pruebas con las que me acusa, o sea que fabricó sus propias pruebas. Esto es tan burdo que cuando las fiscales que lo imputaron le presentaron ese video al juez, a un juez que ya tenía las instrucciones de dejar preso al periodista a como diera lugar, pues luego de terminar de ver el video y darse cuenta de su ilegalidad, pegó un brinco y dijo "ese video yo ni lo vi, ese video es ilegal". Nosotros agregamos, es un montaje que no solo es ilegal, sino que es un elemento delictivo del cual se valieron para armar toda esta maquinación simulatoria. Quien vea ese video se da cuenta inmediata del montaje, tanto que en la mesa aparecen dos sobres, lo que permite preguntar ¿en cual estaba los 5 mil dólares?, si es que los había. Lo más grave es que el Ministerio Público, sin ningún escrúpulo, usa ese tipo de medios, formado con la participación de un sujeto que fue botado de dicha institución por graves violaciones a la Constitución y a la ley como lo es Manuel Alberto Barroso, como aval para privar de su libertad a una persona inocente.

8.- ¿Cómo a permite el Ministerio Público que una persona fabrique sus propios medios de prueba para acusar a otro? Si, en este caso, los acusadores estaban en verdad siendo extorsionados como afirman por qué no hicieron, como es debido, una denuncia previa ante el Ministerio Público para que este ordenara las investigaciones, obtuviera una orden para grabarlo, para intervenir sus teléfonos, para seguirlo. Los fiscales habrían podido hacer certificar por un juez todas esas actuaciones, e incluso una previa inspección de los dólares que supuestamente le iban a entregar. Ellos tenían la posibilidad de usar la técnica policial para marcar los billetes e incluso impregnar el sobre de los químicos especiales que en estos casos utilizan para dejar marcadas las huellas de quien recibe, pero no lo hicieron. En este punto hay que preguntarse: ¿Porqué no actuaron derechamente conforme a la ley? La respuesta es sencilla: Evadieron hacerlo porque todo era mentira. Luego, lo abominable es que siendo tan evidente la violación a la ley, el Ministerio Público no solo se hizo la vista gorda, sino que además se aprovechó de esta ilegalidad, se sirve de estas grabaciones montadas e ilegales, clandestinas, trucadas y fraudulentas para pedir el enjuiciamiento y la privación de libertad contra el periodista.

9.- En el expediente dicen que en principio el periodista pidió cuatro (4) millones de dólares y que luego tranzó por 400 mil, para finalmente recibir 5 mil dólares, ¿creíble esto? que, dicen ellos, utilizaría para viajar ese fin de semana a los Estados Unidos, donde recibiría por vía de transferencia bancaria los restante 400 mil. En esta parte hay que destacar que el periodista José Rafael Ramírez no ha tenido jamás y no tiene aun, visa norteamericana, pues nunca en su vida la ha solicitado, cuestión que puede constatarse con la propia Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, país al que nunca ha viajado, por lo tanto, tampoco tiene allá cuanta bancaria para recibir transferencias. Además, tiene su pasaporte vencido desde año 2006, luego de viajar a México como enviado especial, a cubrir las elecciones presidenciales de ese país.

No hay que olvidar que, a solo horas de haberse producido la arbitraria detención de José Rafael Ramírez, ejecutada por funcionarios del CICPC-Chacao, que usurparon las funciones del Ministerio Publico, se produjo la inusual rueda de prensa que ofreció en la sede de la policía política, la DISIP, Pedro Carreño, -repetimos- para ese momento ministro de Interior y Justicia, calificando al periodista de peligroso delincuente. En las notas de prensa publicada en esa fecha se leen las declaraciones de Carreño y en ella se destaca: "El periodista José Rafael Ramírez extorsionaba a empresarios y funcionarios a quienes sometía a escarnio público a través de su columna. El caso que ha provocado su detención es la extorsión a un empresario de la industria petrolera sobre quien publicó informaciones que le implicaban en acciones irregulares. Cuando el empresario le llamó para una rectificación, Ramírez le dijo que "todo tenía un precio y que debían transarse". Ayer estaba recibiendo 5.000 US $ con los que debía trasladarse a Miami donde iban a hacerle entrega de 400.000 US $.". Allí mismo el entonces ministro Pedro Carreño instó al juez que debía conocer su causa a que le aplicara todo el rigor de la ley, además que aprovechó para poner en tela de juicio el ejercicio del periodismo en Venezuela. No conforme con semejante show, el régimen, en la persona del diputado Luís Tascón, amigo personal de la supuesta víctima WILMER RUPERTI, montó una función de circo en la Asamblea Nacional, presentándole al país el ilegal video montado, para terminar de descalificarlo públicamente, no solo a él, sino al ejercicio del periodismo venezolano. Interpelaron a RUPERTI y allí él mismo, en persona y con el país de testigo, reconoció que no conocía al periodista preso y que jamás habló con él, ni personal, ni telefónicamente ni a través de ningún otro medio, amen de que aseguró, que jamás habló de extorsión alguna. En esa misma "SESIÓN EXTRAORDINARIA" de la Comisión designada para tal efecto, ampliamente difundida en vivo y en directo por varias televisoras, se dijo que para salvaguardar el derecho a la defensa de J.R.Ramírez, también a él se le interpelaría. Varias veces los abogados José Luís Tamayo y Carlos Ramírez López, solicitaron por escrito que lo llevaran a la Asamblea Nacional a declarar, como fue aprobado, y todavía se está a la espera que los diputados y el país escuche su versión.

