La (c)omisión de la verdad

Ligia Bolívar O.

La idea de crear una Comisión de la Verdad (CV) para Venezuela surge desde diferentes sectores (parlamentarios, ONGs, medios de comunicación) desde el mismo 15 de abril de 2002, tan pronto se produce la recuperación del gobierno¹ por parte del Presidente Hugo Chávez Frías. Desde el comienzo la idea es confusa, ambigua y, sobre todo, cargada de sentimientos revanchistas de parte y parte. A nuestro juicio, la propuesta se lanzó de manera irreflexiva; pretendiendo trasladar a Venezuela experiencias que se han producido en contextos muy diversos y diferentes; de allí las dificultades para su concreción en los meses siguientes y hasta el presente.

1. Evolución del debate legislativo

Ante el carácter acelerado e improvisado del debate parlamentario sobre la materia, el Foro por la Vida², preparó el texto "Documento de propuestas básicas del Foro por la Vida para la constitución de una Comisión de la Verdad", el cual fue presentado al Presidente de la Asamblea Nacional (AN) en la tercera semana de abril. El documento no fue circulado entre los parlamentarios. El 25 de abril la AN aprueba un acuerdo parlamentario por el cual se aprueba la creación de una CV. Dicho acuerdo fue aprobado por consenso (no sometido a votación), lo cual aseguraba una amplia aceptación parlamentaria sin un innecesario desgaste en debates que podían significar un retraso en su aprobación o el surgimiento de diferencias no sustantivas. A pesar de esta importante señal del Legislativo, el texto difería en mucho de puntos críticos señalados en el documento del Foro por la Vida, entre los cuales se encontraban:

Una vez aprobado el acuerdo de la AN, la Comisión de Enlace (CE), formada por tres diputados³, publicó un anuncio de prensa donde convocaba a las organizaciones no gubernamentales a presentar sus postulaciones en un lapso de tres días a partir de la fecha de la convocatoria (que no coincidía con la fecha de publicación de la misma); informalmente pudimos conocer que las postulaciones serían evaluadas según una serie de requisitos, tales como presentación del acta constitutiva y estatutos de la organización postulante, curriculum del postulado, etc., pero esos requisitos no fueron hechos públicos en la convocatoria, agravando la improvisación, soslayando las formalidades que debían acompañar a tal acto y añadiendo desinformación del proceso constitutivo de la CV, lo cual fue transmitido como preocupación por organizaciones del Foro por la Vida e instituciones académicas⁴ a la CE.

Estas observaciones no fueron tomadas en cuenta y el proceso de postulaciones continuó, sin que ninguna organización académica ni del Foro por la Vida presentara postulaciones⁵.

En vista de las diferencias planteadas entre ambas propuestas, y ante la poca receptividad de los miembros de la CE de la AN a los planteamientos del Foro por la Vida, en los días siguientes ni el sector académico ni las ONGs "de conocida trayectoria"⁶ presentaron postulaciones, lo cual, días más tarde, comenzó a despertar inquietud tanto en el sector oficialista como en la oposición en el seno de la AN. Tras varias reuniones con la CE y con representantes de las diferentes representaciones políticas ante el parlamento, se logró el consenso suficiente para abordar la constitución de la CV por la vía de una ley. El Foro por la Vida y los dos centros académicos presentaron un proyecto de ley que fue sometido a la consideración de la AN con el respaldo de varias firmas de parlamentarios, convirtiéndose entonces en el texto legislativo de base para la discusión sobre el tema.

El mensaje de las ONGs y centros académicos se centró en la necesidad de una ley, tomando como base el proyecto presentado, y en la importancia de que la misma fuera aprobada por consenso y no por la imposición de una mayoría mínima sobre una minoría significativa. La ley fue presentada por un grupo de parlamentarios de diversas tendencias políticas con rango de orgánica (es decir, superior a leyes ordinarias) y con carácter de urgencia parlamentaria, lo cual supondría -- en teoría -- la agilización del debate y su aprobación en breve plazo. Estos puntos fueron aprobados en la primera discusión, con base en el proyecto presentado por las ONGs y los centros académicos.

Cuando el proyecto pasó a segunda discusión, comenzaron los obstáculos, debido, en la mayoría de los casos, a contrapropuestas presentadas por diputados del sector oficial. Los cambios más significativos se producen en temas tan centrales como el de atribuciones y composición::

• Limitación en las atribuciones de la CV, en áreas como acceso irrestricto a informes y documentos oficiales, capacidad para interactuar con el Ministerio Público, entre otras.

• Flexibilización de los criterios para aceptar postulaciones de ONGs, con el riesgo de que se presenten postulantes que no llenen todos los requisitos exigidos.

A propósito de este último aspecto, cabe recordar que el texto inicial se refería a ONGs de conocida trayectoria; trayectoria que debía ser demostrada mediante cuatro requisitos, mientras que el nuevo texto se refería a la demostración de alguno de los cuatro requisitos, entre los que se cuenta la presentación de acta constitutiva, por lo que con tan solo este criterio una ONG podría presentar postulaciones, independientemente de que se tratase de una organización "fantasma", incapaz de demostrar experiencia, experticia y compromiso independiente con los derechos humanos.

Además, algunos sectores interpretaron como una manipulación del sector oficial la exclusión de la mención expresa a los centros académicos de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello⁷.