El caso judicial de este polémico periodista nadie lo entiende y su defensa sostiene que en el expediente no hay ni una sola razón para mantenerlo preso, destacando, como ya hemos visto, que se trata de un burdo montaje que raya en la simulación de un hecho punible para mantenerlo privado "legalmente" de su libertad y por ende silenciado en un calabozo. Desde el 29 de febrero pasado la Sala Penal del TSJ se avocó a conocer su causa, paro el tiempo transcurre y nada que aparece la sentencia. En ese avocamiento ocurrió un insólito hecho de que la Sala Penal en vez de solicitar el original del expediente, como es normal en todos los caso, sobre todo cuando la defensa fundamenta en la solicitud de avocamiento entre otras, las violaciones siguientes: 1) Que "… fue detenido a merced de un ilegal y tramposo procedimiento tomando por su acusados en complicidad con funcionarios del CICPC de Chacao, para ponerlo preso. 2) Que: "… el juez de control, en la audiencia de presentación del día 14 de junio de 2007, convocada para ‘oír al imputado’, le impidió rendir declaración, pese a que de manera expresa pidió hacerlo…". 3) Que: "… jamás fue imputado formalmente de los delitos por los cuales se le acusó posteriormente…" (Resaltado de la Sala). 4) Que: "…le fueron negadas injustamente la evacuación de fundamentales diligencias de investigación para desvirtuar las imputaciones que se le hacían, pese a haber sido solicitadas en tiempo hábil y fundamentadas adecuadamente, en especial, la concerniente a la RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS; y, para esa negativa, el juez 52° de control llegó, inclusive, a adulterar opiniones doctrinales…". 5) Que: "…el juez de control que conoció inicialmente de su causa fue separado de ella, por decisión de la Corte de Apelaciones, por graves sospechas de parcialidad…". 6) Que: "… el recurso de apelación que se intentó contra la medida privativa de libertad tardó más de SEIS (6) MESES en ser decidido, merced de la inepta actuación procesal de los jueces integrantes de la Sala 9 de la Corte de Apelaciones…". 7) Que: "… el juez de control que conoció la fase intermedia de sus caso, desechó sin brindar ninguna explicación válida ni jurídica, los contundentes alegatos defensivos esgrimidos en su favor, desconociendo arbitraria y deliberadamente la jurisprudencia reiterada de esta Honorable Sala Penal respecto a la insoslayable necesidad de imputación posterior de los detenidos en flagrancia…". (Resaltado de la Sala). 8) Que: "…para dejar sin efecto la orden de excarcelación decretada a su favor, tres fiscales del Ministerio Público designados por la ciudadana Fiscal General (…) para intervenir en la causa, pidieron a la Juez 17° de Juicio sustituta (…) la aplicación del efecto suspensivo del artículo 374 del COPP, no obstante que esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N° 370, de fecha 4 de julio de 2007, con　 ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, declaró que: ‘ el efecto suspensivo previsto en los artículos 374 y 439 del Código Orgánico Procesal Penal no es aplicable al Auto que acuerda la libertad…’. 9) Que: "… el estado de salud de RAMÍREZ CÓRDOVA es tal, que la Enfermería del Retén de La Planta, preocupada y alarmada por la situación, informa diariamente a la juez de la causa el progresivo deterioro de ella…". También la defensa del periodista solicitó a la Sala Penal　 admitiera el avocamiento, se avocara al estudio de la causa penal, y en consecuencia, haga cesar el "atropello judicial" contra su defendido, también ordene su traslado a un Centro Asistencial y las demás medidas legales que han de ser adoptadas en atención a la reiterada violación de los derechos y garantías constitucionales del ciudadano JOSÉ RAFAEL RAMÍREZ CÓRDOVA.

No conforme con el calvario que le han impuesto, al periodista le han abierto dos nuevos juicios por Difamación e Injuria y le reactivaron un tercero que estaba engavetado desde el año 2004.

El primero lo intentó el abogado Manuel Alberto Barroso, quién se siente difamado e injuriado por José Rafael Ramírez al haber contado como ocurrió lo que ocurrió. También el editor de Reporte, Tannous Gerges se metió en la confabulación contra su ex empleado, acusándolo también por Difamación e injuria, fundamentándose en una nota publicada en La Razón, donde J.R.Ramírez se quejó de que este lo abandonó en este problema, sabiéndolo inocente. La tercera acusación la intentó en el 2004 el empresario inscrito en el PSUV, Alejandro Ramírez Saavedra, la cual estaba paralizada, pero que ahora ha sido reactivada, con la intención de cerrarle a Ramírez cualquier posibilidad de libertad.

Sobre este último, en su columna "Polémica Judicial", el periodista J.R.Ramírez escribió el 11 de abril de 2004, entre otras cosas lo siguiente: "Esta nota que a continuación van a leer, la escribimos con la única intención de alertar a CONATEL de que ha sido engañada. El artículo 108 de la Ley de Telecomunicaciones expresamente establece que: "No se otorgará la concesión de uso del espectro radioeléctrico a quienes, a pesar de haber sido escogidos de conformidad con las modalidades establecidas en esta Ley, sin embargo, estén incursos en los supuestos siguientes: Cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones constate que se han suministrado datos falsos o inexactos por parte del seleccionado o adjudicatario...". y eso es lo que ha hecho Alejandro Ramírez Saavedra. Es sumamente grave que un individuo como este, que ha falseado la verdad presentándose como venezolano, cuando en verdad es colombiano, controle medios de comunicación en nuestro país, radiofónicos y televisivos. Tengo en mi poder copia certificada de toda la documentación que prueba que Alejandro Ramírez Saavedra es de nacionalidad colombiana y que porta una cédula venezolana que obtuvo de manera fraudulenta en San Felipe, estado Yaracuy, donde sobornó a funcionarios de la Diex, para que le asignaran una cédula venezolana sin hacer los trámites debidos para la nacionalización respectiva, pues él nació en Bogotá. Alejandro Ramírez Saavedra, es un sujeto que ha saqueado durante años el presupuesto de salud del Estado venezolano, vendiendo desde una curita, equipos médicos sofisticados y hasta ambulancias de mala calidad y repotenciadas, que cobra como nuevas. Según los documentos que evidentemente le compró a funcionarios corruptos de la Diex-Yaracuy, él nació en San Felipe el 22 de junio de 1963, pero Rosa Elvira Saavedra Delfina, la mujer que lo parió, sostiene en un documento público que, estando casada con el también colombiano Luís Francisco Ramírez, ingresó por primera vez a nuestro país en el año 1968 por los caminos verdes. ¿Entonces, cómo fue que aquí parió a Alejandro en 1.963? Al ingresar a Venezuela, la madre de este delincuente "contrató" matrimonio con el yaracuyano Alvis Rafael Tirado Castillo, para así hacer uso de lo establecido en el artículo 37, Ordinal 1º, de la Constitución Nacional del año 61; Es decir, obtener de manera fraudulenta la nacionalidad venezolana. Definitivamente Alejandro Ramírez Saavedra, el protagonista de esta historia, no nació en San Felipe, estado Yaracuy, como afirma sino en uno los barrios, que en Bogotá, es considerado zona de alta peligrosidad, como él. Todo esto lo volvemos a recordar, pues a este peligroso sujeto el Estado venezolano, en esta Quinta República, acaba de premiarlo nuevamente otorgándole una señal televisiva: Color TV. Que me diga alguien si en Colombia, o en cualquier otro país, permiten que un venezolano controle una estación radial, un periódico o una televisora… Esa es la explicación del porque esa campaña difamatoria en mi contra a través de la emisora Color 99.5 FM y ahora también por la televisora COLOR TV, la cual acaban de inaugurar con bombos y platillos…"