Por otra parte, cabe destacar que en la segunda discusión se logró incorporar aspectos importantes tales como: reafirmación de la independencia y autonomía funcional y presupuestaria de la CV; ampliación del período a investigar (hasta el 15-04); ampliación de los hechos a investigar (incluyendo otros hechos violatorios de derechos constitucionales cometidos por particulares), presentación del informe final ante el país (y no solo ante los miembros de la CE), sin posibilidad de modificaciones por parte de la AN; y establecimiento de un mecanismo de seguimiento mixto (parlamentarios y miembros de la CV) para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones. Pese a la aceptación de estos aspectos, la modificación de puntos fundamentales en materia de composición y atribuciones comenzó a perfilar la propuesta como poco viable, por tratarse de puntos que lesionan severamente la independencia de la CV. A partir de esas modificaciones el proyecto cayó en una suerte de letargo, del cual aún no ha salido.

El 3 de septiembre de 2002, el diputado de la oposición que formaba parte en la CE, junto con otro colega de su grupo político, anunciaron su retiro de la comisión especial legislativa que prepara la ley constitutiva de la CV, debido a lo que interpretaron como manipulaciones del sector oficial para obstaculizar el proceso y manipular la conformación de la CV.

Políticamente, el proceso de negociaciones con la AN, produjo importantes saldos en el campo de las ONGs y los centros académicos -- independientemente del resultado final -- ya que éstos en todo momento actuaron coordinadamente, sin ánimo protagónico, con una política de no confrontación y de bajo perfil frente a los medios y forzando a las partes en el Legislativo a sentarse a negociar y a trabajar por consenso. Todo ello, en el actual clima de polarización, resulta bastante inusual y debe ser rescatado como un saldo positivo para el movimiento de derechos humanos.

2. Condicionantes políticos

La pregunta que sigue latente a lo largo de todo este proceso es: ¿es realmente necesaria una CV en Venezuela? La opinión de la autora -- compartida por otros que han participado en el proceso de negociaciones ante la AN -- es negativa, por diversas razones.

El nombre, comparado con otras iniciativas de diversos países y circunstancias, le queda grande a la propuesta, por el breve período a investigar (5 días), por el carácter no masivo de las violaciones a investigar (20 asesinatos, un centenar de heridos y acciones particulares que afectaron la propiedad, el derecho a la información y la seguridad y libertad personales en casos puntuales) y por tratarse de una iniciativa que no se refiere a hechos pasados sino a circunstancias muy presentes, cuya investigación se ve seriamente condicionada y limitada por la capacidad de intervención de actores (de ambas partes) en la manipulación e interferencia de los hechos a investigar.

Todo parece indicar que la única razón que justificaría la creación de una comisión (independiente) es el descrédito de las instituciones del Estado en un clima de fuerte polarización⁸. Sin embargo, queda la duda sobre la posibilidad real de desarrollar una labor independiente en tal clima de polarización.

Resulta relevante la reflexión hecha por una persona postulada para integrar la CV cuya profesión es la medicina, quien decía en una reunión con ONGs que es imposible operar a un paciente con un cuadro clínico de fiebre alta, hipertensión e infección aguda; primero hay que controlar estos factores, pero se estaba forzando a la CV a llevar al paciente al quirófano en el marco de unas condiciones adversas que no garantizaban el éxito de la cirugía. Esta presión no ha desaparecido en los meses posteriores; el cuadro del paciente sigue siendo agudo y la intención de mejorar su condición antes de acudir al quirófano, siguen ausentes, incluso en los planteamientos que al respecto se han hecho en la mesa de negociación y acuerdos, desde fines de 2002.

Aún así, las ONGs y los centros académicos asumieron el reto, desde un enfoque más estructural, apostando a la posibilidad de identificar patrones, mas no necesariamente víctimas y victimarios; a apuntar a deficiencias estructurales más que a fallas individuales (sin excluirlas); a evitar que la verdad se convirtiera en venganza, como parece ser la agenda de sectores tanto oficialistas como de oposición; a realizar una labor pedagógica, más que un informe técnico; y a rescatar el valor de la verdad como base para la justicia y la reconciliación, en ese orden. No obstante, estas organizaciones entienden que en el actual clima de polarización, incluso estos modestos objetivos, se ven seriamente comprometidos.

3. Perspectivas y propuestas

Las ONGs y los centros académicos siguieron jugando un papel de búsqueda de consenso, rechazando la polémica pública, pero también evitando forzar la aprobación de la ley sin el necesario consenso político de todas las fuerzas que hacen vida en el Parlamento, y continuando su trabajo de documentación y análisis de los hechos de abril para producir, cada uno desde la especificidad de su mandato, informes independientes de cara al país, prescindiendo de la futura existencia o no de la CV.

A estas alturas del debate y de la situación política, y pese a los esfuerzos de negociación del Secretario General de la OEA, todo indica que la CV es más una carta a negociar que una necesidad genuinamente sentida por los sectores enfrentados desde la oposición y el gobierno. En consecuencia, la CV puede convertirse en una suerte de "ficha" que se quita o se añade, dependiendo de los intereses de los sectores enfrentados, pero no una expresión de necesidad de justicia de la población.

Si la impunidad se negocia, flaco favor se hace a la justicia. Lamentablemente, ese parece haber sido el camino escogido por nuestros "representantes", tanto en la AN como en la mesa de negociación y acuerdos. Entre tanto, se suman nuevos hechos de violaciones graves a los derechos humanos, por lo que cabe preguntarnos ¿por cuánto tiempo más seguirá la omisión de la verdad?

Ligia Bolívar es socióloga y directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB